El pueblo de Boca Chica, en la punta más al sur de Texas (Estados Unidos), ha cambiado rápidamente en los últimos meses. En el exterior de unas 30 casas de esta pequeña localidad costera junto al golfo de México hay aparcadas inconfundibles caravanas Airstream. Sus cubiertas de aluminio pulido les dan una apariencia de cápsulas espaciales. La presencia de estos vehículos revela la nueva población de esta región cerca de la frontera con México: los ingenieros y trabajadores de la planta de SpaceX, la compañía de Elon Musk, que busca realizar la primera misión terrestre a Marte.
Las imágenes de la rápida transformación de Boca Chica son cada vez más escasas. La compañía de Musk ha adquirido varias hectáreas de tierra y se hace cargo de la vigilancia y la seguridad en la zona, donde proyecta crear una ciudad que llamará Starbase. Los curiosos y periodistas atraídos por el despliegue son invitados a abandonar la propiedad privada. El experimento de SpaceX, la compañía de Musk, en Texas se ha convertido en el referente más avanzado de una idea que se reproduce en otras partes de Estados Unidos. Empresarios multimillonarios vinculados a grandes tecnológicas o al entorno de Silicon Valley están desvelando sus planes para las ciudades del futuro: urbes privadas, regidas por normas propias.
Tim Cook, el consejero delegado de Apple, anunció a finales de abril una inversión de más de 400.000 millones de dólares (unos 327.000 millones de euros) para acelerar la recuperación económica. Más de 1.000 millones irán destinados a construir un campus en Carolina del Norte, al sureste del país, que creará 3.000 empleos del alta capacitación. La instalación se suma al segundo campamento que la compañía construye en Austin (Texas), que en 2022 estará listo para albergar a 5.000 empleados en un terreno de 53 hectáreas en una primera etapa. Después podrá ampliarse hasta las 15.000 personas.
Los analistas han advertido sobre la posibilidad de que los magnates de las tecnológicas se interesen ahora en la planificación urbana. “Francamente, muchos de estos proyectos no tienen interés alguno en la experiencia urbana. El principal interés es el gobierno, particularmente las variantes más libertarias del estilo de gobernar que buscan deshacerse de la mayor cantidad de regulación”, señala Greg Lindsay, director de investigación de New Cities, una organización enfocada al urbanismo, planificación y sostenibilidad.
Algunos empresarios tecnoutópicos y ultraliberales están financiando el desarrollo de estas ideas. Peter Thiel, uno de los cofundadores de PayPal y cuyos vínculos con movimientos antigobierno y con la ultraderecha han sido ampliamente documentados, invirtió hace un par de años nueve millones de dólares (7,3 millones de euros) en Pronomos Capital, un fondo de inversión que quiere construir ciudades “diseñadas como productos” que tengan “leyes e instituciones diferentes”. La filosofía de los integrantes de esta start-up (empresa emergente) de San Francisco es que las ciudades actuales son una causa perdida por su dificultad en mejorar la calidad de las instituciones de los Estados. “Usamos las lecciones de Silicon Valley para crear un nuevo modelo de desarrollo urbano donde las ciudades son productos”, explica la empresa. “Nuestros fundadores trabajan con países para crear nuevas comunidades que buscan mediante el buen gobierno emular el éxito económico de Dubai, Hong Kong, Shenzhen y Singapur”, continúa.
El economista Paul Romer fue quien trazó el camino de esta idea que hoy las fortunas tecnológicas intentan hacer realidad. Romer acuñó hace décadas el concepto de ciudades charter (ciudades fletadas). Estas serían localidades dentro de países que serían administradas por terceros, ya sean otras naciones o corporaciones. Romer, quien fue economista jefe del Banco Mundial y ganó en 2018 el Premio Nobel, es un escéptico de la utilidad del urbanismo como diseño de espacios de convivencia.
Estos proyectos han dado nueva vida al debate de para qué son las ciudades, una discusión que ha sumado nuevos argumentos tras la crisis del coronavirus y donde las virtudes —y desventajas— del trabajo remoto han quedado expuestas. “¿Deben las ciudades y sus autoridades proveer a los que llegan o servir a la población que ya tienen?”, reflexiona Lindsay, quien cree que las autoridades deben tener cautela con este tipo de desarrollos utópicos. “Muchos de estos proyectos quieren subvertir a los gobiernos locales. La meta es captar las ganancias de estar fuera de un modelo local, o hasta federal, mientras fuerzan a los vecinos a llevarse la peor parte, en forma de contaminación, criminalidad o desplazamiento de los locales”, añade el experto.
El proyecto de Musk y SpaceX en Texas tiene sus defensores, principalmente quienes se benefician con el turismo que acarrean los despegues, pero también encuentra mucha resistencia entre vecinos de la ciudad de Brownsville, quienes han alzado la voz ante el impacto ecológico y el incremento a las rentas.
El desarrollo de Boca Chica ha dado señales de lo que sucede cuando las grandes iniciativas no están acompañadas de un trabajo comunitario. Un youtuber local que entró en las instalaciones de la empresa para obtener mejores tomas para sus vídeos es hoy buscado por las autoridades como un peligroso fugitivo por traspasar una propiedad privada. La compañía enfrenta también una demanda millonaria después de que una camioneta de SpaceX chocara con un vehículo y ocasionara la muerte al padre de una familia.
Musk se hizo con las propiedades a golpe de talonario. Apple, en cambio, tiene una estrategia diferente para su llegada a Raleigh, en Carolina del Norte. La compañía ha prometido invertir 100 millones de dólares (82 millones de euros) en escuelas de la localidad y otros 110 millones en los 80 condados más pobres, dinero que se empleará en acceso a internet, caminos y puentes. Es la apuesta de las tecnológicas en las ciudades del futuro.
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