El pacto alcanzado este martes entre el Gobierno y Esquerra Republicana garantiza la aprobación de los Presupuestos para 2022 y disipa las incógnitas sobre la estabilidad política durante la segunda mitad de la legislatura. Es un dato decisivo en una coyuntura en que la recuperación económica tras la crisis se ve atenazada por las dificultades del entorno mundial y las asechanzas de una pandemia que reverbera una y otra vez.
Desde esa perspectiva, supone la primera gran aportación catalana (y también del nacionalismo catalán) a la gobernabilidad de España, una vez encauzada la movilización independentista, aunque queden pendientes muchas asignaturas para su superación. Ese pacto trasciende el interés de los partidos que lo suscriben, y sus legítimos intereses tácticos, porque constituye un avance efectivo hacia el quehacer colectivo de una comunidad que había permanecido durante más de una década ajena a él. El asunto no es menor porque puede permitir un mejor gobierno de las secuelas de la crisis económica suscitada por la parálisis de la covid-19, gestionar la recepción de los ingentes fondos europeos de recuperación y culminar una legislatura pluripartidista de compleja arquitectura. Más allá de los acuerdos sobre inversiones convencionales, el pacto ha tenido como elemento clave el apoyo audiovisual a las lenguas cooficiales del Estado y, por tanto, en estricto cumplimiento de la Constitución.
Parece obvio que esta nueva etapa que empieza a consolidarse en la política española coincide y es en buena parte consecuencia de la nueva fase abierta en la catalana. La ruptura interna del contradictorio bloque independentista ha supuesto la autoexclusión de la izquierda radical de la CUP. Su sustitución por los comunes —a su vez, socios menores en el Gobierno central— ha dado vía libre al debate del presupuesto de la Generalitat para 2022. El objetivo inmediato ha sido invalidar las enmiendas a la totalidad (sin que exista todavía un acuerdo presupuestario definitivo), pero la solidez del pacto queda subrayada por el hecho de que va acompañado por otro simétrico en la capital catalana: Esquerra renuncia a boicotear en el Ayuntamiento de Barcelona el presupuesto de las izquierdas municipales, como propugnaba su líder local, el exdirigente socialista, ahora de ERC, Ernest Maragall.
La nueva fase de la política catalana es todavía muy incipiente y con elementos altamente contradictorios. Es relevante que el consejero de Economía estuviese fuera de la negociación con los comunes y que su mismo partido, Junts, denigrase al president por perder el apoyo de la CUP, tras haberse enfrentado a Pere Aragonès en otros dos elementos esenciales: la cuestión del aeropuerto y la mesa de diálogo. El nuevo pacto deja fuera todavía al principal partido de la oposición, el PSC, algo solo explicable porque ERC lo asume como su principal rival electoral. Las consecuencias de estos movimientos son todavía imprecisas, pero su misma naturaleza transversal acerca la situación política de Cataluña a una nueva realidad de fondo y desvela de forma evidente que la aparente mayoría independentista era inestable y fungible. El rechazo al unilateralismo ha calado en Cataluña y los pasos hacia el regreso a su participación en la escena española han dejado de ser meramente gestuales.
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