Por Marcos Vizcarra y Efraín Tzuc
Proyecto A dónde van los desaparecidos*
El balance preliminar del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), al finalizar su visita oficial a México, no fue positivo para el país.
“Las desapariciones no son únicamente un fenómeno del pasado. Por el contrario, aún persisten”, señaló.
Aunque, en voz de la presidenta del grupo, Carmen Villa Quintana, el Comité reconoció los avances y la voluntad del gobierno actual para enfrentar las desapariciones, ningún proceso o mecanismo tendrá éxito sin voluntad política, la participación efectiva de las víctimas, recursos suficientes y personal capacitado, competente y comprometido.
En el mensaje final, quedó en el aire la petición que durante la visita hicieron las familias de las víctimas que, en algunos eventos, portaron camisetas solicitando la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, para que el caso de México sea llevado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque las desapariciones son generalizadas o sistemáticas.
Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
“Sería muy prematuro que, al momento en que estamos cerrando nuestra visita al país, cuatro de las 10 personas que integramos el Comité, aún sin haber adoptado el informe derivado de la visita… tengamos una respuesta sobre el ejercicio de cualquier otra atribución prevista en la Convención”, dijo Villa Quintana.
Conferencia de prensa de los representantes de la CED. Foto: Xavier Martínez/ Obturador MX
Estado rebasado por las desapariciones
Villa Quintana externó la preocupación del Comité por el incremento de las desapariciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Además, reconoció que las masacres de San Fernando, Cadereyta y Camargo —esta última ocurrida a inicios de este año—, son una muestra de la vulnerabilidad que enfrentan las personas migrantes en su paso por México y que están vinculadas al contexto de desapariciones que imperan en el país.
“Hemos recibido información de personas que iniciaron su ruta migratoria y terminaron en fosas clandestinas, otras se encuentran ilegalmente privadas de su libertad sin comunicación con el mundo exterior, lo que las convertiría en personas desaparecidas”, mencionó Villa Quintana.
La experta también advirtió que los avances forenses –como la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense– se ven opacados por la enorme cifra de cuerpos sin identificar, ya que son más de rebasan los 52 mil cuerpos sin nombre.
“El trato indigno y la falta de un acompañamiento adecuado a los familiares en los procesos de identificación y entrega solo agravan esta situación”.
Además, el Comité lamentó que las desapariciones en gran parte del territorio sean generalizadas, y agregó que impera la impunidad y la revictimización.
Impunidad que persiste
El Comité también mostró inquietud por la revictimización que sufren las familias buscadoras y los riesgos a los que se enfrentan para dar con el paradero de sus seres queridos.
“Es necesario también romper el ciclo de la revictimización. Desaparecen personas, pero también desaparecen cuerpos localizados y hasta expedientes. Con todo ello desaparece la esperanza de justicia, el grito de desesperación de las víctimas es desgarrador y requiere de una intervención inmediata”, expresó Villa Quintana.
Para el Comité contra las Desapariciones Forzadas, entre las causas que perpetúan la impunidad detrás de las desaparición, las y los expertos identificaron una “comprensión desvirtuada de la autonomía de las fiscalías”, la responsabilización hacia las víctimas de investigar y aportar pruebas, la falta de asistencia jurídica a las familias y la inaplicación de mecanismos que ya existen en la ley, como el amparo buscador. Esta situación se ha agravado debido a obstáculos geográficos y de carácter discriminatorio, sobre todo para grupos vulnerables de la población, como personas con discapacidad, de comunidades indígenas, migrantes y personas LGBT+.
Los expertos y expertas también externaron su preocupación sobre los riesgos que enfrentan las víctimas, sus defensores e, incluso algunos servidores públicos, ante los limitados mecanismos de protección.
“Desafortunadamente, esta situación ha sido evidenciada con el asesinato de varias personas buscadoras y la desaparición de una”.
