La aprobación de la reforma electoral conocida como el “Plan B” del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha desatado protestas multitudinarias y alertas internacionales por un supuesto riesgo para la democracia del país.
Estos son algunos de los puntos más polémicos de la reforma impulsada por López Obrador, que el miércoles pasado se aprobó en el Senado y por la que este domingo cientos de miles de ciudadanos protestaron en más de 100 ciudades para pedirle a la Suprema Corte que la invalide.
Presentado en abril pasado por López Obrador, el primer proyecto de reforma constitucional fue el más controvertido.
Buscaba modificar 18 artículos de la Constitución y suponía la transformación más trascendental de las elecciones en México en más de 30 años.
Uno de los puntos más polémicos era la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE), órgano autónomo que surgió en 1990, entonces como Instituto Federal Electoral (IFE), para quitarle al Gobierno el control de las elecciones.
Al llegar al Congreso, en diciembre pasado, el primer plan fracasó tras no alcanzar los dos tercios requeridos para una reforma constitucional.
Pero ahora se aprobó una segunda propuesta del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente, que se conoce como “Plan B” y que solo requirió mayoría simple porque reforma seis leyes secundarias.
Tras casi dos meses en el Senado, la iniciativa se avaló el miércoles pasado con modificaciones.
Austeridad vs. estructura electoral
Uno de los principales cambios es la reducción del 80 % de los salarios del órgano electoral, cuyas funciones serán compactadas, lo que supondrá un reto para la elección presidencial de 2024, según coinciden analistas consultados por EFE.
Aunque el INE no desaparece, se adelgaza la estructura electoral, expone Luis Miguel Carriedo, especialista en comunicación electoral y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Por otro lado, Francisco Burgoa, abogado y profesor de derecho constitucional en la UNAM, cuestiona que estos cambios se hagan al faltar poco más de un año para las elecciones presidenciales, cuando históricamente “las leyes electorales se suelen hacer en el primer trienio del sexenio”.
Aunque las reformas no aplicarán a las elecciones estatales de este año en Coahuila y Estado de México, sí lo serán para los comicios presidenciales del año próximo, cuyo proceso formal inicia este junio.
Cláusulas controversiales
Otro de los puntos más controvertidos que revisó el Senado era la llamada “cláusula de la vida eterna”, que suponía que los partidos podían conservar su registro si no obtenían el requerido 3 % de las preferencias, al permitir la transferencia de votos entre los partidos de una misma coalición.
Finalmente quedó fuera, pero generó divisiones en la alianza de partidos afines al Gobierno e incluso el presidente avisó que vetaría la ley si la contenía.
No obstante, otra de las cláusulas más cuestionadas, conocida como “Salgado Macedonio”, sí se aprobó, según indica Carriedo.
Se le llama así por el excandidato Félix Salgado Macedonio, de Morena, a quien en 2018 le cancelaron la candidatura de Guerrero por no entregar sus informes de gasto de precampaña, como establecía la ley.
Al mismo tiempo, el político enfrentaba varias acusaciones públicas por violencia sexual.
“Ahora, el plan B pone una medida que dice que a nadie le pueden quitar una candidatura, salvo los supuestos del Artículo 38 constitucional, esto significa que solamente quien esté sujeto a un proceso penal podría eventualmente estar inhabilitad”, explica.
Un retroceso en igualdad
También destacan las modificaciones sobre las acciones afirmativas para garantizar la representación de grupos minoritarios, así como en cuanto a paridad de género, principio constitucional para que los órganos públicos se conformen de manera igualitaria por hombres y mujeres.
La organización Aúna, que busca la representación política de las mujeres en México, considera que el plan B “afectará directamente a las mujeres que buscan ocupar cargos públicos”.
La cofundadora de la plataforma, Mónica Tapia, explicó a EFE que en su implementación, la paridad ahora queda en manos de los partidos, como ocurría hace varios años, “sin las garantías de revisión y cumplimiento que ha realizado el INE”.
Por otro lado, indicó que “las acciones afirmativas que obligan a poner como candidatas a mujeres indígenas, jóvenes, afro, diversidad sexual o con discapacidad se reduce también de número de candidaturas”.
Muchos de estos puntos ya se impugnaron ante la Suprema Corte, que tendrá que resolver en tiempo récord antes del inicio del proceso electoral.
Source link