LA PAZ – El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Eduardo Del Castillo, confirmó este domingo que la niña embarazada de 11 años por las constantes violaciones de su abuelastro “interrumpió su embarazo” conforme “ha establecido la justicia”.
“Esta menor ayer ha interrumpido su embarazo conforme a la normativa legal vigente y lo que han dispuesto las autoridades judiciales de nuestro país”, informó Del Castillo.
Agregó que la niña ya fue dada de alta y “va a ser dispuesta” a la Defensoría de la Niñez de la localidad de Yapacaní en la oriental región de Santa Cruz.
El ministro alegó que las autoridades están cumpliendo las disposiciones de la Justicia boliviana que ha señalado que se debe precautelar la vida de la menor de edad. “Es algo que la Justicia boliviana ha determinado y nosotros debemos cumplir como autoridades”, indicó en una conferencia de prensa.
POLÉMICA POR EL CASO
Hace unas semanas se conoció el caso de la niña que fue violada en reiteradas ocasiones por el padre de su padrastro, quien estaba al cuidado de la menor en la región de Yapacaní en Santa Cruz, ya que sus padres viajaban constantemente por trabajo.
Inicialmente la menor quería someterse a un aborto, que en el país está permitido para víctimas de violaciones, pero luego de ser contactada por una organización religiosa desistió del procedimiento y se quedó en una casa de acogida de la Iglesia católica.
Del Castillo cuestionó que la Iglesia católica no se pronuncie sobre los violadores de niñas y adolescentes en el país y sostuvo que “la mayor cantidad de personas en rehabilitación son violadores de infantes”.
La ingeniosa RAborto permitirá a colectivas feministas apoyar a mujeres en estados donde se criminaliza la interrupción del embarazo.
REPIQUE DE CAMPANAS
Esta jornada la Iglesia católica en Santa Cruz realizó unas “campanadas en defensa de la vida” que repicaron en todas las arquidiócesis de esa ciudad para que “resuene en todas las consciencias las voces de los niños no nacidos”.
La Iglesia defiende las dos vidas, la de la madre y del bebé, por lo que le dieron un espacio en una casa de acogida.
La Defensoría del Pueblo interpuso un recurso judicial para resguardar los derechos de la menor, además solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para que el Estado “asuma medidas de protección y salvaguarda” de la niña, entre otras acciones.
La madre de la niña también acudió a la CIDH para pedir medidas cautelares para evitar la interrupción del embarazo de su hija.
La resolución del Tribunal Departamental de Justicia resolvió el jueves conceder en parte la tutela de la niña a la Defensoría del Pueblo y a su vez dispuso una valoración médica por lo que el Ministerio de Salud formó un equipo de 10 especialistas para que revisen a la menor.
Este sábado los abogados de la madre de la niña denunciaron en medios locales que la pequeña había sido sometida a un parto prematuro.
En Bolivia, el aborto es considerado un delito pero según las leyes tiene excepciones cuando de por medio hubo una agresión sexual, existe una malformación congénita o la vida de la madre está en peligro.
Este polémico caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que instó a Bolivia a proteger a las niñas de embarazos forzados.
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