Además, en la revisión de casos, se encontró que hay estereotipos y estigmatización sobre las víctimas de desaparición, utilizados frecuentemente como excusa para justificar la deficiente acción estatal.
El resultado, resumió Villa Quintana, es que las familias de buscadores —principalmente mujeres— son víctimas de indiferencia y no hay avances en la búsqueda de sus seres queridos, lo que genera una desconfianza en las autoridades que se refrenda por la ínfima cifra de acusaciones formuladas, órdenes de aprehensión ejecutadas y sentencias emitidas en casos de desaparición forzadas y por el efecto alentador que para los perpetradores tiene la impunidad.
Marcha para pedir justicia por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: Mayolo López Gutiérrez/ Obturador MX
El Estado como perpetrador
Sin entrar en detalle, el Comité expuso que recibió información de autoridades y víctimas sobre territorios en los que conviven y operan simultáneamente agentes estatales con el crimen organizado y en los que se han identificado patrones en la comisión de desapariciones forzadas.
También supieron de la intervención de las fuerzas del Estado para perpetrar las desapariciones, la omisión de investigar y dar justicia a las víctimas, así como la amenaza constante contra quienes buscan. Además, notaron que la falta de coordinación entre comisiones de búsqueda locales y federales dificulta la búsqueda en vida de las personas desaparecidas o el levantamiento de cuerpos en lugares o hallazgos, entre otras diligencias.
Villa Quintana advirtió que la política de seguridad no solo ha sido insuficiente, sino que es inadecuada para enfrentar la crisis de desaparición.
“Se trata de una impunidad estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas. Como una víctima nos expresó: ‘De fe y esperanza vive el ser humano, pero habiendo injusticia, su alma nunca descansa’. Superar la impunidad exige una estrategia integral del Estado para abordar sus múltiples causas”, expuso la presidenta del CED, tras recordar que distintos mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos —incluido el propio Comité en su informe de 2015— han exhibido que en el país la impunidad es absoluta.
Integrantes de la CED, en conferencia de prensa, dieron a conocer conclusiones a las que llegaron tras su visita a México. Foto: Xavier Martínez/ Obturador MX
Informe en puerta
Desde el 15 de noviembre y hasta este viernes 26 de noviembre, con el fin de evaluar las acciones realizadas por las autoridades mexicanas para enfrentar la crisis de desapariciones que hoy se contabiliza en más de 95 mil, más de un centenar desaparecieron durante su visita, cuatro de los 10 integrantes del Comité CED –Juan Pablo Albán Alencastro, Juan José López Ortega, Horacio Ravenna y Carmen Rosa Villa– sostuvieron 48 reuniones con más de 80 autoridades y 33 reuniones con cientos de víctimas y decenas de colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de casi todas las entidades del país. Además de presenciar exhumaciones en Coahuila, Estado de México y Coahuila, y visitar el Centro Regional de Identificación Humana en este último estado.
Aunque este grupo de la ONU ya había emitido unas primeras recomendaciones para México en 2015 –que fueron revisadas tres años después—, durante esta visita los expertos y expertas constataron que varias de éstas no habían sido implementadas y urgieron a las autoridades mexicanas a echarlas a andar a la brevedad.
El informe de esta visita será discutido y aprobado en el Pleno del Comité durante el 22º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, entre el 8 de marzo y el 8 de abril de 2022.
En dicho documento se emitirán nuevas recomendaciones al Gobierno mexicano para dar una solución a la crisis de las desapariciones en México, explicó la presidente del órgano de expertos y expertas.
Marcos Vizcarra (@marcosvizcarra), reportero sinaloense especializado en cobertura de derechos humanos e integrante del proyecto A dónde van los desaparecidos, escribe en Revista Espejo y en el diario Reforma. Efraín Tzuc (@efra_tzuc) es asistente de investigación en Quinto Elemento Lab. Periodistas del proyecto A dónde van los desaparecidos.
Texto de libre difusión. Proyecto www.adondevanlosdesaparecidos.org, sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, citando a la persona autora y al portal A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
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