El nuevo marco que regulará las pensiones está a la vuelta de la esquina. El acuerdo para la reforma de las pensiones es “inminente”, según aseguran las partes implicadas en la negociación, hasta tal punto, que será en la reunión que tendrá lugar el próximo lunes, 28 de junio, a partir de las once de la mañana, cuando se cierre el texto que regulará un nuevo marco regulatorio que cuente con el beneplácito de los agentes sociales, condición necesaria para su ejecución.
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El Ministerio de Seguridad Social, con José Luis Escrivá al frente, las patronales (CEOE y Cepyme) y los sindicatos (UGT y CC OO) llevan meses negociando, y aunque hace semanas que aseguran que los aspectos más importantes de la reforma ya estaban cerrados, seguían faltando “algunos flecos” por resolver. Serán estos últimos aspectos los que previsiblemente se solventen en el encuentro del lunes, según han confirmado fuentes del diálogo social a EL PAÍS.
Los “flecos”, señalan, tienen una enorme carga técnica ―de ahí la tardanza en su evaluación―, pero orbitan alrededor de los acuerdos de peso alcanzados sobre las materias fundamentales que componen esta primera parte de la reforma de las pensiones. La segunda, y más complicada, quedará para más adelante ―para el 2022― y en ella se abordarán los aspectos relacionados con el cómputo de años para calcular las pensiones, la subida de las bases máximas de cotización y los cambios relativos a las pensiones máximas.
Estas son las claves que se manejan en la negociación, que concentran el espíritu de la reforma que el Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo ante Bruselas en un tiempo cercano.
Derogar el factor de sostenibilidad
La reformulación del nuevo marco regulador tenía para los sindicatos un pilar básico: la derogación del factor de sostenibilidad. Este ajuste, introducido en 2013, y cuyo objeto es ajustar el cómputo de las pensiones en relación con la esperanza de vida, era la fórmula designada para mantener la viabilidad del sistema de pensiones en España y el equilibrio financiero. Iba a haber entrado en vigor en 2019, pero fue suspendido “a una fecha no posterior al 1 de enero de 2023”.
Según el pacto alcanzado estos días entre Gobierno y sindicatos, y una vez vencidas las reticencias del ministro Escrivá, la derogación del factor de sostenibilidad no solo ha sido acordada, sino que se llevará a cabo de forma inmediata una vez se apruebe la reforma, sin necesidad de que para ese momento se haya dado con otra solución correctora. Desde los sindicatos celebran que su sustitución por un nuevo factor de equidad intergeneracional vaya a producirse una vez entre en vigor la nueva ley, por lo que a partir del lunes se abrirá un plazo de seis meses para negociarlo y establecer un nuevo filtro.
“La derogación del factor de sostenibilidad de Mariano Rajoy, un índice pensado para reducir las pensiones del futuro, implicaría conseguir una vuelta al año 2011″, y, a partir de ahí “sentar las bases de un nuevo acuerdo”, señaló Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en su intervención en las jornadas sobre economía dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, informa Íñigo de Barrón. “Queremos definir un esquema que no solo valga para las generaciones actuales, sino también para las futuras”, añadió el mandatario de UGT.
Revalorización de las pensiones
El Gobierno plantea instaurar un sistema que permita la revalorización de las pensiones. Es decir, emplear un método que evite que los pensionistas vean cómo mengua su poder adquisitivo con el paso del tiempo. Para ello el Ejecutivo pretende ajustar las pensiones basándose en el índice de precios al consumidor (IPC) ―que recoge la variación de los precios de una serie de bienes y servicios adquiridos por los hogares―, al que consideran como un “mecanismo permanente de revalorización que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo”. Además, el resultado del IPC y su impacto sobre las pensiones sería objeto de revisión cada cinco años por parte del Pacto de Toledo.
En cuanto a las medidas de la segunda parte de la reforma, Unai Sordo, secretario general de CC OO, y también presente en el encuentro de Santander, indicó que estarían enfocadas a “mejorar la estructura de ingresos”, ante un aumento de gasto en pensiones de tres o cuatro puntos del PIB, con el fin de que las pensiones se financien “preferiblemente con cotizaciones, pero no solo con cotizaciones”, con la necesidad de transferencias vía Presupuestos Generales del Estado. No así el fondo para impulsar los planes complementarios: “No está dentro del perímetro de las cosas que estamos negociando”, dijo el líder de CC OO.
Acercar la edad real de jubilación a la legal
Más allá de definir un nuevo ajuste presupuestario para las pensiones que permita su mantenimiento a largo plazo ―las de jubilación suponen el 71,5% de los 143.046 millones de euros que ha establecido para toda la partida de subsidios dentro los Presupuestos Generales del Estado de 2021―, otro de los ejes de la reforma para el Gobierno es alargar la vida laboral de los trabajadores.
Y para lograrlo, plantea un escenario de bonificaciones para todas aquellas personas que decidan seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación (entre 65 años y 66 años en 2021), y de desincentivos para quienes opten por la jubilación anticipada. De esta forma lo que se busca es acercar la edad legal de jubilación a la real (ahora en unos 64,6 años) y acercarla a los baremos que manejan otros países europeos. Para fomentar este acercamiento, a quienes decidan jubilarse anticipadamente se les aplicarán coeficientes reductores de su pensión que afectarán directamente a la cantidad final en función del periodo de tiempo que hayan decidido adelantarla.
La Seguridad Social ha calculado que la cantidad a tanto alzado que percibiría quien decida retirarse voluntariamente más tarde de su edad legal de jubilación podría llegar hasta los 12.060,12 euros por cada año de demora. Desde el departamento de Escrivá entienden que con esta serie de bonificaciones se conseguiría estirar la edad real de jubilación, y gracias a este aumento obtener un ligero desahogo en las cuentas manteniendo a un mayor número de trabajadores activos y cotizando.
Según los últimos datos disponibles, en 2019 España presentaba una tasa de empleabilidad más baja que la de la media de los países de la OCDE para los trabajadores de entre 55 y 64 años: 62,6% frente al 64% que reflejaban el resto. La diferencia, sin embargo, es mucho mayor para aquellos en edades comprendidas entre los 65 y los 69 años: un 7% contra el 27%.
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