WASHINGTON – El presidente Donald Trump declaró emergencia nacional a lo largo de la frontera sur el viernes y vaticinó que su gobierno terminará defendiendo ante la Corte Suprema.
Probablemente sea lo único que Trump dijo el viernes en lo que prácticamente todos coincidieron.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) anunció su intención de demandar menos de una hora después de que la Casa Blanca publicara el texto de la declaración de Trump en la que afirma que “la actual situación en la frontera sur representa una crisis de seguridad y humanitaria que pone en riesgo intereses de seguridad nacional y constituye una emergencia nacional”.
La lucha legal que se avecina probablemente gire en torno a dos temas principales: ¿Puede el presidente declarar emergencia nacional para construir un muro fronterizo ante la negativa del Congreso a darle todo el dinero que quería? Y, según la ley federal que Trump invocó en la declaración, ¿puede el Departamento de Defensa tomar dinero de algunos proyectos militares aprobados en el Congreso para pagar por la construcción del muro?
Hasta ahora, el Pentágono no ha dicho qué proyectos podrían verse afectados.
Sin embargo, tras semanas de reflexión, la declaración de Trump de una emergencia ha puesto en marcha el proceso que la llevará a los tribunales.
Trump echó mano de la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, que el Congreso adoptó a fin de poner límites en el uso presidencial de las emergencias nacionales. La ley exige que el presidente notifique públicamente al Congreso de la emergencia nacional y haga un reporte cada seis meses. La ley también dice que el mandatario debe renovar la emergencia cada año con una simple notificación al Congreso. La Cámara de Representantes y el Senado también pueden revocar la declaración por mayoría de votos, aunque necesitarían dos terceras partes de los votos de ambas cámaras para anular un veto presidencial.
Pero más allá de eso, la ley no especifica qué constituye una emergencia nacional ni impone otros límites al presidente.
La amplia discreción concedida al presidente complicaría persuadir a las cortes de que Trump excedió su autoridad al declarar una emergencia fronteriza. “Es el único que tiene el derecho a decidirlo. No podemos cuestionarlo”, dijo John Eastman, profesor de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Chapman.
Con frecuencia, los tribunales se muestran reacios a analizar más allá de las justificaciones que el presidente incluye en su declaración, dijo el profesor de derecho de la Universidad Estatal de Ohio, Peter Shane.
Sin embargo, otros expertos legales dicen que los hechos están poderosamente acomodados contra el presidente. Incluyen estadísticas oficiales que muestran décadas de descenso en los cruces fronterizos ilegales, así como la negación de Trump para aprobar un acuerdo el año pasado que le habría dado más de los casi 1,400 millones de dólares que recibió para la seguridad fronteriza en el acuerdo que aprobó el jueves. Los opositores de la declaración sin duda también utilizarán las propias palabras de Trump en su conferencia de prensa en la Casa Blanca para argumentar que no hay emergencia en la frontera.
“Podría construir el muro en un período mucho más largo”, dijo Trump. “No necesitaba hacer esto, pero prefiero hacerlo mucho más rápidamente”, agregó el mandatario.
El director ejecutivo de la ACLU, Anthony Romero, dijo que los comentarios de Trump son un reconocimiento de que no hay emergencia nacional. “Simplemente estaba impaciente y frustrado con el Congreso”, dijo Romero en un comunicado que también indicaba que el grupo presentaría una demanda la próxima semana.
Trump dijo que preveía perder en las cortes de primera instancia, las cuales, dice, han sido injustas con él, en particular si las demandas son interpuestas en California. “Con suerte, tendremos una oportunidad y ganaremos en la Corte Suprema”, declaró.
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