Muchos españoles y los que por profesión hemos estado vinculados con el tema del Sáhara, nos enteramos con sorpresa por los informativos del cambio o evolución de la posición del Gobierno sobre el Sáhara Occidental, ocupado ilegalmente por Marruecos desde 1976, pero del que España sigue siendo jurídicamente la potencia administradora.
El texto fue filtrado unilateralmente por Marruecos y sin aparente consulta aquí y fuera; subraya que la autonomía de 2007 es la base más seria, realista y creíble para la solución del contencioso. La nueva posición, muy pragmática, pretende normalizar las relaciones, sin unas contrapartidas reconocidas por Marruecos, aunque se señala que se pretende una nueva relación con nuestro vecino basada en la transparencia, la cooperación, la abstención de acciones unilaterales, el respeto a la integridad territorial de ambos países y la adecuada gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y el Atlántico.
La carta, arduamente trabajada, plantea tres incógnitas importantes para ambos países. La primera, si es posible confiar que Marruecos cumplirá dichas premisas sabiendo sus reivindicaciones históricas. La segunda, si podrá garantizar una autonomía creíble basada en principios democráticos y el reconocimiento de la identidad saharaui. Y la tercera, cómo se integrará a esa población de cerca de 200.000 personas de la diáspora y a los residentes en Tinduf.
Inicialmente parece obvio que Marruecos nunca aceptará, dificultades censales aparte, un referéndum libre y democrático, ya que es otro de los dogmas de su Corona y sus esfuerzos para transformar ese territorio en una provincia vigilada son visibles. Asimismo, el Frente Polisario, dada la diferencia de medios militares, nunca podría ganar la guerra, ni Argelia se arriesgaría a enfrentarse a Marruecos defendiéndole. Muchos cuestionan que un núcleo de población tan limitada y dispersa pueda aspirar a conformar un Estado viable. Pero esa comunidad saharaui, que malvive, necesita un futuro digno. En conclusión, el conflicto no tiene hoy día salida a la vista y la mediación de la ONU ha sido hasta ahora incapaz de encauzar el proceso.
Además, la opinión pública española y el estamento militar nunca han escondido sus simpatías por la causa saharaui y son innumerables los alcaldes, ONG y familias que vienen desde hace décadas ofreciendo ayuda humanitaria al pueblo saharaui, otorgando becas, acogimiento y organizando campamentos educativos. Los partidos también han reaccionado negativamente, aunque sea contradictorio, a como lo hicieron con la acogida humanitaria a Brahim Ghali. Argelia, para colmo, protector y valedor internacional desde los años 70 del pueblo saharaui, visto hasta ahora como socio fiable, tiene en su mano el vital suministro de gas y parte del control del flujo migratorio. Para Argelia es una pieza del reto hegemónico en la región, pero también un contencioso incómodo.
En resumen, un rompecabezas que puede estallar en varios frentes. Ante tamaño desafío existe la posibilidad de que nuestra diplomacia se movilice a fondo junto a otros países europeos, EE UU y la ONU, para promover un nuevo proceso que trate de convencer a ambas partes, y a Argelia, que una autonomía auténtica es posible, propuesta que ya fue sondeada discretamente de manera oficiosa por canales diplomáticos desde 1987, con resultados negativos.
Las desconfianzas fraguadas en varias décadas condicionan a primera vista cualquier acercamiento. Pero si bien el Frente Polisario estaría lejos de poder sentarse en una mesa con Marruecos, correspondería a este país colocar en la agenda una propuesta que efectivamente sea “seria, realista y creíble” y lanzar algunos mensajes atractivos hacia esas poblaciones saharauis desplazadas. Un consorcio de países potentes (modelo Contadora) podría supervisar el proceso por un periodo de tiempo, para garantizar unas fórmulas aceptables y sólidas de inserción de la comunidad saharaui. Puede ser un ejercicio innovador de diplomacia que piensa en términos estratégicos pero tomando en cuenta las nuevas orientaciones de la Agenda 2030.
Una solución así liberaría a la región de una tensión grave a las puertas de Europa, quitaría a Argelia el peso de una causa de dudoso futuro y daría al pueblo saharaui y a sus jóvenes una expectativa de vida razonable. Otro valor añadido sería el restablecimiento de la relación entre Marruecos y Argelia, y traería estabilidad al Norte de África, que para España y Europa es vital de cara a establecer una nueva política de cooperación renovada en el Magreb, en la lucha antiterrorista y el control migratorio taponando incluso el frágil Sahel. En resumen, una llave importante la tiene Marruecos que debería dar un paso y ofrecer alguna fórmula generosa acorde con las resoluciones de la ONU. Las demás partes deben también moverse.
¿Tendrán las partes implicadas la visión histórica y la voluntad de someterse a un proceso de estas características? España como administradora debería jugar fuerte. El reto es difícil aunque no imposible.
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