El Congreso de los Diputados español aprobó este jueves una iniciativa de ley que despenaliza y regula la eutanasia en el país.
Por Manuel de Santiago Freda / Corresponsal en España
El Congreso español aprobó este jueves por 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones, la ley de eutanasia. Ahora, deberá seguir su trámite en el Senado, aunque se prevé que sea ratificada sin modificaciones. Solo la derecha del PP y Vox se posicionó en contra del proyecto, aprobado mayoritariamente por el Partido Socialista, Unidas Podemos, Ciudadanos y el resto de formaciones.
La legislación define a la eutanasia activa como “la acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de este, cuando se produce dentro de un contexto eutanásico por causa de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”.
Considera dentro de este “contexto eutanásico” tanto “la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente” como “la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que esta se la pueda autoadministrar, para causar su propia muerte”, lo que se conoce como suicidio asistido.
Entre los requisitos está contar con residencia en España, ser mayor de edad, así como “ser capaz y consciente en el momento de la solicitud” o haber suscrito previamente un documento en donde quede establecida su voluntad de forma anticipada.
Para garantizar la conciencia del solicitante se deben de presentar dos solicitudes con quince días de diferencia entre ambas, lo que confirmaría que no hay presiones externas en la solicitud.
Además, el médico está obligado a realizar, después de cada solicitud, un análisis del caso con el paciente, con el fin de que éste tenga la información y alternativas disponibles. Toda vez que una comisión de evaluación apruebe el procedimiento, el paciente deberá emitir una nueva confirmación. Lo anterior, con la posibilidad de que el paciente detenga el proceso en cualquier momento.
La comisión de evaluación será diferente en cada comunidad autónoma, “tendrá carácter multidisciplinar y deberá contar con un número mínimo de siete miembros entre los que se incluirán personal médico y juristas”.
La nueva norma señala que “la prestación de la ayuda para morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados o concertados, y en el domicilio” del paciente. La aplicación será responsabilidad del médico a cargo del proceso.
También se protege el derecho del personal sanitario de presentar una “objeción de conciencia” en caso de negarse a acompañar el proceso del paciente.
De acuerdo con una encuesta de Metroscopia realizada en 2019, el 87 por ciento de la población es favorable a una legislación sobre eutanasia.