España alcanza un acuerdo con EE UU para mantener la ‘tasa Google’ hasta 2023

La ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, el miércoles en el Congreso.
La ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, el miércoles en el Congreso.Sergio R Moreno (GTRES)

Tregua entre los dos lados del Atlántico. Los países europeos que han implantado de forma unilateral la tasa Google, entre ellos España, han alcanzado un acuerdo con EE UU para mantener sus tributos digitales hasta que entre en vigor la solución multilateral que se está negociando en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G-20, prevista para finales de 2023. En cambio, Washington se ha comprometido a retirar los aranceles que había introducido en represalia por la puesta en marcha de estas figuras.

Esta “solución pragmática” ha sido anunciada este jueves a través de una declaración conjunta entre Estados Unidos y los cinco países europeos que cuentan con una tasa digital ―Francia, Italia, Austria, España y el Reino Unido―, y su objetivo es facilitar una transición ordenada cuando se alcance un consenso a nivel global que parece estar cada vez más cerca.

La OCDE acaba de cerrar un acuerdo entre 136 países para avanzar en la reforma de las reglas fiscales internacionales, y que pivota alrededor de dos pilares. El primero, que se estima empiece a rodar a finales de 2023, es justamente el que se refiere al impuesto digital: se trata de una fórmula para repartir una parte de los beneficios de las grandes multinacionales en los países donde operan, aunque no tengan ahí presencia física.

El segundo pilar consiste en la fijación de un tipo mínimo en el impuesto de sociedades. En este ámbito, ya se ha alcanzado un consenso internacional para que el suelo de tributación sea del 15%.

EE UU es la sede de las principales multinacionales tecnológicas, como Facebook o Google, y considera que los impuestos digitales adoptados por los países europeos perjudican a sus compañías. Por ello, Washington había anunciado en junio la imposición del 25% adicional de aranceles a productos españoles, aunque estableció a la vez una moratoria de seis meses, que finaliza este noviembre, a la espera de un acuerdo internacional. Estas sobrecargas iban dirigidas al sector textil, el calzado o la cristalería de interior, entre otros sectores.

Periodo transitorio

El acuerdo alcanzado con EE UU implica que España mantiene su tasa Google hasta la entrada en vigor del pilar 1, previsto para el 31 de diciembre de 2023. Se establece también un periodo transitorio durante el cual Washington se compromete a no iniciar ninguna represalia comercial contra estos cinco países europeos, comprendido entre el 1 de enero de 2022 y la entrada en vigor del pilar 1 o, en alternativa, el 31 de diciembre de 2023.

También habrá una evaluación posterior: en 2024 se analizará cuánto han pagado las compañías afectadas por el impuesto digital durante el periodo transitorio que va del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023. Si su tributación resultara superior a la que hubiese correspondido de aplicar la solución internacional del pilar 1, se generará para ellas un crédito fiscal por dicho importe.

La tasa Google española entró en vigor a inicios de este año, pero se empezó a cobrar hasta el segundo semestre por los retrasos de su desarrollo reglamentario. Se dirige a las sociedades con ingresos mundiales superiores a los 750 millones y facturación en España de más de tres millones, gravando con un 3% servicios como la publicidad, la intermediación online y la venta de datos generados por el usuario durante su actividad. En la primera mitad del año, esta figura tan solo recaudó 92 millones de euros, un 9,5% de lo que Hacienda esperaba inicialmente recaudar por ella.

“Se trata de un acuerdo muy positivo que proporciona seguridad jurídica y certidumbre a nuestro tejido productivo al garantizar que no habrá barreras comerciales a la entrada de productos españoles en el mercado estadounidense”, ha valorado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “Además, con este acuerdo España cumple su compromiso de que adaptaría el impuesto digital al consenso internacional en el marco de la OCDE y el G-20”.


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