Este miércoles el presidente del Parlament, Roger Torrent, comunicará al pleno que la ronda para buscar un candidato a presidir el Govern ha fracasado y con ello pondrá en marcha la cuenta atrás para disolver la Cámara y convocar unos nuevos comicios que se celebrarán el 14 de febrero. Los grupos parlamentarios esperan en esos dos meses sacar adelante, con mucha voluntad política, al menos tres leyes (dos de contenido social y una económica) que se encuentran en un estado de tramitación avanzado: la de la no discriminación, la de violencia machista y las áreas de promoción económica (APEU).
El calendario del Parlament se ofrece apretado. La comunicación de Torrent se publicará el día 22 en el Boletín Oficial del Parlament y la Cámara se disolverá automáticamente si no hay ninguna investidura el día 22 de diciembre. Antes de conocerse la sentencia de inhabilitación del expresidente Quim Torra y de que se activara el mecanismo para elegir a otro president, se habían planteado cinco plenos hasta el día 17 de diciembre.
Los grupos tendrán pues solo cuatro sesiones, a menos que la Junta de Portavoces haga cambios, para dar luz a las iniciativas que ya se tramitaban por el procedimiento de urgencia (que implica reducir a la mitad los términos ordinarios). Un Govern en funciones no puede promover ninguna ley aunque la Cámara sí tendrá que refrendar los diversos decretos ley que sean promulgados en las siguientes semanas por el Ejecutivo. Esa ha sido la manera como hasta ahora se han ido implementando las ayudas para hacer frente a la covid-19.
La primera ley que podría salir adelante es la de igualdad de trato y no discriminación, que se arrastra de la legislatura pasada y este lunes se trabajaba en la redacción del informe de la ponencia. La diputada de ERC Najat Driouech cree que será posible que salga adelante si se aprieta la tramitación (tiene que ir a Comisión y después elevarse al Pleno) y si se aprueba por la vía de lectura única (en un mismo pleno). De entrada, parece haber un gran consenso y tanto los comunes, como Junts o los socialistas la ven con buenos ojos. Esta norma complementaría la ley de igualdad y la LGTBI e incluye el régimen sancionador, largamente reivindicado.
La segunda ley con posibilidades de salvarse -el resto decaerán y tendrán que comenzar de cero su tramitación en la próxima legislatura, a excepción de las Iniciativas de Legislación Popular (ILP)- es un régimen transitorio para la concesión de ayudas a víctimas de la violencia machistas. También se incluiría en el texto la violencia institucional. “Hemos logrado reducir el número de comparecencias físicas y que otros expertos nos envíen por escrito sus reflexiones”, explica la portavoz de los comunes, Susana Segovia, que confía en que todos los grupos se avengan a tramitarla también por lectura única.
Finalmente está la norma de las llamadas Apeus, las áreas de promoción económica. La medida busca que, delimitadas las zonas, los negocios que estén en el interior tengan que pagar una cuota para pagar las actividades de promoción. Los Ejes Comerciales llevan años pidiendo la puesta en marcha de este modelo, de inspiración anglosajona. Su tramitación ha decaído en dos ocasiones y en Junts per Catalunya esperan que esta vez si salga adelante.
El problema aquí es la posibilidad de un recurso al Tribunal Constitucional por una posible invasión en algunas competencias, ya que en el pasado la legislación en comercio ha sido un terreno pantanoso. La ley de las Apeus superó el pasado pleno el debate de enmienda a la totalidad presentado por los comunes ya apoyada por la CUP y ahora vuelve a comisión.
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