Arturo Zaldívar, de 61 años, encarna la cúspide del Poder Judicial mexicano. Profesor de Derecho Constitucional y abogado de carrera, entró en 2009 como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde con sentencias progresistas (matrimonio igualitario, uso lúdico de la marihuana, doble jornada laboral, acoso escolar…) jalonó una carrera que en 2019, ya bajo mandato de Andrés Manuel López Obrador, le llevó a la presidencia del máximo tribunal. Poco dado a las ventoleras públicas, Zaldívar se ha visto recientemente en el ojo del huracán por una polémica maniobra legislativa para ampliarle el mandato de cuatro a seis años. La reforma, dirigida desde el Palacio Nacional, ha dado alas a quienes le critican por su proximidad con el presidente. Frente a estos ataques, Zaldívar defiende su autonomía y la de la Suprema Corte, aunque no oculta su admiración por López Obrador. “Había una gran parte de la población mexicana que nunca se había sentido escuchada ni identificada con un líder social o con un actor político. Y esa es la gran fuerza que tiene el presidente, que es antes que nada un gran líder, un gran líder social”, dice.
La entrevista con EL PAÍS se celebra en su despacho de la Suprema Corte. Una sala de maderas nobles y libros milimétricamente apilados. Sentado detrás de su escritorio, responde con voz pausada. A veces, fija la mirada en su interlocutor.
Pregunta. ¿Se sienten seguros los jueces en México?
Respuesta. Las juezas y jueces que ven temas de delincuencia organizada están pasando momentos difíciles. Tengo que expresar mi admiración hacia aquellos que se juegan su integridad y su vida todos los días con estos asuntos. Hemos tratado de brindarles toda la seguridad que nos es posible y hemos contado con la colaboración del Ejecutivo federal. Son tiempos aciagos, pero ojalá que las medidas que se están tomando sean suficientes y no volvamos a tener un trágico incidente como el homicidio de un juez y su familia, además, de manera muy cruel.
P. El juez Uriel Villegas y su esposa, en junio de 2020. Usted lo calificó de crimen de Estado. Los autores intelectuales siguen libres. ¿Está haciendo bien su trabajo la policía?
R. La Fiscalía está haciendo un trabajo muy responsable. Algunas personas han estado detenidas y le tengo mucha confianza al fiscal general de la República. No nos toca a nosotros participar ni inmiscuirnos en la investigación porque, eventualmente, si hay procesados, pues van a ser juzgados por el Poder Judicial federal. Sí recibo informaciones periódicas de la Fiscalía, pero por razones obvias no puedo ni debo revelar nada.
P. ¿No cree que se está generando una sensación de impunidad y que eso puede mermar la confianza de los jueces?
R. Es un tema extraordinariamente complejo que se ha venido deteriorando por decisiones que se tomaron hace ya algunos años. Combatir la delincuencia es responsabilidad no solo de las fiscalías y del Ejecutivo federal, sino también de los Ejecutivos de los Estados. A nosotros no nos toca el combate a la delincuencia, nos toca procesar a los presuntos delincuentes que sean presentados y revisar que a quienes se detienen se les respeten sus derechos. Eso también es importante. No podemos volver a una época donde el método de detención y de procesamiento violaba derechos humanos, torturando, fabricando delitos.
P. ¿Y le preocupa el regreso a un clima de inseguridad parecido al que hubo en la última etapa del presidente Felipe Calderón?
R. No quisiera adelantar juicios. El Gobierno federal tiene su estrategia, habrá que esperar resultados.
P. ¿Está a favor de la liberalización del consumo de la marihuana?
R. Sería muy delicado que yo opinara desde el lugar donde estoy. Obviamente, tengo una opinión, pero no me parecería prudente expresarla.
