Empieza a debatirse el futuro de DACA en la Corte Suprema

WASHINGTON – El futuro de cerca de 700,000 jovenes indocumentados dependerá de la decisión que tome la Corte Suprema de Estados Unidos, que el 12 de noviembre comenzará escuchar el caso sobre la legalidad del programa DACA.

En junio, el máximo magistrado de EEUU anunció que revisaría la decisión de terminar con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). 

El amparo fue creado durante el mandato del presidente Barack Obama; protege de la deportación y otorga un permiso de trabajo a miles de inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran menores.

En septiembre de 2017 Trump puso fin al beneficio, que fue demandado casi de inmediato por el estado de California, el sistema de Universidades de California (UC) y seis dreamers afectados por la cancelación del programa, entre otros.

Un juez federal de California ordenó que se mantuviera y que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) continuara aceptando renovaciones.

A la decisión del juez de California le siguieron otros dos magistrados federales, lo que llevó al gobierno de Trump a pedir la intervención de la máxima instancia judicial casi al mismo tiempo que una corte federal de apelaciones respaldaba el bloqueo a la eliminación del programa. 

Se espera que la Corte Suprema emita su fallo sobre el caso en la primera mitad del 2020, y hasta entonces los jóvenes indocumentados que califiquen pueden ir renovando su amparo migratorio.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, dijo el jueves sentirse optimista de que ganarán este caso.

“Queremos probarle a la Corte Suprema que DACA no es solo crítico (urgente) sino que es legal”, dijo Becerra, que viajará a la capital estadounidense para participar de la presentación de argumentos. “Estamos muy optimistas de que la justicia estará de nuestro lado”.

En una conferencia de prensa en Sacramento junto a un grupo de inmigrantes protegidos por DACA, el fiscal subrayó que los argumentos legales demostrarán que el gobierno de Trump canceló de forma “ilegal” el beneficio migratorio en 2017.

“Esta defensa no es solo por los más de 700,000 dreamers y sus familias sino por toda la comunidad, y el estado de California, que se verá golpeado fuertemente por la cancelación de este programa”, insistió Becerra. 

California es el hogar de más de 200,000 jóvenes amparados por DACA, que quedarían sujetos a la deportación si se cancela el beneficio.

Becerra reiteró que California seguirá retando las políticas de Trump que no favorezcan a los inmigrantes, los trabajadores y el medio ambiente, entre otros.