En 2018, las 32 entidades destinaron 72% más en comunicación social: Imco

Puebla, Sinaloa y Veracruz gastaron más del doble presupuestado en 2018; las entidades presupuestaron en total un gasto de cuatro mil 665 millones de pesos.

Los 32 gobiernos de la entidades del país “derrocharon” 72 por ciento más dinero presupuestado en 2018 para la difusión de mensajes y campañas para informar a la población sobre el quehacer gubernamental, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Expuso que las entidades federativas presupuestaron en total un gasto en comunicación de cuatro mil 665 millones de pesos, pero al final del año ejercieron ocho mil 38 millones en complicidad de sus congresos locales.

La diferencia es equivalente a tres mil 372 millones de pesos, es decir, “dos veces el monto asignado a comedores comunitarios el mismo año”, de acuerdo con el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 2019.

Esto, pese de que los recursos de comunicación social “nunca” deberían ser usados para la promoción personal del funcionario en turno, refirió el Imco a cargo de Manuel Molano.

Indicó que si bien nueve estados gastaron al menos el doble de lo presupuestado para 2018, las entidades de Puebla, Sinaloa y Veracruz excedieron en mayor medida.

El gasto promedio fue de 64 pesos por habitante, pero Campeche, Coahuila, Tamaulipas y Sinaloa destinaron hasta 586, 232, 188 y 159 pesos, respectivamente.

Solo Coahuila destinó 773 millones de pesos en comunicación social, lo que significó una cantidad 10 veces superior a su gasto total en protección social.

Baja California ejerció un monto equivalente a 3.5 veces su gasto en salud y Zacatecas gastó 174 millones de pesos en publicidad oficial, es decir, 108 millones de pesos adicionales a lo destinado en salud (65 millones de pesos).

El estado de Oaxaca gastó lo equivalente a 95 por ciento de su gasto en turismo y el de Campeche (539 millones de pesos) fue siete veces mayor a lo que ejerció en protección ambiental (78 millones de pesos).

El Imco acentuó que el uso discrecional de recursos públicos ha permitido que los gobiernos locales otorguen “dádivas” a través de contratos de publicidad, pautas o espacios “informativos” por décadas.

“(Pero) la difusión de información favorable o conveniente para un funcionario público o algún político no debe ser una prioridad en el gasto público de las entidades federativas”.

Ante ello, el organismo urgió a las entidades a apegarse al monto planeado y presupuestado que facilite un ejercicio de los recursos eficaz y eficiente y no genere variaciones injustificadas. “Este gasto, en cualquiera de sus versiones, debe ser justificado, identificado (que se pueda rastrear) e identificable (que los anuncios de gobierno se puedan distinguir de manera explícita)”.

Añadió que la propaganda oficial debe limitarse a informar el quehacer gubernamental y garantizar diversidad, tanto en su contratación como en su contenido. (Ntx)




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