P. Acaban de dictar una sentencia que permite el uso recreativo de esa droga…
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R. Es muy relevante porque invalida la prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana. Evitar que miles de jóvenes estén en prisión solamente por poseer marihuana ayudaría muchísimo al país… Porque esos chicos llegan sin más delito que haber fumado marihuana, pasan [en la cárcel] por condiciones terribles y, después, cuando salen, pues se integran al crimen organizado. Si logramos con esto reintegrar a la sociedad a esos jóvenes y que no se siga persiguiendo el autoconsumo, será un gran avance. Pero hace falta que el Congreso retome sus discusiones y legisle. Ojalá encuentren un acuerdo. Son justamente estos asuntos los que logran los cambios sociales. Los tribunales constitucionales, cuando asumen un compromiso serio con los derechos, son parte de la transformación social.
P. ¿Cuáles son los mayores problemas a los que se enfrenta la justicia de México?
R. Hay que distinguir entre la justicia federal y la local. Está muy dispareja una de otra. La justicia local presenta problemas muy serios y haría falta una enorme reforma nacional. Hay poca independencia en muchos tribunales; las prestaciones y los salarios no son los adecuados, las garantías judiciales son insuficientes… Pero eso no me toca a mí. En el Poder Judicial federal uno de los temas más complicados es llegar, en un país como el nuestro, a la gente más pobre y desprotegida. En México, y esto pasa en la mayoría de los países, la justicia es elitista. Por eso hemos dado un impulso muy grande a la Defensoría Pública. Queremos llegar a todos los rincones de México para que estos abogados y abogadas del pueblo puedan ser el instrumento por el cual la gente más desvalida logre una defensa de calidad.
P. Y la lucha contra la corrupción, ¿cómo va?
R. El Poder Judicial federal mexicano tenía un problema de corrupción importante y grave, aunque no generalizado, y fui el primer ministro en decirlo. Era como el elefante en la sala, nadie lo mencionaba y se negaba. Además, había un fenómeno de nepotismo, que no se veía mal y que causaba conflictos de intereses. Frente a todo ello, establecí una política de cero tolerancia, que generó resistencias en algunos sectores del Poder Judicial, pero que ha sido bastante eficaz. Hemos sancionado ejemplarmente y revisamos de forma permanente la evolución patrimonial de jueces y magistrados. Cuando se ha visto que hay voluntad de combatir la corrupción, esta automáticamente ha disminuido. Cosas que antes algunos funcionarios hacían, ya no se atreven a hacerlas.
P. ¿Qué corrupción es la más común?
R. Hay de muchos tipos. Había, por ejemplo, redes de abogados, algunos muy afamados, que pagaban para tratar de inclinar los asuntos. Esta era la forma más común en casos económicos o penales importantes. Lo primero que hicimos fue tratar de romper esas redes, esos contubernios entre abogados y funcionarios. Esto también explica parte de los ataques que ha recibido mi administración. Hemos tocado intereses duros, no solo adentro, sino de despachos muy importantes. Mientras no tengamos un Poder Judicial federal absolutamente limpio, pues difícilmente podemos hablar de un Estado de Derecho, de una justicia real en México.
P. Usted ha sido el centro de la polémica por el famoso artículo transitorio de la reforma judicial, que amplía su mandato de cuatro a seis años. Se le ha criticado por su silencio inicial. ¿Por qué tardó tanto en pronunciarse?
R. Primero, porque un juez, en relación con una ley, no puede pronunciarse fuera de un proceso. Y este transitorio es una ley del Congreso. Pero una vez que entró en vigor hice uso de una atribución que otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial para que mis compañeros y yo podamos analizar en Pleno si este artículo afecta a la autonomía del Poder Judicial y, en su caso, inaplicarlo. Quienes me han criticado, y además duramente, por este transitorio, no han sido justos. Yo no lo aprobé y no he podido pronunciarme sobre él, porque estaría incurriendo en una conducta indebida, máxime para el presidente del Poder Judicial federal.
P. El transitorio fue introducido a última hora y por un partido satélite sin debate previo. ¿Se sintió cómodo con ese proceder? ¿Le parece que era la forma correcta de hacer una reforma de ese calado y que además le afectaba a usted?
