La manera de evitar el cierre masivo de empresas es dotar de liquidez a las pymes mediante acciones coordinadas de gobierno, Banco de México y grandes empresarios, pero no es un tema sobre la mesa.
Por Zacarías Ramírez Tamayo
Las empresas medianas y pequeñas necesitan con urgencia aliviar su falta de liquidez, de lo contrario muchas no sobrevivirán a la crisis, dice empresario regiomontano Fernando Turner, colaborador en temas económicos del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en 2012.
En medio de uno de los mayores colapsos de la economía mexicana, el empresario regiomontano hace un llamado al gobierno federal y al Banco de México para que coordinen acciones rápidas que permita las pymes obtener la liquidez para seguir operando.
Entre las medidas que propone con urgencia es devolver el IVA, poner un límite a los créditos de la banca al gobierno y empujarla para preste a medianos y pequeños negocios y que las grandes compañías paguen a sus proveedores en 30 días y no en 90. “Sin liquidez, las empresas no llegan a la otra orilla, aunque sean solventes”, dice Turner, quien también fue secretario de Desarrollo Económico de Nuevo León en los primeros años del actual gobernador Jaime Rodríguez El Bronco.
Este año, la economía mexicana caerá 6.6%, según las perspectivas del Fondo Monetario Internacional (FMI) dadas a conocer este martes, en tanto que la economía de Estados Unidos, de la que México depende en alta medida, caerá 5.9%.
Los observadores consideran que las pymes serán más golpeadas, de las que unas 100,000 podrían cerrar sus puertas, si bien no existen estudios rigurosos sobre la dimensión del impacto.
Pero López Obrador piensa que la obligación del gobierno no es con las empresas, sino con la población más desprotegida y con los proyectos ideados por su gestión, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Su plan de reactivación, presentado el domingo 5 de abril, considera dar créditos de vivienda, préstamos a familias y microempresas y pagos directos a trabajadores agrícolas, pescadores y campesinos.
Ese enfoque tensó como nunca en su gobierno las relaciones con los organismos empresariales, que esperaban estímulos y diferimientos fiscales, por lo que, al no ser considerados, criticaron el plan con dureza inusitada, convocaron a un gran acuerdo nacional para preservar el empleo y propusieron a quienes piden la remoción de López Obrador de la presidencia organizarse para el ejercicio de revocación de mandato en 2022.
Los empresarios esperaban que el gobierno expanda el gasto público como hacían gobiernos anteriores en periodos de crisis, pero López Obrador ve en ello una puerta para la corrupción, así que optó por apoyar a los pobres; bajo la premisa de éstos, al gastar ese dinero, evitarán que la economía se hunda del todo, dice José Galindo, investigador de la Universidad Veracruzana. “Con esa idea (el gobierno) está intentando extraer fondos de donde se pueda, desapareciendo fideicomiso, etcétera”, señala.
La confrontación no atiende las necesidades urgentes ni aborda problemas de fondo, como acabar con prácticas oligopólicas de grandes empresas y atender a la base industrial del país, considera Turner. “La cúpula de cúpulas del sector privado tiene la gran oportunidad de regresar a la base industrial de este país, los pequeños y medianos empresarios, nos traen de bandera, pero no nos pelan”, señala.
Turner fundó hace años la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI), un organismo que estuvo en “hold” y que ahora, ante lo que el empresario del sector autopartes considera la crisis de representación de los organismos cúpula, busca reactivarse. Hay que entrarle al toro, señala, debatir el tema de los monopolios, que es el tema central de este país y que en el debate actual entre empresarios y gobierno se ha dejado intacto. “Tenemos que hablar de un nuevo modelo económico”.
Se impone el pragmatismo
La rebeldía del CCE-Coparmex está acotada por la relación pragmática entre los empresarios más acaudalados y la 4T, según los entrevistados. Turner dice que el Presidente López Obrador aprovecha la debilidad de unos organismo empresariales desconectados de sus bases. “En los últimos 25 años, salvo Canacintra y Concamin, todos han representado a grandes empresas, y López Obrador ya se la sabe, pues tiene todo el colmillo”.
