Las tres formaciones que parten en cabeza para las elecciones catalanas del domingo —ERC, Junts y el PSC— se han puesto de perfil en el debate sobre la fiscalidad. Este silencio contrasta con el hecho de que Cataluña es una de las autonomías con mayor presión impositiva y con que los republicanos hayan pedido al Gobierno central “armonizar” determinados tributos, en especial para compensar la competencia de la Comunidad de Madrid. Ciudadanos sí ha sacado a relucir el tema, igual que lo hizo este miércoles el candidato del PP, Alejandro Fernández, quien volvió a utilizar la fórmula “infierno fiscal” para describir la situación.
La Generalitat es la administración autonómica que grava más el impuesto de la renta a quienes cobran hasta 30.000 euros y está en los puestos de cabeza de los tipos impositivos de Patrimonio y de Sucesiones. Además, Cataluña es la comunidad que más tributos propios tiene, hasta 18, según el último informe del Consejo General de Economistas. Pese a que los impuestos autonómicos representan menos de un 3% de la recaudación total, sí impactan sobre determinadas actividades. Y eso sucede en una administración que debería seducir a las empresas que trasladaron sus domicilios sociales en otoño de 2017, tras el 1-O, para que volvieran a Cataluña.
“En el caso de Cataluña hay diferencias sustanciales con otras comunidades en Patrimonio y Sucesiones. Y hay otras diferencias en el IRPF. El problema es que un solo impuesto puede provocar transferencias de contribuyentes de una comunidad a otra y entonces esa comunidad pierden lo que pagan en otras figuras tributarias”, explica sobre los efectos de una excesiva carga fiscal José Félix Sanz, director de Estudios Tributarios de Funcas.
El temor a un exceso de ruido para votantes más marcados por el eje izquierda-derecha que el soberanista puede estar detrás de que Junts haya olvidado un tuit que hizo su número tres, Joan Canadell, en el que apostaba por eliminar los impuestos de Sucesiones y Patrimonio. En el programa electoral de su partido no hay mención alguna. Se limita a hablar de buscar “un sistema impositivo justo”, algo que podría figurar en el programa de cualquier otro partido, del PP o la CUP. La falta de concreción llevó el martes a la líder de En Comú Podem, Jéssica Albiach, a preguntarle a Laura Borràs, candidata de Junts, de dónde pretendía sacar los 5.000 millones de euros extra con los que proponía dotar a la sanidad. Las cuentas de la comunidad flaquean y sobreviven de transferencias y créditos procedentes de la Administración del Estado.
Por su parte, ERC apenas apuesta por tocar los impuestos de la renta y de Patrimonio para incentivar la captación de talento extranjero. Paradójicamente el partido liderado por Oriol Junqueras, que ha rechazado sentarse en la mesa de debate sobre la revisión del sistema de financiación, ha buscado auxilio en el Gobierno central para la armonización de determinados impuestos (como el de Sucesiones) para reducir las diferencias con la Comunidad de Madrid, a la que han acusado, como desde otras comunidades, de hacer dumping fiscal y beneficiarse de una ventajosa situación como capital estatal. El PSC sí promete en su programa revertir las rebajas practicadas por CiU en el impuesto de Sucesiones y recuperar la carga fiscal que tenía en 2010. La última subida pactada el año pasado, forzada por los comunes para sacar adelante los Presupuestos, se quedó a medio camino.
El reto tributario se mezcla con la decadencia económica
El debate sobre la fiscalidad en Cataluña se entremezcla con la paulatina pérdida de liderazgo económico de la comunidad, que tuvo especial impacto en 2018, cuando por primera vez la Comunidad de Madrid le superó por producto interior bruto. En un acto de campaña, el eurodiputado Luis Garicano, se basó en ese sorpasso para definir los gobiernos que han gestionado la administración catalana en los últimos años: “Catalunya tenía una proporción de PIB mayor que Madrid y ahora está por detrás, también en inversiones extranjeras. Está por detrás en todo, simplemente porque la gobiernan quienes no tienen ningún interés en gobernarla bien”.
En el mismo acto, la presidenta de la formación, Inés Arrimadas, abogó por llevar a Cataluña la misma política fiscal de supresión del impuesto de Sucesiones que el PP lleva a cabo a la práctica en Madrid. “No es una promesa que pueda hacer todo el mundo”, dijo. En todo caso la líder del PDeCAT, Àngels Chacón, reiteraba, como hiciera el martes en TV3, su voluntad de poner fin a ese impuesto en Cataluña, pese a que hay cierto consenso académico de que se trata de un tributo redistributivo. “Penaliza los ahorros de toda una vida para que las grandes fortunas porque las grandes fortunas tienen fórmulas societarias para eludirlo”, defendió Àngels Chacón.
Frente al silencio, Ciudadanos no ha dudado en defender el modelo practicado por el PP en Madrid, mientras que el PDeCAT apostó en el debate de TV3 del martes por “suprimir” Sucesiones. No hubo respuesta en el plató de la televisión autonómica. Este miércoles, el popular Alejandro Fernández dijo que la presión fiscal explica en parte la marcha de empresas fuera de Cataluña y propuso rebajar en tres puntos el tramo autonómico del IRPF.
El término “infierno fiscal” se sitúa, según el director del Instituto de Economía de Barcelona, José María Durán Cabré, en un discurso “de parte”, de la misma forma que hay quien habla de Madrid como un “paraíso fiscal” por las bonificaciones que realiza. El economista admite que la Generalitat ha subido los tipos en muchos impuestos y ha creado otros tributos propios —”a veces con fines extrafiscales, como es el caso del tributo para bebidas azucaradas”, dice—, pero señala que ha sido seguido en esto por otras comunidades. “La gran diferencia es con Madrid”, resume.
“Cataluña ha hecho propuestas que apuntan hacia una mayor progresividad fiscal. Que Madrid haga dumping fiscal, con bajos impuestos o bonificaciones, hace difícil establecer un debate y acuerdos hacia una reforma fiscal justa para todos. Cataluña podría marcar un cierto camino junto a otras comunidades”, señala, menos crítico, Xavier Casanovas, de la Plataforma por una Fiscalidad Justa, en la que participan de distintas entidades del ámbito social.
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