R. No, por supuesto, no me sentí cómodo. Sin embargo, también entiendo que se hizo con la intención de consolidar la transformación del Poder Judicial federal. De tal suerte, que creo honestamente, y lo digo convencido, que en esto yo soy lo que menos importa. Lo que importa es que está vigente la reforma judicial, la más importante en 25 años. Hay cauces constitucionales para resolver el transitorio y espero que en agosto esto ya no sea sino una anécdota y podamos volvernos a ocuparnos de lo importante.
P. ¿En agosto será la votación?
R. Espero que en agosto la Corte resuelva este tema.
R. ¿Qué va a votar usted?
R. Lo diré en la sesión del Pleno.
P. ¿Será pública?
R. Será pública.
P. ¿Y el debate?
R. Estimo y espero que sí, pero lo tenemos que analizar, porque, en principio, estas sesiones son privadas. Pero el Pleno puede tomar la decisión de que sean públicas.
P. ¿De verdad, usted no sabía nada de esa reforma que iba a venir?
R. Yo me enteré ese día en la mañana.
P. Entenderá que mucha gente lo dude. Le beneficia y resulta raro que no le hayan consultado.
R. Bueno, me beneficia entre comillas. El que ha pagado más costo político por esto he sido yo.
P. ¿Cuál es su relación con el presidente?
R. Cordial, respetuosa, diría que hasta afectuosa. Hemos construido una relación que nos ha permitido consolidar nuestra independencia. El presidente ha sido siempre absolutamente respetuoso de las decisiones del Poder Judicial. En las reuniones jamás me ha sugerido nada que tenga que ver con asuntos jurisdiccionales. A veces, en México carecemos de memoria. Todos los presidentes de la Corte y los ministros y ministras se han reunido de manera frecuente con los mandatarios anteriores. Es algo normal. Somos poderes del Estado, no estamos enfrentados. No somos parte de la lucha política, no somos partidos de oposición ni somos Gobierno. Somos el poder equilibrador, controlador. Y que haya una buena comunicación con el Ejecutivo, con el Legislativo y con los partidos de oposición me parece sano y constructivo. Lo único que sucede es que ahora somos transparentes y lo decimos, porque no tiene absolutamente nada de malo. Antes no se sabía, pero era una realidad que todos los presidentes de la Corte se reunían, incluso con mucha más frecuencia que yo con López Obrador.
P. ¿Y cómo se siente cuando el presidente arremete contra la decisión de un juez, como ha ocurrido con Gómez Fierro tras suspender la reforma eléctrica? ¿No le parece que esos pronunciamientos públicos por parte del Ejecutivo suponen una intromisión en el Poder Judicial?
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R. Yo he tomado la decisión de no entrar en un debate sobre lo que los actores políticos dicen. Simplemente me remito a las decisiones del Poder Judicial. Y este actúa con libertad e independencia. ¿Ha cambiado en algo el actuar de los jueces? No. Entonces no hay problema. La independencia del Poder Judicial no estriba en lo que se pueda decir fuera del Poder Judicial, sino en la actitud que las juezas y jueces federales tengamos con los asuntos que están a nuestra disposición. Poca independencia habría si dependiéramos de lo que se dice o se piensa. Aquí hay que ser muy claro. No es solamente que desde el poder institucionalizado pueda haber tensiones, las hay también de los poderes fácticos, económicos, mediáticos. Se pone el foco en lo que dice el presidente, pero no se presta ninguna atención a lo que presionan los medios y otros partidos políticos. ¿Acaso el Poder Judicial es independiente solo si falla en contra del Gobierno? Y si falla a favor, ¿entonces, ya no es independiente? Ese es un falso debate. Lo que hay que ver son los argumentos, las sentencias y los razonamientos que fundamentan la decisión de las y los jueces. Ahí radica la independencia. En un país polarizado como el que tenemos, muy tensionado, el Poder Judicial sigue realizando su trabajo. En ninguna administración del Poder Judicial federal ni en ningún sexenio se han dictado más resoluciones en contra de un Gobierno. No lo hay. Entonces, es hasta…, pues… iba a usar un calificativo que no voy a usar… pero es que es peculiar, por decirlo suavemente, que se critique que no hay división de poderes y que no hay independencia judicial en los dos años y medio en que más sentencias se han dictado en contra de un Gobierno. Es un contrasentido. Nunca había habido una división de poderes en México como ahora.
