España evita garantizar ante la UE el poder adquisitivo de los funcionarios este año

El Gobierno envió el viernes a Bruselas el Programa de Estabilidad 2022-2025, una suerte de mapa de la política económica de España para los próximos años. En el texto, de 151 páginas, solo hay dos referencias sobre los casi tres millones de empleados públicos. La primera, para recordar que este año se les ha subido el sueldo un 2%. La segunda mención tiene más enjundia: “A partir de 2023 y siguientes se prevé un incremento retributivo de los empleados públicos, así como el de las pensiones, en línea con la evolución de los precios para todo el periodo contemplado”.

Esto implica que a los empleados públicos únicamente se les va a subir los salarios con la inflación prevista para el año que viene y no con la inflación real que se está dando este año. En definitiva, los trabajadores del sector público perderán toda la diferencia entre el 2% (el aumento retributivo de este año) y la inflación que realmente se produzca en el 2022. Es decir, el Gobierno no garantiza el poder adquisitivo de los empleados públicos justo en el año en el que la inflación está desbocada.

Los funcionarios este año han recibido como actualización la previsión de inflación que tenía el Ejecutivo a finales del año pasado, cuando aprobó los Presupuestos de 2022. Esto era el 2%. Sin embargo, esos vaticinios se han quedado en papel mojado. El IPC interanual cerró abril en el 8,4%, según ha publicado esta semana el INE. Organismos como el Banco de España hablan de una inflación media anual del 7%. Y en la rueda de prensa de este viernes, el Ejecutivo admitió que la inflación del año podría rondar el 6%. De modo que la pérdida de poder adquisitivo podría situarse entre cuatro y cinco puntos.

Una subida de cerca del 2% en 2023

En cambio, ya en 2023, el Ejecutivo prevé que los precios crecerán en torno a un 2,2%, según se recoge en el texto. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aseguró ayer en la presentación del plan que los precios se estabilizarán a partir de la segunda mitad del año, en parte por las medidas para reducir el precio de la luz. Ayudará también a esta rebaja llegar a unos meses en los que ya no se compara con momentos previos en los que los precios estaban cayendo, esto es lo que los economistas llaman efectos base.

A la luz del plan, en 2023 la actualización sería de alrededor del 2% y no habrá una compensación por las fuertes subidas de precios vividas este año, según admiten fuentes gubernamentales. Los empleados públicos participarían, por tanto, de la contención salarial que el Gobierno también está reclamando a los sindicatos y patronal.

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El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha defendido que es necesario un pacto de rentas por el cual trabajadores y empresas se repartan la pérdida sobrevenida por la inflación. En el fondo, se trata de una transferencia de renta hacia los países productores de energía y sería un error no asumirla. Si todo el esfuerzo lo soportasen los asalariados, se deprimiría más la demanda. Si toda la carga la aguantasen las empresas, muchas podrían cerrar o perder competitividad.

Por eso, De Cos defiende que las subidas salariales deberían hacerse a varios años y excluyendo de las referencias los precios energéticos. Por su parte, las empresas estarían obligadas a contener los márgenes. Si todos asumen esa pérdida a corto, se traduciría en una ganancia a medio y largo plazo.

Ampliar el cómputo de cotización de las pensiones

Los pensionistas sí que gozarán de una revalorización vinculada al IPC que les garantiza el poder adquisitivo. Precisamente, el Gobierno informa a Bruselas de que abordará aspectos pendientes de la reforma de la Seguridad Social, como la ampliación del periodo de cómputo de la pensión de jubilación, una medida que podría suponer un ajuste de la prestación inicial.

La iniciativa en realidad no es una novedad, pues ya estaba incluida en el Plan de Recuperación con las reformas a las que se comprometía España a cambio de los fondos europeos. En ese documento se evitaba hablar de la subida a 35 años que se barajó inicialmente en otros documentos oficiales. Pero sí que se reconoce que puede entrañar un ajuste y que, por tanto, hay que compensarla: “Esta medida aumenta el carácter contributivo del sistema, pero puede tener efectos negativos, por eso es importante complementarla con medidas que modulan sus efectos, como la posibilidad de elección de años o la mejora del sistema de integración de lagunas de cotización”, señalaba el documento.

Además, el Gobierno matiza que esta ampliación del periodo de cálculo que está discutiéndose con los agentes sociales solo se aplicará a las personas que han sido despedidas al final de su vida laboral o que han tenido lagunas en sus carreras. La idea, dicen estas fuentes gubernamentales, es que esas personas no se vean penalizadas. “El objetivo es reforzar la contributividad del sistema de pensiones y hacerlo más equitativo”, afirma el documento remitido a Bruselas.

Este es una de los cambios legislativos que se recogen en materia de Seguridad Social en el Plan Nacional de Reformas. También se incluye la modificación del sistema de cotización de los autónomos y la subida de la base de cotización máxima.