Aracely del Rocío Hernández Castillo, jueza Sexto de Distrito de San Luis Potosí, acudió este viernes a la primaria “Ponciano Arriaga” de la comunidad Presa de los Dolores, Santa María del Río, para comunicar la resolución a través de la que se concede la suspensión definitiva de salvaguardar el derecho a una educación digna para las niñas y niños de esta institución.
De acuerdo con un comunicado que hicieron llegar a Aristegui Noticias, en junio de 2022, la asociación de derechos humanos “Perteneces” promovió un amparo en beneficio de la comunidad educativa, solicitando la reconstrucción del plantel y priorizando el interés superior de la niñez en la deliberación judicial.
La resolución del Juzgado Sexto de Distrito de San Luis Potosí instó a las autoridades educativas a destinar recursos para rehabilitar la escuela, que presentaba deficiencias las cuales impedían el pleno ejercicio del derecho a una educación digna.
Por lo que en el amparo se solicitó: rehabilitar los baños, construir una nueva fosa séptica, instalar juegos, concluir la barda perimetral, construir rampas para personas con discapacidad, reparar los salones, instalar internet, ventiladores y computadoras.
La petición, realizada por las madres de tres niñas y un niño, se fundamentó en el derecho a una educación digna, consagrado en la Constitución, la Convención sobre Derechos del Niño y la Observación General No. 12 del Comité de Derechos del Niño.
La resolución se entregó a las niñas y niños en un formato de lectura fácil, conforme a las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este enfoque, que protege la identidad de los menores, utiliza un lenguaje sencillo, con términos de fácil comprensión, y se complementa con imágenes que facilitan la explicación.
Siguiendo un enfoque de diálogo horizontal, el proceso jurídico-pedagógico de “Perteneces” promovió la participación activa de la comunidad estudiantil, madres y autoridades. A través de dinámicas, actividades y talleres, se fomentó que las niñas y niños expresaran sus necesidades y se concientizaran sobre su dignidad y derechos.
Este diálogo transformador culminó en el reconocimiento de la comunidad como Guardianes de la Dignidad, un compromiso compartido por los niños, niñas, madres y autoridades educativas para seguir impulsando el respeto de los derechos humanos en el ámbito educativo.
El evento incluyó diversas actividades realizadas por la jueza y “Perteneces” para sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre la importancia de hacer valer sus derechos. Este logro conjunto demuestra que el derecho a una educación digna no solo implica condiciones físicas adecuadas en la escuela, sino que es esencial un compromiso de toda la sociedad, finaliza el comunicado.
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