El proceso tardaría más de 80 días, en caso de llegar a su punto final tanto en San Lázaro como en el Senado.
La Cámara de Diputados podría resolver los juicios políticos contra Rosario Robles Berlanga, extitular de Sedatu y Sedesol procesada por corrupción, en un aproximado de 78 días y en caso de avanzar al Senado, los trámites se alargarían unos seis días más.
El miércoles, la Subcomisión de Examen Previo que analizó las denuncias contra Robles Berlanga decidió que son procedentes, por lo que deberá remitirlas a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, las cuales a su vez ordenarán que se turnen a la sección instructora de la Cámara de Diputados.
La sección instructora realizará todas las diligencias necesarias para comprobar las acusaciones y abrirá un plazo de 30 días naturales para recibir pruebas del denunciante y del servidor público acusado; este plazo podrá alargarse “en la medida en que resulte estrictamente necesario”, de acuerdo con el documento “El juicio político”, publicado por la Dirección General del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados.
Terminado el plazo para recibir pruebas y con el expediente listo, la sección instructora lo pondrá a la vista del denunciante por un plazo de tres días naturales y por el mismo lapso a la del servidor público y sus defensores.
Después del respectivo plazo de tres días, tanto la parte denunciante como la acusada presentarán sus alegatos por escrito dentro de los seis días naturales siguientes y una vez finalizado ese tiempo, la sección instructora formulará sus conclusiones.
De acuerdo con el documento de la Cámara de Diputados, todo este proceso debe durar entre 60 y 75 días, pues “la sección instructora deberá practicar todas las diligencias y formular sus conclusiones hasta entregarlas a los secretarios de la Cámara dentro del plazo de sesenta días naturales, contado desde el día siguiente a la fecha en que se le haya turnado la denuncia, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre impedida para hacerlo”.
En este caso podrá solicitar de la Cámara que se amplíe el plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción. El nuevo plazo que se conceda no excederá de quince días.
Tras la emisión de las conclusiones sigue un plazo de tres días naturales dentro de los cuales la Cámara de Diputados debe reunirse para resolver el caso. Primero, los legisladores escucharán los argumentos del denunciante y los del acusado y su defensa. Una vez que se hayan retirado, comenzará la deliberación.
Si el Pleno de la Cámara de Diputados resuelve que procede acusar al servidor público, debe poner a disposición del Senado la acusación y designar a tres diputados para que la sostengan ante la Cámara Alta.
Una vez recibida la acusación, el Senado la turnará a la sección de enjuiciamiento, la cual recibirá por escrito los alegatos de los tres diputados, del denunciante, y del acusado y su defensa, ésto por un plazo de cinco días.
La sección podrá realizar las diligencias que crea necesarias y emitirá sus propias conclusiones. Recibidas éstas, la presidencia de la Mesa Directiva anunciará que el Senado debe erigirse en Jurado de Sentencia dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de las conclusiones, para tomar una decisión final.
La consecuencia más grave que podría tener un juicio político para un servidor público es la de ser destituido del cargo. En el caso de Rosario Robles Berlanga solo podría ser sancionada con la inhabilitación de ocupar cargos públicos.