P. ¿Cómo se define ideológicamente?
R. Más que como me defina yo, a mí me definen mis sentencias. Ahí están todos los proyectos que he presentado a lo largo de 11 años de ministro, todos los votos que he emitido, todas las sentencias que se han aprobado. Siempre han sido garantistas, progresistas, liberales. He sido y soy un ministro profundamente liberal, progresista y garantista. Y no es que lo diga yo. Ahí están mis sentencias.
P. ¿Y qué le parece la 4-T?
R. Me parece que era necesaria la posibilidad de un cambio. Es un hecho que la clase política no estaba respondiendo a las necesidades del pueblo de México. Y la gente votó por un cambio de una forma mayoritaria importante. Así es la democracia. Es lo único que puedo decir. No me toca a mí, fuera de un proceso, juzgar acciones concretas, pero sí creo que, de alguna forma, la llegada a la presidencia de la República de López Obrador dio un cauce de salida pacífica a una inconformidad social que se venía acumulando por décadas. Había una gran parte de la población mexicana que nunca se había sentido escuchada ni identificada con un líder social o con un actor político. Y esa es la gran fuerza que tiene el presidente, que es, antes que nada, un gran líder, un gran líder social.
P. La consulta convocada para el 1 de agosto, que abre la puerta a revisar la acción de los expresidentes, es polémica por cuestiones de inteligibilidad y alcance. ¿No cree que la pregunta es muy ambigua y que no cierra bien el alcance?
R. La pregunta es ambigua y general; conscientemente se hizo de esa manera.
P. ¿Por qué?
R. Porque una consulta de este tipo no es una apelación a procesos judiciales, sino a una especie de comisión de la verdad, a instrumentos no jurisdiccionales que pudieran generar una salida a conflictos y a sucesos dolorosos para el país. No se podía acotar una pregunta de otro tipo, porque entonces sí hubiéramos tenido un problema de constitucionalidad. Los procesos judiciales no se consultan, pero sí se puede consultar a la gente si quiere o no que se lleven a cabo procedimientos de investigación o de sanación nacional. De justicia transicional.
P. Y si ganase el no, ¿las puertas quedarían abiertas para que la justicia pudiese, si hubiera evidencias, abrir un proceso judicial?
R. Es clarísimo. Esto no afecta en lo más mínimo las facultades de las fiscalías para proceder contra quien ellos consideren que hay elementos para proceder.
P. Y como jurista, ¿qué le parecen esos instrumentos?
R. Depende de la visión que tenga uno del Derecho. Cuando en un país se generan procesos de descomposición como los que hemos tenido, en algunos casos muy dolorosos, creo que este tipo de instrumentos no procesales pueden servir. Las comisiones de la verdad, por ejemplo, en ciertos casos pueden ser útiles. También hay un derecho a la verdad, no todo es castigar a alguien con una pena de prisión y no todo es la responsabilidad penal. También hay responsabilidades políticas y éticas. Y a eso atiende sobre todo la pregunta de la consulta.
P ¿Cómo está la situación de la paridad de la Suprema Corte?
R. En la Corte tenemos tres mujeres de 11. Es el número más alto en la historia, pero hemos avanzado mucho en juzgados y tribunales colegiados. Celebramos los primeros concursos exclusivos para mujeres, para juezas de distritos, para magistradas de circuito y en mi administración todos los concursos son paritarios. La paridad de género es un tema de justicia, de derechos humanos y un beneficio para la sociedad. Escuchar a las mujeres y tener la sensibilidad y la mentalidad de las mujeres en todos los puestos de decisión es muy importante. El acoso sexual era también una práctica muy extendida culturalmente en el Poder Judicial federal y hemos destituido a varios magistrados y jueces.
P. ¿Y para cuándo habrá paridad en la Suprema Corte?
R. Si las tres próximas vacantes fueran ministras, ya habría seis mujeres de once. Esperemos. A ver qué se decide.
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