Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública de México, en octubre de 2010.Marco Ugarte (AP)
Genaro García Luna trabajó para el cartel de Sinaloa y fue clave para su expansión criminal. Ese es el caso que la Fiscalía de Nueva York ha construido con grabaciones encubierto, nuevos documentos y testimonios contra el ex secretario mexicano de Seguridad Pública, la cara más visible de la guerra contra el narco que lanzó el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Los abogados del exfuncionario lo niegan rotundamente y se han enfrascado en una batalla judicial para evitar que esas evidencias sean aceptadas y retrasar el inicio del juicio hasta el próximo año. Las pruebas en disputa presentan a García Luna como la cabeza de una red que premiaba con sobornos a periodistas afines y castigaba con amenazas a sus detractores, directamente financiada con dinero que recibía de la organización criminal. Se le acusa también de urdir un plan desde la cárcel para intimidar a testigos dispuestos a declarar en su contra.
“Los esfuerzos persistentes del acusado para sobornar y amenazar a periodistas mientras trabajaba para el cartel de Sinaloa son relevantes y están inexorablemente relacionados con su apoyo corrupto a las actividades criminales del cartel”, sostienen los fiscales en un documento presentado a finales de la semana pasada. La tesis es que la posición de García Luna como principal asesor en materia de seguridad de Calderón e interlocutor con las autoridades estadounidenses era un elemento primordial para los intereses de la organización criminal, entonces liderada por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. “Si dejaba su puesto, no hubiera podido seguir utilizando su poder dentro del Gobierno para beneficiar al cartel”, se agrega en el expediente judicial.
El esquema corrupto presentado por las autoridades estadounidenses implica una larga cadena de recompensas y castigos, con García Luna en el centro de la trama, según la Fiscalía. Esta versión apunta a que el cartel pagaba directamente al ex jefe de la Policía para recibir información sobre operativos en su contra y no interferir con del tráfico de drogas. El entonces miembro del Gabinete utilizaba parte de esos recursos como caja chica para premiar a los medios de comunicación que no criticaban su gestión y para amedrentar a los periodistas que sí lo hacían. Las autoridades cifran en “decenas de millones de dólares” los pagos que el exsecretario recibió del grupo criminal. Los abogados de García Luna tachan las acusaciones de “increíbles” e “irrelevantes”.
Los señalamientos no son nuevos. Jesús El Rey Zambada, hermano menor de El Mayo, dio amplios testimonios sobre el pago de sobornos millonarios a García Luna y fue un testigo clave en el juicio contra El Chapo Guzmán de finales de 2018. Antes, cuando era director de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación durante la Administración de Vicente Fox (2000-2006), estuvo en el centro de un escándalo de montajes que simulaban operativos judiciales y que terminaron salpicando a las dos principales televisoras del país. La Fiscalía ha optado por agitar dos fantasmas que han rondado a lo largo de su su trayectoria como servidor público: los supuestos nexos con el narco y las sospechas de una relación atípica con los medios. “Las acusaciones de corrupción han persistido durante de décadas y a pesar de los fervientes intentos de sus oponentes, nunca se han concretado”, respondieron sus abogados hace un par de semanas.
“Los intentos persistentes y activos del acusado para limitar las investigaciones sobre su participación en una vasta conspiración de narcóticos, ya sea por medio de amenazas, intimidación o sobornos, son altamente probatorios de que estaba involucrado con las actividades de narcotráfico del cartel de Sinaloa”, refuta la Fiscalía. La acusación también presentó transcripciones de una conversación entre García Luna y “persona 1″, un colaborador encubierto, en la que discutían cómo podrían “deshacerse” de El Rey Zambada.
El contrargumento de los abogados defensores es que García Luna fue una figura clave en la detención y extradición de El Rey en 2010, y que los dichos de Zambada no son creíbles porque forman parte de una “vendetta” contra quien lo hundió. En su respuesta, la defensa desliza varios nombres de los presuntos testigos clave de la Fiscalía, como Zambada y la conocida periodista Anabel Hernández. La Fiscalía argumenta que esos golpes bajos son una muestra más de las tácticas intimidatorias de García Luna y que asegura que sus acusaciones van más allá de simples dichos. Los fiscales han adelantado que tienen documentos que prueban que un editor enterró un reportaje sobre actos de corrupción durante su Administración a cambio de un pago.
La pugna legal ha estado tan subida de tono que llegó hasta la tribuna presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Aun cuando Calderón es su principal némesis político, el mandatario optó por la cautela y dijo que es un “asunto delicado”, aunque reconoció que la información que la Fiscalía asegura tener es de un enorme interés público. “No se sabe si son pruebas o si se van a aceptar, lo que yo pediría desde ahora es que, independientemente de si tienen valor jurídico o no las grabaciones, se busque la forma de que se den a conocer”, dijo López Obrador a mediados de junio.
Ante la cantidad de materiales en el expediente, la defensa de García Luna busca ganar tiempo y aplazar el inicio del juicio hasta el primer trimestre de 2023, y que no empiece a finales de octubre próximo como estaba programado. El exfuncionario fue arrestado en Dallas (Texas) en diciembre de 2019 y enfrenta cinco cargos criminales: tres por tráfico de cocaína, uno por falso testimonio y otro por pertenecer a una organización criminal. El pulso judicial está en manos del juez Brian Cogan, el mismo que condenó a El Chapo Guzmán, y tiene como trasfondo el mayor escándalo legal de un antiguo alto cargo mexicano en Estados Unidos, desde la detención y posterior liberación del general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
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