El exoficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Emilio Zebadúa, sí aparece en los informes y dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el caso conocido como “La Estafa Maestra”, aseguró el abogado Epigmenio Mendieta, defensor de la extitular de las dependencias, Rosario Robles Berlanga.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, explicó que la investigación periodística dada a conocer por el portal Animal político no forma parte de los expedientes sobre Robles.
Detalló que el exauditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, y la exdirectora de Auditoría Forense, Muna Dora Buchahin, participarán en el proceso como testigos con una opinión técnica sobre los dictámenes que en su momento emitió la ASF, donde no aparece el nombre de Rosario Robles.
Aseguró que Emilio Zebadúa, quien sí aparece los documentos y fue citado para formularle imputación en la misma causa penal que Robles, no compareció. El abogado comentó que tiene información de que ha colaborado con la FGR, aunque no sabe si formalizó un criterio de oportunidad con la institución.
Mendieta dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) “sí le detectó recursos” a Zebadúa y sí fue señalado por la ASF, tanto él como algunos de sus colaboradores dentro de la Oficialía Mayor, ya que era el presidente del Comité de Adquisiciones de las dependencias.
“Ahí tenemos perfectamente claro y perfectamente delineado desde el punto de vista jurídico cuál es una línea de investigación a la cual no se no se le ha dado difusión o lo mejor no la han visto”, apuntó.
Carmen Aristegui: ¿No la ha visto quién, la Fiscalía?
Epigmenio Mendieta: Es la Fiscalía quien hace las investigaciones.
Sobre la liberación de Robles, el pasado viernes, señaló que se les citó a una audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, solicitada por Fiscalía General de la República (FGR) y que se debió a un escrito presentado por la defensa la semana anterior.
En el escrito, se explicó que estaba pendiente la resolución de un amparo sobre el caso y se expuso el deterioro de la salud de Robles, debido a las condiciones de encierro. “Eso trajo como consecuencia que la Fiscalía considerara válidos nuestros argumentos y solicitará la audiencia de revisión”, dijo.
El juez determinó que Robles, quien permaneció tres años en la prisión de Santa Martha Acatitla, podía seguir su proceso en libertad, con la prohibición de salir del país y presentarse cada 15 días en la FGR.
“Rosario tendrá que entregar todos sus documentos migratorios, pero además también será notificada de la alerta migratoria que existe por parte del Instituto Nacional de Migración”, comentó.
Sobre la licencia de manejo que presentó el Ministerio Público ante el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna y por la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, Mendieta señaló que existe una denuncia en la Fiscalía capitalina y la defensa está en espera de la fecha en que se judicialice la carpeta de investigación.
“Lo que es real y ya fue validado por un juez es que hay un reconocimiento de que ese documento no fue tramitado por Rosario Robles, no fue firmado por Rosario Robles, la huella que aparece no es atribuible a Rosario Robles; no podía estar en dos lugares al mismo tiempo para hacer ese trámite, y la parte más importante: la fotografía que aparece en ese documento fue tomada de una página de internet”, apuntó.
Carmen Aristegui: ¿Y ustedes presumen de alguien que haya sido responsable de presentar eso como argumentación para mantener a Robles en la cárcel?
Epigmenio Mendieta: Nosotros tenemos ya identificado al servidor público que hizo ese trámite, de tal manera que la Fiscalía ya citó a esta persona y le ha dado una fecha posterior para el efecto de que se presente a rendir su declaración.
Aseguró que el exfuncionario público deberá explicar cómo realizo el trámite y quién le dio la instrucción de que lo hiciera.
Mendieta aseguró que el punto de quiebre para lograr la liberación de Robles fue la visita que realizó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, al penal de Santa Martha en mayo de este año, donde casi 600 internas pidieron la revisión de sus medidas cautelares.
Tras analizar esos casos, el Poder Judicial consideró que 180 de éstos, entre los que se encontraba el de Robles, “podrían tener alguna característica desproporcionada, excesiva o en algunos casos arbitraria”.
La solicitud de amparo por la medida cautelar pasó al Décimo Cuarto Tribunal, donde se encontraba radicado desde el 2 de julio. “Nosotros teníamos conocimiento de que el amparo de Rosario sería resuelto este viernes, de tal manera que me parece que es toda esta serie de eventos, todos estos argumentos los que finalmente llevan a la decisión a la Fiscalía General de la República, de manera muy oportuna, de solicitar esta audiencia de revisión”, mencionó.
“La visita del ministro Zaldívar y hacer esta concentración de 150 casos, desde mi punto de vista es un reconocimiento explícito de que en la medida cautelar de prisión preventiva ha habido abuso e incluso uso arbitrario. No puede ser posible que tantas mujeres hoy y tantos hombres que ahora se pueden visibilizar a partir del asunto de Rosario, lleguemos a darnos cuenta de que están ahí detenidos hasta 17 años sin recibir sentencia”, enfatizó.
Dijo que la medida de prisión preventiva debe utilizarse para los fines de garantizar el debido proceso y “no para cobrar cuotas del pasado, no para escarmentar a nadie y no para utilizarla como brazo político con la finalidad de que aquel que sea disidente, remitido a la cárcel”.
Mendieta explicó que el delito de que se le acusa a Robles es ejercicio indebido de la función pública, en su modalidad de omisión, uno por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) y otro por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedatu).
“A ella no se le acusa de haberse quedado con el dinero, ni tampoco se le acusa por haber desviado o haberse beneficiado de éste; lo que se le atribuye es no haber supervisado o haber sido omisa en la supervisión de los distintos contratos que fueron firmados dentro del Comité de Adquisiciones, en términos de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Servicio Público de la Federación […] Desde el momento de la firma de estos convenios, ella tenía conocimiento y no supervisó que se podía causar una afectación al patrimonio de la Federación”, mencionó.
Carmen Aristegui: ¿De eso se le acusa?
Epigmenio Mendieta: Este es el tema, sí.
Carmen: ¿De no haber supervisado a sus subalternos?
Ve la entrevista completa:
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