Por Diana Manzo
Ante la violencia y desplazamiento que viven familias mixtecas de las comunidades de Guerrero Grande, Ndoyonuji y Mier y Terán del Municipio de San Esteban Atatlahuca, Oaxaca, que originó un grupo armado comandado presuntamente por autoridades locales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares y solicitó al Estado mexicano que proteja los Derechos de niñas, niños, mujeres y personas mayores con medidas adecuadas a su cultura indígena.
La violencia en la zona es ocasionada por la defensa del territorio contra la tala ilegal de madera en la montaña alta de la mixteca, la cual aseguran los afectados que encabezan sus autoridades locales y agrarias.
La CIDH relató en su comunicado que los ataques a la comunidad oaxaqueña comenzaron el 1 de octubre del 2021, y se intensificaron los días 21, 22 y 23 de octubre, los cuales además del desplazamiento de 300 familias, una centena de casas quemadas, y el asesinato de dos personas: Jacinto Hernández Quiroz e Isidoro Hernández, también hay cuatro personas desaparecidas: Marcos Quiroz Reaño, Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Mayolo Quiroz Barrios.
Tres días después de ese suceso, el 27 de octubre, la guardabosques y ambientalista Irma Galindo Barrios, desapareció en la Ciudad de México y hasta la fecha no aparece, a pesar de que la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a las autoridades mexicanas para localizarla.
Este organismo internacional solicitó al estado mexicano otorgar las medidas cautelares conforme a sus usos y costumbres y también garantizar la seguridad de las familias y la urgente localización de las cinco personas desaparecidas.
“Es un hecho histórico en Oaxaca esta notificación”, expresó Maurilio Santiago, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C., quien informó que el 23 de diciembre del 2021, el organismo internacional notificó al Estado mexicano la medida cautelar número 1050-21 para las familias de las comunidades indígenas de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji y otras personas mixtecas.
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El defensor, que ha brindado acompañamiento a las familias desde que ocurrieron los hechos, señaló que las autoridades de Oaxaca y federales lo supieron de forma inmediata, pero minimizaron la gravedad de los acontecimientos; hasta el momento no han brindado el apoyo humanitario que el Estado Mexicano está obligado a proporcionar en situaciones de desplazamiento forzado interno.
“Nosotros como organización pedimos que se cumpla este requerimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en el plazo de 20 días, y que sea el adecuado en la forma y términos estipulados principalmente de proteger los derechos de las niñas, niños, mujeres, y adultos mayores de las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji respetando su cultura indígena mixteca”, enfatizó.
Ante este conflicto interno, el pasado 9 de diciembre, el presidente municipal de Atatlahuca, Rogelio Bautista Barrios acompañado de la sindica municipal, Maribel Velasco denunciaron en conferencia de prensa la violencia política por razón de género que vive por parte del Frente Indígena de Resistencia de Juxtlahuaca.
Además, señalaron que hay otros 300 desplazados que están viviendo en la cabecera municipal, y a quienes el estado mexicano tampoco ha protegido, por lo que solicitaron ayuda.
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Hasta el momento, el único acercamiento que han tenido las partes son mesas de trabajo, pero no hay acuerdos y la violencia continua en la zona. Las personas siguen desplazadas y desaparecidas.
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