Una investigación de la Fiscalía de Barcelona por la muerte de aves en torres de media tensión ha obligado a Endesa y al Gobierno catalán a ponerse las pilas. Después de una década de inacción, la Generalitat abrió el año pasado 141 expedientes sancionadores a compañías eléctricas [más del 90% a Endesa], por incumplir un decreto estatal que obliga a adecuar las instalaciones para evitar la electrocución de aves, que afecta especialmente a águilas imperiales y reales, buitres negros, halcones y búhos reales. Endesa, a su vez, ha adecuado 350 tendidos en 2020 por los 89 que adecuó en 2019, según datos de la Generalitat.
En 2018, el fiscal Antoni Pelegrín abrió un camino inédito en España: perseguir por la vía penal la muerte de aves por electrocuciones. Según un informe del Ministerio de Medio Ambiente, cada año fallecen 33.000; entre ellas especies protegidas como los quebrantahuesos. La plataforma SOS Tendidos, que agrupa a nueve entidades y pide soluciones, eleva los decesos a 200.000. Hasta ahora, algunos accidentes se habían resuelto en vía administrativa, con el pago de una multa.
Pelegrín indaga si las compañías vulneran un decreto de 2008 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que fijaba medidas protectoras e instaba a las comunidades a elaborar una lista con los tendidos problemáticos en parajes protegidos. El fiscal solicitó información. La Dirección General de Políticas Ambientales de la Generalitat le remitió un mapa (de 2014) que localizaba 1.089 tendidos susceptibles de ser renovados. El 95% pertenecían a Endesa.
La manera de eliminar los riesgos, según los expertos, es construir tendidos “soterrados”, lo que conlleva costes más elevados e impacto en el hábitat por la excavación del terreno. Otra alternativa son conductores de electricidad aislados, cables de tensión a diferentes alturas y fundas aislantes. Las electrocuciones se producen cuando las aves utilizan los postes como posadero o lugar para nidificar. Las especies más grandes corren un mayor peligro, ya que hacen contacto con más facilidad. Un simple roce a veces supone una muerte fulminante.
Los ecologistas ven un delito contra la fauna
Los ecologistas creen que desastres ambientales como el de 2018 en Sant Quirze de Besora (Osona), cuando 51 cigüeñas murieron electrocutadas en un tendido eléctrico, podrían ser constitutivos de un delito contra la fauna y flora. Según datos oficiales del Ministerio, en la Península apenas quedan 500 parejas de águila imperial. Un estudio de la Universitat de Barcelona calcula que un 61% de las águilas perdiceras muertas en Cataluña entre 1990 y 2014 perecieron por electrocución.
Al preguntar por las sanciones contra las eléctricas, el fiscal topó con la nada. En más de una década, la Generalitat no abrió un solo procedimiento. El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, llamó al orden a las comunidades y advirtió de consecuencias: “Empezaremos a exigir responsabilidades”, dijo. Y envió un duro oficio a los territorios en el que criticaba que “con demasiada frecuencia” las propuestas que realizan los agentes medioambientales para que las muertes se remitan a los juzgados o la Fiscalía son bloqueados por las propias Administraciones.
El panorama cambió por completo el año pasado. Con la investigación del fiscal ya avanzada, la Generalitat incoó 141 expedientes en Cataluña: Girona (58), Lleida (38), Tarragona (23), Barcelona (15), Terres de l’Ebre (6) y Cataluña central (1), según explican fuentes del Departamento de Territorio a EL PAÍS.
El pasado septiembre, la Generalitat creó una comisión de trabajo con Endesa para “priorizar los soportes a renovar”, explica el director general de Flora y Fauna, Ricard Casanova. “También estamos en contacto permanente con la Fiscalía para facilitarles información”, añade Casanova, que admite que no hubo sanciones hasta 2020. Otras fuentes de la conselleria confirman que tanto el Govern como la compañía no empezaron a tomarse “en serio” la problemática hasta que la Fiscalía empezó a investigar. En 2019, Endesa había adecuado 89 del millar de los tendidos que incumplían el decreto, según el Govern. Casanova explica que esto obedece al hecho de que el Gobierno no había adjudicado subvenciones. La eléctrica también defiende que no pudo adaptarlos hasta que no recibió las ayudas.
Zonas ZEPA
Casanova, los ecologistas y la eléctrica coinciden en señalar que la norma fijaba que la modernización de líneas debía acometerse con dinero público. “La normativa debe actualizarse”, opina José Antonio Montero, portavoz de SOS Tendidos. El Ministerio de Transición Ecológica está modificando el decreto y el pasado septiembre inició la consulta pública previa a su aprobación. Entre las modificaciones, la plataforma quiere que sean las propias compañías quienes siempre asuman el coste de la adecuación.
Fuentes judiciales explican, no obstante, que el decreto afectaba solo a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), pero que las líneas con problemas en otras áreas deben sufragarse con fondos privados. Además, aunque se exige una reparación inmediata cuando hay una electrocución, en ocasiones la compañía no la acomete. En 2017, señalan estas fuentes, un decreto exigió a las compañías hacer primero las inversiones para, después, reclamar las subvenciones.
“No fue hasta 2019 cuando el Gobierno empezó a adjudicar ayudas”, explica Casanova: fue una partida de 15 millones en toda España, de los cuales 325.000 euros fueron a Cataluña. Endesa recibió 283.000 con los que adaptó los 89 tendidos. “Una cifra insuficiente”, cree el director de Fauna, quien explica que en los dos últimos años la compañía ha adelantado el dinero para adecuar 350 más.
Endesa pone en valor que la compañía firmara en septiembre un convenio con la Generalitat para adecuar todos los tendidos de las zonas protegidas (1080). Y defiende que lleva “muchos años” adecuando en torno a 600 soportes al año. “El convenio con la Generalitat lo que ha hecho ha sido poner un orden para priorizar los problemáticos”, explica Marga Díaz, responsable de Medio Ambiente de Endesa en Cataluña.
Díaz cree que los expedientes contra la compañía se deben a que la investigación de la Fiscalía ha presionado a la Generalitat para tomarse más en serio la problemática. Y recuerda que ya en 1999 la eléctrica firmó un convenio con la Diputación de Barcelona parecido. “Llevamos 22 años adaptando tendidos”, defiende. También que en 2019, la compañía implementó un plan para invertir dos millones de euros anuales. “Nos adelantamos. Empezamos a ejecutar un plan con nuestro dinero un año antes de firmar el convenio con la Generalitat”, dice Díaz.
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