En su informe anual sobre la situación de Derechos Humanos en el mundo durante 2021, el gobierno estadounidense señaló que tiene informes fidedignos de abusos por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas, quienes en algunos casos actuaron de forma independiente del control civil.
El documento elaborado por el Departamento de Estado señala que cuenta con “informes creíbles de homicidios ilegítimos o arbitrarios por parte de la policía, el ejército y otros funcionarios gubernamentales; desaparición forzada por agentes del Estado; tortura y trato degradante por parte de las fuerzas de seguridad”.
Además, destaca condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia contra los periodistas; actos de corrupción; investigación insuficiente y rendición de cuentas por la violencia de género, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
El informe destaca que la “impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento” siguen siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción.
“Hubo informes de que algunos agentes del gobierno fueron cómplices de bandas criminales organizadas internacionales, y las tasas de enjuiciamiento y condena fueron bajas por estos abusos”, menciona.
Señala que los elementos del crimen organizado, incluidas las bandas locales y transnacionales y los narcotraficantes, fueron autores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que resultó en altos niveles de violencia y explotación, particularmente dirigida a los grupos vulnerables. “El gobierno investigó y procesó algunos de estos delitos, pero la gran mayoría permaneció sin investigar ni enjuiciar”, apunta.
En torno a las desapariciones, considera que las bases de datos federales y estatales están incompletas, por lo que hay problemas para cruzar datos, además de que éstos están fragmentados en los distintos niveles de gobierno.
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También denuncia que en sus recopilación de datos, el gobierno mexicano a menudo combina estadísticas sobre personas desparecidas por la fuerza con personas de las que no se sospecha que hayan sido víctimas de desaparición forzada, lo que dificulta la compilación de estadísticas precisas sobre la magnitud del problema.
En el caso de la prensa, señala que si bien la mayor parte de los medios en México son privados, el gobierno es una fuente importante de ingresos para estos, “lo que en ocasiones influyó en la cobertura”. Además, destaca que los monopolios de los medios, especialmente en los mercados pequeños, en ocasiones restringieron la libertad de expresión.
El gobierno estadounidense dedica un apartado a los asesinatos y amenazas contra periodistas: “Los periodistas fueron asesinados o sometidos a ataques físicos y cibernéticos, hostigamiento e intimidación (especialmente por parte de agentes estatales y organizaciones criminales transnacionales) en respuesta a sus informes. Esto limitó la capacidad de los medios para investigar e informar, ya que muchos de los reporteros asesinados cubrían el crimen, la corrupción y la política local. Los altos niveles de impunidad, incluidos los asesinatos o ataques a periodistas, dieron lugar a la autocensura y redujeron la libertad de expresión y de prensa”.
Sobre la libertad en internet, Estados Unidos menciona que el gobierno mexicano no ha restringido ni interrumpido el acceso a la red, ni bloqueado o filtrado el contenido en línea. Sin embargo, señala que usuarios de Twitter han amenazado a periodistas por ese medio. “Los periodistas que hicieron preguntas difíciles a funcionarios del gobierno durante compromisos con la prensa recibieron ataques a través de Twitter. Los tuits difundieron sus identidades y sus medios de comunicación y también hicieron amenazas veladas”, apunta.
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Sobre los procesos electorales en el país, el Departamento de Estado da cuenta del asesinato de 36 candidatos y 64 políticos durante el proceso electoral de septiembre de 2020 a junio de 2021 y menciona que estuvo a la par de lo ocurrido en 2018, considerado como uno de los períodos políticos más violentos de la historia reciente. “Los estados donde más violencia política ocurrió fueron Veracruz, seguido de Guerrero y Guanajuato. Los candidatos municipales y los retadores que buscaban expulsar a los titulares fueron las víctimas más comunes de la violencia política, con víctimas repartidas por todo el espectro político”, consigna.
El informe cita documentación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Búsqueda y de organizaciones civiles como Artículo 19, México Evalúa, entre otras.
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