En condiciones normales, las elecciones regionales y municipales en Venezuela no ocuparían titulares en las noticias internacionales. Sin embargo, puede que los comicios de este domingo sean unos de los más importantes de la historia reciente del país. No tanto por el resultado que puedan arrojar sino por el proceso en sí mismo, pues de él dependerá tanto el camino que tomará el país como la naturaleza de su relación con la llamada comunidad internacional.
Durante años, las potencias occidentales han supeditado la normalización de sus relaciones con el Gobierno venezolano a la realización de elecciones libres y justas. Ahora que la Unión Europea y Naciones Unidas han enviado sendas misiones de observación electoral a Caracas ¿Qué pasará si estas concluyen que el proceso ha sido transparente? ¿Tendrán los Estados Unidos y sus aliados la madurez suficiente para respetar y aceptar los resultados y sus consecuencias, incluso si son favorables al chavismo y a Maduro?
Estados Unidos y algunos de sus aliados occidentales han utilizado las acusaciones de fraude electoral como base de su política de sanciones unilaterales contra Venezuela durante los últimos años. La ironía de esto no pasa desapercibida para nadie, pues buena parte del partido republicano en Estados Unidos considera hasta hoy que la elección del presidente de su propio país, Joe Biden, fue producto de un proceso electoral amañado. Quienes están dispuestos a cantar fraude en Estados Unidos sólo porque el resultado de las urnas les ha sido adverso deberían al menos abstenerse de darle lecciones al mundo en materia de pulcritud electoral.
Por lo pronto, la noticia más destacable de este proceso electoral venezolano es que absolutamente todos los partidos políticos han decidido participar. Además de las ya mencionadas misiones enviadas por la UE y la ONU, fundaciones estadounidenses como el Centro Carter o agrupaciones partidistas latinoamericanas como COPPAL acompañarán el proceso. Tal avance ha sido posible gracias a la designación, a principios de año, de un Consejo Nacional Electoral (CNE) con representación del chavismo y de la oposición, fruto de un acuerdo logrado en el seno de la nueva Asamblea Nacional venezolana, la cual sin embargo los occidentales se han negado a reconocer.
Estas elecciones, junto a un proceso de diálogo que abarca desde la oposición política hasta el empresariado privado agremiado en Fedecamaras, marcan un punto de inflexión. Y en todo caso demuestran el rechazo generalizado de la sociedad venezolana a la política de sanciones unilaterales, confrontación y boicot con la que se ha abordado desde el exterior el tema venezolano.
Antes de que se haya emitido el primer voto, las elecciones ya están siendo criticadas por saboteadores de oficio que, desde Estados Unidos, han dejado claro que no aceptarán los resultados a menos que sean conformes a sus intereses. Se trata de los mismos que abogan por imponer más sanciones, intensificar el bloqueo económico, y a veces incluso sueñan con una intervención militar. Algunos de estos extremistas no han dudado en amenazar a la propia Unión Europea por atreverse a tomar el camino de la reconciliación y el compromiso.
El presidente Nicolás Maduro, por su parte, ha dado señales claras de querer pasar la página y superar sus diferencias con los países que han impulsado la política de “cambio de régimen” en Venezuela. La organización de unas elecciones universalmente aceptadas es parte esencial de este proceso y busca dar garantías de que no se trata de un compromiso retórico.
Más allá de la diatriba política, el derecho del pueblo venezolano a vivir una vida normal tiene que ser respetado. Venezuela jamás ha representado una amenaza para la seguridad ni la paz regional o mundial y, por el contrario, contribuiría grandemente al equilibrio y a la prosperidad en América Latina si tan solo se le permitiese normalizar su situación. El fracaso de la política actual es evidente, y este es claramente el momento de operar un cambio de rumbo.
Las sanciones unilaterales de Estados Unidos prohíben la financiación o refinanciación de cualquier entidad gubernamental venezolana, así como las exportaciones públicas de petróleo, recurso que ha representado históricamente la inmensa mayoría de los ingresos del Estado. Las sanciones no sólo han tenido un efecto devastador sobre la economía del país, sino que han hecho imposible la financiación de sectores fundamentales para el bienestar de los venezolanos como la salud o la educación. Por su parte, los excesos en el cumplimiento de dichas medidas por instituciones europeas, en teoría no sujetas a la legislación estadounidense, han agravado el aislamiento del país del sistema financiero mundial.
Por más que se les busque justificar con otros argumentos, las sanciones fueron impuestas con el objetivo de generar un colapso económico bajo el supuesto de que este provocaría un cambio de régimen. Una política diseñada por aprendices de brujo a expensas de los venezolanos, quienes hemos tenido que cargar con las consecuencias de su descabellada hipótesis de laboratorio.
Los efectos negativos de la coerción impuesta por estas medidas también se han visto significativamente agravados por la pandemia de Coronavirus. Hasta la fecha de hoy, a Venezuela no se le ha permitido recibir un centavo de la financiación de emergencia desplegada por el FMI, ni ha podido acceder de manera efectiva a los 5.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro que le corresponden, como parte de la emisión recientemente efectuada por el Fondo para aliviar la carga financiera de la pandemia sobre los Estados miembros. Mientras en los países desarrollados los niveles de deuda pública y de creación monetaria han alcanzado récords históricos, Venezuela ha tenido que encarar la pandemia sola, sin siquiera poder exportar normalmente sus materias primas.
Los venezolanos, principales afectados por esta situación absurda, clamamos por una vuelta a la normalidad de la cual las elecciones de este 21 de noviembre han de participar. Si la Comunidad Internacional quiere contribuir a que las elecciones se desarrollen de la mejor manera posible, debe por supuesto asumir el compromiso de aceptar sus resultados, independientemente de a quien favorezcan. Sólo así empezará a alinear su política con la voluntad soberana expresada democráticamente por los venezolanos.
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