Perder el Estado de México no era opción. A pesar de su imagen desgastada por los repetidos escándalos de corrupción del sexenio, y ante la perspectiva cada vez más nítida de una derrota electoral en 2018, el presidente Enrique Peña Nieto y sus cercanos no estaban dispuestos a dejar que el bastión histórico del PRI, región donde nació el Grupo Atlacomulco al que pertenecía Peña Nieto y su clan, cayera en manos de sus rivales políticos.
El PRI y el gobierno federal desplegaron todas sus herramientas para asegurar el triunfo del priista Alfredo Del Mazo Maza, primo del mandatario, hijo y nieto de exgobernadores de la entidad, y convirtió la campaña en una elección de Estado.
Previo a los comicios, Peña Nieto envió a integrantes de su gabinete casi a diario a la entidad con la encomienda de hacer proselitismo para su gobierno. En más de 90 visitas públicas a municipios mexiquenses, los secretarios encabezaron acciones de propaganda: distribuyeron tarjetas de prepago, costales de fertilizantes, uniformes escolares, viviendas sociales o títulos de propiedad, y externaron promesas de construir nuevos hospitales y escuelas, con un incremento de 12% a los gastos federales de infraestructura social para ese año, de acuerdo con un reportaje de Mathieu Tourliere publicado en Proceso.
Del Mazo, por su parte, entregaba en eventos multitudinarios las famosas tarjetas de “Salario Rosa” a mujeres de escasos recursos, con promesas de que se llenarían de dinero cuando se ganen las elecciones, mientras que las alcaldías priistas de 82 municipios colocaban pavimentación nueva, y el PRI movilizaba sus estructuras de compra de voto en las ciudades y las localidades campesinas.
El proceso electoral estuvo salpicado por acusaciones de compras de voto y acciones ilegales de campaña, las cuales no procedieron, bloqueadas por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), alineado con el PRI.
Ahora, se puede agregar un elemento adicional: el proceso estuvo vigilado de cerca por una agencia federal que parece ser el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), entonces dirigida por Eugenio Imaz Gispert, un incondicional de Miguel Ángel Osorio Chong, quien era secretario de Gobernación.
Desde un par de meses antes del arranque de las campañas y hasta pocos días después de la votación del 4 de junio, esa agencia seleccionó en su plataforma del spyware Pegasus los números telefónicos de Delfina Gómez Álvarez, Juan Zepeda Hernández y Josefina Vázquez Mota, respectivos candidatos de Morena, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN), y de sus círculos familiares y políticos.
Y no solo esto: la misma agencia también ingresó en varias ocasiones en su plataforma Pegasus un número de teléfono que usaba entonces el propio Del Mazo. El número fue confirmado por el equipo del gobernador, quien no quiso ofrecer un comentario al respecto.
Estos números aparecieron entre más de 50 mil datos telefónicos seleccionados por agencias gubernamentales clientes de NSO Group, que consultó Proceso en el marco del Pegasus Project, una investigación colaborativa que involucra a más de 80 periodistas de 17 medios repartidos en 10 países, coordinada por Forbidden Stories con el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional.
Pegasus es un programa desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que permite a una agencia de gobierno acceder a prácticamente toda la memoria del teléfono de un objetivo, incluyendo mensajes -SMS, WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería- y correos; también capta la geolocalización y vigilarla en cualquier momento, permite consultar el historial, escuchar las llamadas, y tomar el control del micrófono de la cámara cuando lo desee.
Resulta imposible afirmar que, en todos los casos, las selecciones derivaron en ataques, y que éstas instalaron Pegasus en los teléfonos de sus víctimas. Los más de 15 mil registros que corresponden a México fueron capturados entre 2016 y 2017, años en los cuales se necesitaba que el usuario diera clic en un vínculo malicioso, enviado en el contenido de un mensaje de texto o un correo electrónico, para concretar la instalación de Pegasus.
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En respuesta a un cuestionario enviado en el marco de esta investigación internacional, el senador Osorio Chong, quien como secretario de Gobernación era, por ende, responsable del Cisen, negó categórica y reiteradamente los hallazgos de esta investigación; afirmó que durante su gestión “nunca se autorizó ni se tuvo conocimiento sobre la existencia o el uso del software al que se refieren”; también afirmó que “nunca se ordenó ni se tuvo conocimiento del uso de Pegasus, contra nadie”.
Aunque todos los contendientes a la gubernatura del Estado de México fueron ingresados en la plataforma de Pegasus de la agencia federal, sorprende que el primer círculo de Del Mazo fuera blanco de espionaje del gobierno federal, pues aparte de ser primo del mandatario, familiar de su padrino político Arturo Montiel, fue alto funcionario -director de Banobras- en el mismo sexenio.
La sorpresa incluso permea entre el equipo de comunicación del ahora gobernador, cuando confirma que Del Mazo utilizaba el número que aparece entre los 15 mil registros telefónicos mexicanos.
De hecho, la agencia -que parece ser el Cisen- no solo ingresó el número de Del Mazo, sino de todo su Estado Mayor de campaña. En cuestión de semanas, ingresó los números de Adrián Del Mazo Maza, su hermano, de Enrique Jacob Rocha, su excoordinador de campaña -quien pasó a la jefatura de su Oficina-, y de Ernesto Nemer Álvarez, quien el 20 de marzo de 2017 sustituyó a Rocha en la coordinación de la campaña.
Nemer también había sido funcionario en la administración de Peña Nieto, del que era incondicional, pues era también integrante del Grupo Atlacomulco y había sido coordinador de su campaña al gobierno del Estado de México, en 2005; en la administración mexiquense, fungió como secretario de Desarrollo Social.
En los primeros años del sexenio, se incorporó a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Rosario Robles Berlanga, donde fue subsecretario de Desarrollo Social y Humano, cargo desde el cual reportaba a Peña Nieto sobre las operaciones de la dependencia y su titular; posteriormente, fue nombrado al frente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y es ahora secretario de Gobierno de Del Mazo. Su esposa, la priísta Carolina Monroy Del Mazo, prima del gobernador mexiquense.
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La agencia también ingresó el número de Erasto Martínez Rojas, vicecoordinador general de la campaña, así como varios cuadros del PRI, como Jorge Carlos Ramírez Marín, delegado especial de estrategia electoral del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, o el exgobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, delegado del CEN en el Estado de México.
En la lista aparecen Raymundo Balboa, ahora jefe de Oficina de Del Mazo y Elías Rescala Jiménez, subsecretario de Estado; así como los datos de Eruviel Ávila Villegas y José Manzur Quiroga, respectivos gobernador y secretario de Gobierno, quiénes fueron acusados por los rivales de Del Mazo de desviar recursos para la campaña y permitir la consumación de una operación electoral para el candidato priista.
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