Elefantes en la habitación

Bruselas no es un cajero, y si un país quiere recibir fondos debe cumplir ciertas reglas. Este argumento suele usarse para explicar la Unión Europea, con dos elefantes en la habitación: Hungría y Polonia. Los dos países llevan años a la deriva minando el Estado de derecho, y sin embargo siguen accediendo al presupuesto común. La buena noticia es que ese problema empieza a encarrilarse: el Tribunal de Justicia de la UE ha avalado que sin respeto a la democracia no habrá ayudas.

La condicionalidad se había pactado a finales de 2020, pero Budapest y Varsovia, que reivindican el estatus de democracias iliberales e incluso antiliberales, la habían recurrido para ganar tiempo. Sabían que la UE tenía instrumentos limitados para frenar las leyes homófobas y antiabortistas, la injerencia en el Poder Judicial, el tráfico de influencias, la compra de los medios de comunicación. Ahora los gobiernos de Viktor Orbán y el de Mateusz Morawiecki van a tener que rendir cuentas y, según la gravedad de lo que incumplan, se les irán congelando los fondos. A la oposición de esos países esto les permitirá hacer palanca, pero ¿qué hay de los ciudadanos húngaros y polacos?

Ese es un punto clave: la Comisión debería hilar fino para garantizar que la condicionalidad se aplica sin perjudicar, por ejemplo, a los agricultores y ganaderos polacos que reciben ayudas de la Política Agraria Común, o a los estudiantes húngaros que quieren marcharse de Erasmus. El reglamento dice que Bruselas va a velar por que los programas sí se ejecuten. Pero si, pongamos, Polonia tiene que seguir manteniendo las ayudas a sus agricultores y no se le dan fondos para ello, entramos en un bucle infinito. ¿Qué precauciones se van a tomar para presionar a los gobiernos sin restarle derechos a los ciudadanos?

Tanto Budapest como Varsovia están usando un argumentario muy duro ―Hungría, por cierto, celebra elecciones parlamentarias el 3 de abril― y amenazan con bloquear las instituciones. El propio Tribunal Constitucional polaco dictaminó hace cuatro meses que la ley polaca tenía prioridad sobre la de la UE. Ya se les paralizaron los fondos de recuperación de la pandemia y ahora ven que se les va a cerrar aún más el grifo. Y tienen cada vez más espacio para colocar sus mensajes: en Hungría los medios independientes los han ido comprando empresarios cercanos a Orbán. En Polonia, los medios públicos que se llaman “nacionales” directamente se han vuelto canales de propaganda.

Se abren dos frentes delicados para la Unión: por un lado, ganarse los corazones de polacos y húngaros. Por otro, presionar a los gobiernos no solo cuando amenacen los intereses de los contribuyentes europeos, sino también cuando arrasen con derechos que no se cuantifican en un excel. @anafuentesf