El Centro Europeo de Responsabilidad Social y Derechos Humanos denunció conflictos de interés ante el Comité DESC de Naciones Unidas.
Angélica Pineda
Sacudida por la pandemia del COVID-19, Italia ahora enfrenta otro problema de índole diversa: explicar al Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) la forma en que el Estado buscará acabar con la falta de transparencia a la que se enfrentan los aspirantes a ejercer la abogacía como profesión.
Se trata de una trama de conflicto de interés en la que están involucrados abogados, jueces y magistrados, quienes obtienen millonarias ganancias en el proceso de aplicación de exámenes a los mencionados aspirantes.
Quienes culminan la licenciatura en derecho, tras 5 años de estudios universitarios, deben someterse a un periodo de 18 meses de “aprendizaje” en un despacho de abogados, en la mayoría de los casos sin recibir remuneración alguna pese a que deben dedicar todo el día a esa labor. Sólo así, el aprendiz puede acceder a las dos etapas de examinación para ser abogado: la 1ª consta de tres pruebas escritas en las que, de resultar aprobado, puede aplicar a la 2ª etapa, que es un examen oral.
Para poder realizar las tres pruebas escritas, los aspirantes deben adquirir obligatoriamente una serie de códigos legislativos comentados con la jurisprudencia más relevante, cuyo costo es muy elevado, y en muchas ocasiones tomar un curso especializado en escuelas privadas, con el ánimo de tener una mejor preparación.
Sin embargo, no son los conocimientos ni la preparación de los aprendices lo que determina que luego de 6 meses puedan recibir un resultado aprobatorio o no. En realidad, las evaluaciones están sujetas a un criterio de aleatoriedad que aplican las comisiones examinadoras, integradas por abogados, magistrados y docentes universitarios. Esto ha sido públicamente aceptado por el Ministro de Justicia de Italia, Alfonso Bonafede, quien en una reunión del Consejo Nacional Forense (órgano de gobierno de la abogacía italiana), señaló que:
“La habilitación estatal para ejercer como abogado en Italia no depende de las capacidades de quien pretenda serlo, sino de la casualidad a la que se someten las evaluaciones de los exámenes escritos”.
Y aunque resulte sorprendente, la justicia italiana ha legalizado esta práctica, pues el Consejo de Estado y la Corte Constitucional así lo dictaminaron en diferentes sentencias.
Los aspirantes nunca pueden saber razones de su reprobación
Aún peor resulta que los aspirantes abogados no pueden conocer las razones por las que reprobaron el examen, pues al trabajo de las comisiones examinadoras se le aplica el secreto de Estado, por lo que nunca conocerán la nota asignada por parte de cada uno de los miembros de la comisión examinadora, ni los criterios que aplicaron para darles una calificación total no aprobatoria.
Detrás de todas estas prácticas legales, pero no legítimas, subyace un millonario negocio en el que están involucrados jueces, magistrados y editores que elaboran y venden los códigos legislativos comentados (los cuales se actualizan cada año, y cada año los aspirantes al examen están obligados a adquirirlos), y son dueños de las escuelas privadas en las que se dan los cursos de preparación para los exámenes.
Asimismo, esos jueces y magistrados son los mismos que deben analizar y decidir eventuales recursos administrativos de los aspirantes abogados contra las decisiones de las comisiones examinadoras. Todo esto constituye un claro conflicto de interés, que les deja ganancias estimadas en más de 20 millones de euros al año por la venta de los códigos y los cursos en las escuelas privadas.
Por ello, resulta lógico que de los 30 mil aspirantes que aplican al examen cada año, sólo un 40% logra aprobar las pruebas escritas, de los cuales sólo 20% pasa el examen oral para obtener la cédula que le permitirá ejercer profesionalmente la abogacía en Italia.
El Comité DESC de la ONU pide explicaciones
Esta situación fue denunciada ante el Comité DESC de Naciones Unidas por el Centro Europeo de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (CERSDH), logrando que el organismo internacional pidiera al gobierno italiano amplias explicaciones al respecto. A la par, la denuncia presentada por esta organización no gubernamental ha permitido que también la Dirección General de Competencias de la Unión Europea esté analizando el conflicto de intereses en que incurren jueces y magistrados, en tanto que conlleva una grave violación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Mérida en 2003, además de lesionar el principio de no discriminación y el derecho al trabajo garantizados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Asimismo, el CERSDH alerta que “la falta de transparencia y el conflicto de intereses imperantes en Italia en la aplicación de los exámenes afecta a miles de profesionistas, algunos de los cuales tratan de obtener su título en otros países de la Unión Europea, lo que ha generado incluso graves casos de corrupción internacional”.
Después del llamado de la ONU, especialmente del Comité DESC, las instituciones del Estado Italiano no podrán eximirse de brindar explicaciones sobre este fenómeno y deberán pensar en cómo reformar el acceso a la profesión de abogado, que actualmente se identifica como una grave violación de derechos, con repercusiones en la vida de miles de personas quienes después de años de estudio e instrucción legal, no pueden acceder a un trabajo estable al que siempre aspiraron.