Pareciera que la relación entre los empresarios y el Presidente vive un momento álgido, pero no necesariamente es así, coincide José Galindo, investigador de la Universidad Veracruzana. El pragmatismo ha dominado esta relación, agrega, y el Presidente está tranquilo porque tiene muy cerca a los más acaudalados del país y sabe del poder que tienen sobre los titulares de las cámaras empresariales.
Algunos de estos peces gordos pueden estar decepcionados y hasta molestos, pensando que las medidas del Presidente son una tontería, pero su pragmatismo los hace mantenerse en alianza con él, saben que, si lo confrontan, perderían privilegios que todavía conservan, dice Galindo, autor de ensayos sobre el capitalismo de cuates en México. “López Obrador es muy inteligente y pragmático para establecer relaciones de ese estilo”, señala.
Pero el Presidente también corre riesgos. Está en una contradicción, observa Turner, porque se define como progresista y, sin embargo, se rodea de oligarcas, dice en referencia a las reuniones frecuentes del mandatario con los empresarios más acaudalados del país en Palacio Nacional.
Con su política de no apoyo a los negocios y el veto a empresas de las que sospecha de corrupción, deja a la deriva a empresas medianas y pequeñas que ya tienen una opinión negativa de su gobierno, y es una visión crítica que se ésta expandiendo. “López Obrador tiene ese grave problema. se le está pasando la mano y afectando a mucha gente -agrega-. El asunto es delicado”.
Lo que el CCE no hace
Mientras los poderes político y económico siguen en ese juego de espejos, la economía se desliza a una de las peores crisis.
A juicio de Turner, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) debería estar exigiendo al gobierno reglas más adecuadas para que el crédito fluya hacia los negocios pequeños, dice Turner, un empresario del sector de autopartes. Banxico, que usualmente iguala pyme con riesgo, es un actor que no ha hablado, que está agazapado, y el CCE no le exige que actúe debido a que uno de sus pilares son los bancos, que en esta crisis prefieren no arriesgarse a prestar, añade el también fundador y director general de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI). “El CCE ha sido omiso en ese sentido”, señala.
Turner cita el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos y su apoyo mediante la compra a la banca de créditos, hipotecas y otros instrumentos para que tenga liquidez y dé préstamos. “Aquí se debe de hacer lo mismo, eso no cuesta nada”.
En lugar de eso, posterior al plan del 5 de abril el gobierno federal anunció el otorgamiento de 2.1 millones de créditos a los afectados por Covid-19, tanto de la economía formal como informal. Y unos días después, el lunes 13 de abril, el IMSS dio la opción a las empresas de diferir por 12, 14 o 48 meses el pago de las cuotas patronales.
Y con motivo de la contingencia, López Obrador ofreció también devolver el IVA a las empresas conforme lo indica la ley. Es el tipo de cosas que no le cuestan fiscalmente al gobierno, no aumenta el déficit y es una forma de ayudar a las empresas pequeñas y medianas, indica Turner. “(Retener el impuesto) Es una práctica corrupta y perniciosa que inició José Antonio Mead (ex secretario de Hacienda), y una forma de jinetear el dinero (de los contribuyentes)”, agrega.
La función de Banxico del control de la inflación pierde sentido pues no hay demanda, señala el empresario regiomontano, además de que los causantes del alza de precios son el propio gobierno -con el aumento en las tarifas de sus servicios, como hizo el gobierno de la Ciudad de México con el incremento del TUA en el aeropuerto local el primer día de 2020- y los oligopolios.
“Vendrán aumentos en autopistas, aeropuertos, ferrocarriles, telecomunicaciones, etcétera, porque son empresas que tienen poder de mercado”, dice Turner, y añade que también se debe poner límites a los créditos que los bancos dan al gobierno con el fin de que, necesariamente, tengan recursos sobrantes para prestar a las pymes.
El sector privado también puede hacer que las grandes empresas se comprometan a pagar a sus proveedores en 30 días, en lugar de 90, como es usual, para ayudarlos a tener liquidez. “Si lo hicieran, liberarían mucho capital de trabajo diario a esas empresas y las haría más atractivas para que la banca les preste”, concluye Turner.