Un seminario organizado en Santiago de Chile por Espacio Público, el 4 de agosto de 2022.Espacio Público
A un mes de un plebiscito en Chile, en el que más de 15 millones de electores decidirán si aprueban o rechazan la nueva Constitución propuesta a comienzos de julio por la Convención Constituyente, el centro de estudios independiente Espacio Público ha celebrado este jueves en Santiago de Chile un seminario para discutir sobre los antecedentes, implicancias y los posibles escenarios que se abrirán luego del referéndum del 4 de septiembre. Lo han hecho a través de 16 expertos, tanto de Chile como del extranjero, que han diseccionado la propuesta. “Sin importar la opción que elijamos, desde Espacio Público creemos fundamental que la decisión sea informada, teniendo a la vista todos los elementos que nos permitan decidir”, ha asegurado la economista Paula Benavides, presidenta ejecutiva del centro de estudios, que destacó la importancia histórica de la elección, que tendrá carácter obligatorio.
En el seminario #HablemosDeLaConstitución se habló sobre distribución del poder en una conversación moderada por Diego Gil, académico de la Escuela Gobierno de la Universidad Católica de Chile. “La propuesta de nueva Constitución refleja una redistribución de poder al ser muy inclusiva en los temas paritario, indígena y ambiental, que son innovaciones a nivel mundial”, reflexionó María Victoria Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos en Columbia University. Para Gabriel Negretto, director del doctorado del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, “el primer juicio que hay que hacer de la nueva Constitución es si responde a las causas históricas que la hicieron necesaria y tratar de superar las deficiencias que se habían detectado por los expertos y la ciudadanía”. Julieta Suárez-Cao, profesora asociada del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile e integrante de la Red de Politólogas, puso el acento en la redistribución del poder territorial: “Cualquier movimiento a una mayor descentralización implica una redistribución del poder en nuestro país. El Estado regional lo podemos ver como un intermedio entre un estado unitario descentralizado y un estado federal”.
Uno de los aspectos que generan mayor consenso de la nueva Constitución han sido los derechos sociales y sobre este punto transcurrió otra de las conversaciones en el seminario, donde se abordaron los desafíos de su implementación. Moderado por Luis Cordero, académico de la Universidad de Chile y director de Espacio Público, este espacio de discusión contó con la participación de Verónica Undurraga, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y directora del centro de estudios, que puso un énfasis especial en una propuesta de Constitución feminista, donde se reconoce el trabajo doméstico y de cuidado: “El 68% del trabajo de cuidados en Chile lo hacen las mujeres y es un trabajo de cuidado directo –de cuidar a los niños o ancianos, por ejemplo– e indirecto, en referencia a labores como el lavado. Representa en Chile el 22% del PIB, si se hiciera una tasa de reemplazo”, explicó Undurraga con respecto a uno de los derechos más relevantes, a su juicio, que tiene la propuesta. “Es mucho más que un derecho nuevo. Es parte del pacto”, dijo la abogada.
Sobre derechos sociales se refirió Rodrigo Uprimny, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. “El sistema de cuidados representa una revolución en la comprensión del pacto social y en el pensamiento económico. Mucho más que los derechos de la naturaleza, que me parece polémico”. Para Joan Subirats, ministro de Universidades de España y experto en políticas públicas, “la Constitución, en su proyecto actual, señala una lógica descentralizada. El nivel de articulación entre derechos exige una cercanía que la lógica estatal no acostumbra a contemplar”. Por lo mismo, enfatizó en que “el marco de implementación es muy exigente”.
Uno de los aspectos más controvertidos del texto que se plebiscitará el 4 de septiembre tiene relación a la plurinacionalidad y sobre ello trató el tercer espacio del seminario de Espacio Público, moderado por Dany Jaimovich, académico, director del doctorado en Economía de la Universidad de Talca. Jorge Contesse, profesor titular de Rutgers Law School (EE.UU.), recordó que Chile y Uruguay son los únicos países de América Latina que no reconocen constitucionalmente a sus pueblos indígenas: “No son privilegios para los pueblos indígenas, sino derechos que se reconocen tras una evolución del derecho internacional de más de un siglo”, aseguró Contesse. Para Shireen Morris, profesora titular de Macquarie University (Australia), “las constituciones son acuerdos que generan poder y, a menudo, los pueblos indígenas no pueden referirse a las constituciones que se imponen sobre sus territorios”, por lo que “el reconocimiento constitucional indígena busca una relación de poder justa”.
El seminario #HablemosDelProcesoConstituyente cerró con un debate sobre la oportunidad que representa el plebiscito para procesar los conflictos en Chile. Moderado por la economista Andrea Repetto, directora de Espacio Público, esta conversación contó con la participación de Kathya Araujo, académica de la Universidad de Santiago de Chile, una de las principales pensadoras de la vida social chilena, autora de referencia para entender el estallido de 2019. Para Araujo, los conflictos en Chile se fueron sumando en torno a la concentración de la riqueza, del poder, de los reconocimientos, junto a conflictos de valores dentro de la sociedad. “Los individuos hoy en Chile enfrentan grados muy altos de agobio por las exigencias e incertidumbres, tienen una distancia muy grande con todas las instituciones y un alto grado de retracción a sus mundos de proximidad. La sociedad chilena está en una disputa muy grande sobre normas, valores, códigos y principios que ordenan las relaciones sociales. No solo se trata de una disputa política”, aseguró la investigadora.
El escritor Patricio Fernández, director de Espacio Público, que fue convencional constituyente, dijo que “lo que se va a jugar el plebiscito es qué campaña es menos arrogante, cuál escucha más los temores de los que no están seguros y cuál genera más confianza para llevar adelante el camino que promete”. Mientras, Marta Ruiz, comisionada de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición de Colombia, hizo un paralelo con la experiencia de su país. “La Constitución del 91 surge de una crisis muy profunda. Por supuesto, no resolvió todos los problemas, pero hoy la defendemos todos los colombianos”. Ruiz, a su vez, destacó la importancia de escucharse: “A veces, en estas coyunturas, uno piensa que lo importante es quién grita más, pero es fundamental escuchar a aquellos que rechazan, qué expresa esa negativa. El diálogo requiere esfuerzo institucional”, aseguró la periodista colombiana a un mes del referéndum que intenta encauzar políticamente la fractura social en Chile.
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