El secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, ha pedido este jueves “una rápida transición negociada” en Venezuela para organizar elecciones legislativas y presidenciales durante 2020. “Es la ruta más efectiva y sostenible hacia la paz y la prosperidad en Venezuela”, ha señalado el líder de la diplomacia estadounidense en un comunicado. Entre las demandas de Estados Unidos están la creación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) nuevo e independiente, así como la renovación del Tribunal Supremo. “Las negociaciones podrían abrir una salida a la crisis mediante un Gobierno de transición que organice elecciones libres y justas”, ha añadido.
El Departamento de Estado ha explicado que la crisis política en el país sudamericano ha dejado en el exilio a 4,8 millones de venezolanos, el colapso de la economía de la región y el abuso contra los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. “2020 representa una oportunidad para dar a los venezolanos lo que han demandado por años: elecciones presidenciales y legislativas genuinamente libres y justas para elegir a sus líderes y comenzar con un largo proceso de renovación”.
Estados Unidos ha sugerido que para conseguir elecciones “libres y justas”, el régimen de Nicolás Maduro debe de devolver el poder a la Asamblea Nacional —liderada por el opositor Juan Guaidó— y reinstalar el derecho de todos los ciudadanos para participar en los comicios. Además, ha pedido que todos los partidos políticos y candidatos puedan participar y que los medios de comunicación independientes cuenten con libertad de prensa durante el proceso. “Esto incluye ejercer el derecho de reunión pacífica y libertad de expresión sin represión o represalias”.
Pompeo, que esta misma semana reiteró su apoyo a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, ha admitido el reto que supone “reconstruir las instituciones y las infraestructuras” que han sido “aniquiladas” por el “brutal régimen” de Maduro.
Para unas nuevas elecciones en Venezuela, el Gobierno estadounidense plantea la participación de observadores internacionales, así como el ofrecimiento de su parte para dar apoyo técnico y fondos para el proceso electoral y asesorías independientes para la creación del nuevo órgano electoral. “Las medidas son consistentes con la Constitución venezolana y puede ayudar a dar fin a la crisis política en Venezuela; cualquier otro proceso que se desvíe de estas medidas no puede ser visto como legítimo o creíble”, apunta el comunicado.
El Departamento de Estado recoge estos criterios para “unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas en Venezuela” en un documento en el que “urge a todos los poderes y autoridades venezolanos” a adherirse a los mismos. Estados Unidos, añade el documento, pretende que se facilite el proceso para que “los ciudadanos venezolanos en cualquier lugar del mundo puedan ejercer sus derechos votando desde el extranjero”. Ofrece “apoyo técnico y financiación para asistir en el proceso de registro para el voto” y “un equipo de respetados observadores electorales independientes para empezar a trabajar con el nuevo Consejo Nacional Electoral en cuanto este sea nombrado”.
El presidente Donald Trump también se ha referido este jueves a la situación en Venezuela en una comparecencia con la prensa. “Nunca pensé que [la situación en Venezuela] iba a ir sin contratiempos”, ha asegurado, a preguntas de los periodistas. “Veremos lo que pasa en Venezuela. Les va mal. Era un país rico hace 15 o 20 años, y ahora no tienen ni agua ni comida”. La mejora de la situación “llevará un periodo de tiempo”, ha opinado. “Pero tenemos una buena estrategia. Estamos ayudando a la gente, creo que estamos haciendo un buen trabajo. Veremos lo que pasa. Manténganse conectados”.
El Grupo Internacional de Contacto da su respaldo a Guaidó
La seguidilla de apoyos internacionales para Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, sigue en medio del caos que ha generado la autoproclamación en un procedimiento viciado del diputado Luis Parra como jefe del Parlamento. Luego de los espaldarazos seguros del Grupo de Lima y Estados Unidos y de las inesperadas reacciones de las cancillerías de México y Argentina, ahora es el Grupo Internacional de Contacto —creado en marzo de 2019 para mediar en la crisis generada a raíz de la jura de Nicolás Maduro para un nuevo periodo en unas elecciones consideradas fraudulentas— fijó posición este jueves dando respaldo a Guaidó y asegurando que “la elección de Luis Parra no puede ser considerada legítima ni democrática”.
“Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido, miembros del Grupo Internacional de Contacto, manifiestan su gran preocupación por las acciones realizadas en contra del funcionamiento democrático y constitucional de la Asamblea Nacional con motivo de la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional. Las fuerzas de seguridad impidieron a muchos diputados acceder a la Asamblea Nacional y ejercer sus derechos y responsabilidades constitucionales. También se negó el acceso a los medios de comunicación. En este contexto, la elección de Luis Parra no puede ser considerada legítima ni democrática”, señalan en un comunicado.
Rusia y el propio Nicolás Maduro se quedan solos en el reconocimiento de Parra, vinculado en diciembre a la corrupción del programa de comida subsidiada, CLAP, y que todavía no ha podido demostrar cuántos votos obtuvo en la caótica jornada del domingo.
Guaidó inició este de 2020 con la aspiración a la reelección en la directiva de la Asamblea para continuar con la presión para la salida de Maduro y el inicio de una transición política en Venezuela como presidente interino reconocido por 60 democracias. Cinco piquetes policiales impidieron que llegara al Palacio Legislativo, donde los diputados chavistas y un grupo de opositores deslindados de Guaidó fraguaron el irregular nombramiento de Parra. Luego, la sesión para la elección de la junta directiva se realizó de forma accidental en la sede del periódico El Nacional, una posibilidad prevista en el reglamento interno de la Asamblea, en la que obtuvo 100 votos, casi dos tercios del Parlamento. No obstante, desde el domingo Parra se ha apoderado del Palacio Legislativo, ha usado los despachos para dar entrevistas como presidente, lo que abre un nuevo capítulo en la laberíntica institucionalidad venezolana.
Este viernes se cumple un año de que Maduro evadió el Parlamento y juró ante sus aliados del Supremo para un nuevo mandato tras unas elecciones anticipadas y en las que no participó la oposición, el 20 de mayo de 2018, y a las que la comunidad internacional no dio crédito. Es un año también de la vuelta política que soporta el interinato de Guaidó, frente a un escenario jurídico en el que Maduro venció su primer periodo y no se ha producido una elección legítima para el jefe de Estado.
Durante cuatro años el chavismo ha bloqueado a la Asamblea que controla la oposición. La ha intentado desestimar bajo la figura del desacato —que Parra ha anunciado resolver con una “reinstitucionalización” de la AN— y con la creación en 2017 de la paralela Asamblea Nacional Constituyente, comandada por Diosdado Cabello, uno de los principales operadores políticos de Maduro. En este tiempo, el líder chavista también ha evadido la rendición de cuentas de principios de año y la presentación del presupuesto ante el Parlamento, como exige la Constitución. El diputado de la bancada del PSUV, William Gil, ha dicho esta semana que Maduro podría este año volver a pararse frente a los diputados que respaldan la junta de Parra, el jefe de un Legislativo confeccionado a su medida.
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