España es uno de los líderes mundiales en energía eólica terrestre. De hecho, la eólica se ha convertido este año en la principal fuente de generación eléctrica en el país por encima de la energía nuclear. Pero el país nunca se ha llegado a subir al tren de la eólica marina debido fundamentalmente a una cuestión física: las aguas territoriales españolas son muy profundas y esta tecnología necesita de una cimentación fija, algo que resulta imposible a partir de los 50 metros de profundidad. Pero la eólica flotante, que no tiene esos requerimientos, se está abriendo camino y el Gobierno aspira a convertirse en el referente europeo de esta tecnología.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la hoja de ruta para el “desarrollo de la eólica marina y de las energías del mar en España”. Esta estrategia, elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica, pone especial atención en la tecnología flotante. El Ejecutivo aspira a que en 2030 el país cuente con entre 1 y 3 gigavatios (GW) de esta renovable, lo que supondría que en el mejor de los escenarios el 40% de toda la potencia instalada en la UE a finales de esta década estaría en España, según los planes que tienen las instituciones europeas.
La hoja de ruta diseñada por Transición Ecológica prevé que se destinen al menos 200 millones de euros de fondos públicos hasta 2023 para el desarrollo de prototipos y ensayos. Según la información facilitada por el ministerio, de las 27 “soluciones flotantes para los aerogeneradores” que hay ahora en marcha en todo el mundo, “siete son españolas”. Los fondos para el impulso de la investigación española también saldrían del plan europeo de recuperación.
El departamento de la vicepresidenta Teresa Ribera ha enfatizado que el plan aprobado este viernes en el Consejo de Ministros “garantiza el despliegue ordenado de las instalaciones en las aguas territoriales, de modo que sea respetuoso con el medio ambiente, compatible con otros usos y actividades y se aproveche para mejorar el conocimiento del medio marino”.
El gran despliegue de las renovables que se está viviendo en España se está topando en algunas ocasiones con la oposición local por los impactos sobre el paisaje o el medio ambiente. A pesar de que no hay ningún proyecto aprobado aún en España de eólica marina en estos momentos y mayoritariamente se trata de meras declaraciones de intenciones de empresas, también está ocurriendo con esta tecnología, que inquieta al sector turístico por su posible impacto visual en la costa. En junio, el Gobierno decidió aplicar una especie de moratoria y no admite desde entonces “nuevas solicitudes de autorización administrativa y de reserva de zona en el mar territorial” para este tipo de proyectos. Esa reserva es el paso previo imprescindible para que pueda comenzar la tramitación de los proyectos de eólica marina según se fija en el real decreto de 2007 que regula esta tecnología.
El veto impuesto en junio se levantará cuando, además de la hoja de ruta que ha sacado adelante el Consejo de Ministros este viernes, estén aprobados los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas existentes, que actualmente se encuentran en fase de información pública. Esos planes fijan las actividades que se pueden desarrollar en las aguas territoriales españolas y también establece limitaciones. El ministerio ha insistido este viernes en que el objetivo que se persigue es “desplegar de un modo ordenado las instalaciones, eólicas en particular, con una regulación clara y previsible”.
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Además de la energía eólica, la hoja de ruta contempla también el impulso a otras tecnologías renovables ligadas al mar. Y prevé que de aquí a 2030 se instalen hasta 60 megavatios (MW) de otras energías todavía en fase precomercial, como las que aprovechan la fuerza de las olas y las mareas.
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