“En la ejecución de 8 personas participaron más de 140 elementos; queremos que FGR investigue”: CDHNL y familiares

Cassandra Treviño, testigo sobreviviente e hija de una de las víctimas del caso Nuevo Laredo, narró que 10 personas encapuchadas entraron a su domicilio para llevarse a su papá.

Luego de que el gobierno de Tamaulipas a través de la Fiscalía del estado, ordenó que se creara una Fiscalía Especial para investigar los hechos ocurridos en Nuevo Laredo el pasado 5 de septiembre, donde fallecieron ocho personas, Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, sentenció que ellos no confían en las autoridades estatales y piden que sea la FGR la que atraiga las investigaciones de los hechos. 

“No confiamos en esa autoridad porque desde el primer momento quiso engañar a la población, autoridades y medios de comunicación diciendo que el 5 de septiembre hubo un enfrentamiento, una persecución y como consecuencia, murieron ocho personas relacionadas con el crimen organizado, 5 hombres, 3 mujeres”, dijo en #AristeguiEnVivo. 

Reveló que el fiscal designado para el caso, Adelfo Gabriel González Pérez, es una persona que atendía asuntos electorales.

Después de que se diera a conocer lo ocurrido en el municipio tamaulipeco, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo salió a denunciar que no se había tratado de un enfrentamiento entre policías estatales e integrantes de la delincuencia organizada, sino de una ejecución extrajuidicial.

“A partir del testimonio de una testigo sobreviviente, hija de una de las víctimas, es que empezamos a documentar esta queja y encontramos un sinnúmero de irregularidades, no solamente en el montaje de los cuerpos y el vehículo, sino en el tipo de heridas que tenían las personas fallecidas, las horas previas al enfrentamiento que dijeron las autoridades y luego toda una campaña de amenazas, de difamación por parte del gobierno de Tamaulipas para criminalizarnos a todos”, expuso Ramos Vázquez. 

Indicó que lo que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo tiene documentado es que la mañana del 5 de septiembre el operativo de policía estatal y de operaciones de inteligencia salió de Tamaulipas y allanaron un primer domicilio en la calle Jesús Guajardo, de donde se llevaron a un hombre. Después, fueron a unos departamentos y sacaron a seis personas más. “Finalmente a los siete los trasladaron a Valles de Anáhuac y ahí simulan este enfrentamiento, esta persecución”.

Señaló que lo que ahora están exigiendo es que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso y se haga una investigación profunda a todos los elementos que participaron en esos hechos, ya que no solamente son los ocho policías que ya fueron cesados de manera temporal, sino más de 140 elementos.

“Estamos hablando de 20 vehículos de policía estatal, 10 vehículos de operaciones y de inteligencia, y cuando menos 10 vehículos militares. Eso nos da una cantidad enorme de las personas que participaron en estos hechos y que en una salida rápida, el gobierno de Tamaulipas quiere enfocar solamente a ocho personas”, denunció. 

Cassandra Treviño, testigo sobreviviente e hija de Severiano, una de las personas que murió, relató que la mañana de 5 de septiembre ella estaba dormida con su hija, mientras que su padre también estaba en su habitación cuando alrededor de 10 personas vestidas de negro y encapuchadas llegaron por la parte de su casa y tiraron la puerta.

Severiano trabajaba como repartidor de Coca-Cola en Nuevo Laredo. Su hija afirma que no tenía ninguna relación con el crimen organizado.

“Mi papá quiere venir hacia mí y lo regresan a puro golpe a la cocina y le decían que sacara las armas. Mi papá les decía que no sabía de qué estaban hablando, que él tenía cómo comprobar su trabajo, que le dieran permiso de mostrar sus papeles y ellos le decían que no les importaba. Le gritaban que no se hiciera pendejo”.

Cassandra refirió que su padre trabajaba en Coca-Cola como repartidor en tiendas y que no tenía relación alguna con grupos del crimen organizado. “Él era del trabajo de regreso a su casa o a casa de mi tía, pero nada más. Él no tenía amistades para que yo dijera ‘ay anda en la calle’”.

Por su parte, el padre Carlos Aurelio, sacerdote de la Iglesia Anglicana de México, consideró que “estamos nuevamente ante un escenario dantesco como sacado de una novela de Stephen King. Estamos frente a una realidad que supera cualquier tipo de ficción”.

Recordó que el 30 de agosto, él platicó con su sobrina Jennifer, quien le dijo que estaba embarazada, “se fue con el novio, ella me marcó, ya estaba muy angustiada, en su voz se le notaba el miedo, que no era lo que pensaba, que si le hacía favor de mandarle un dinerito para regresar y yo le deposité el miércoles 4 de septiembre”.

La sacaron de un lugar donde ella pernoctaba y de ahí la trasladaron a otro domicilio y no me queda duda que la obligaron a ponerse un uniforme de algún cártel para hacer este montaje. Yo conozco a mi gente. Ella vivió en casa de mi madre tres años, era una buena niña, del coro de la iglesia; iba a cumplir 21 años”.

Entre lágrimas expresó: “no la perdimos, nos la arrebataron, nos la arrancaron. No sé quién ni nos interesa saber porque sé que esta es la punta de un iceberg muy profundo y no me interesa saber quién fue, pero como hombre de fe, los perdono”.

Raymundo Ramos Vázquez acusó que los primeros 10 días de investigaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas han sido muy lentos, ya que solamente han entrevistado a las familias y todavía no entrevistan a los más de 120 elementos que intervinieron. Además, mostró su preocupación por una posible alteración en la investigación, ya que desde un principio se autorizó la incineración de las ocho víctimas “cuando por protocolo no deben de incinerarse en una muerte violenta”.

También tienen la intranquilidad por el tema de las armas pues, dice, “no tenemos ninguna manera de asegurarnos que esas armas que se utilizaron ahí, vayan a ser las mismas que se presenten en la investigación”; y porque los informes de las necropsias no han revelado toda la información, es decir, que las personas asesinadas fueron torturadas previamente.

Acta de defunción que prueba que Severiano, padre de Cassandra, fue ejecutado.

Ve la entrevista completa:




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