Estados Unidos debe poner fin al enjuiciamiento de Julian Assange, exigieron el lunes los principales medios de comunicación de Estados Unidos y Europa.
“Esta acusación sienta un precedente peligroso y amenaza con socavar la Primera Enmienda de Estados Unidos y la libertad de prensa”, señalaron en una carta abierta los editores y editoras de The Guardian, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel y El País.
Cada uno de estos medios ha colaborado con el fundador de WikiLeaks.
Assange es buscado por las autoridades estadounidenses por 18 cargos, incluido un cargo de espionaje. Dicho cargo está relacionado con la publicación por parte de WikiLeaks, de registros militares y cables diplomáticos estadounidenses confidenciales.
Sus partidarios dicen que es un héroe antisistema que ha sido victimizado porque expuso las malas acciones de Estados Unidos, incluso en los conflictos en Afganistán e Irak.
El lunes se cumplieron doce años desde que esos medios de comunicación colaboraron para publicar extractos de más de 250,000 documentos obtenidos por Assange en la llamada filtración del “Cablegate”.
El material fue filtrado a WikiLeaks por la entonces soldado estadounidense Chelsea Manning y reveló el funcionamiento interno de la diplomacia estadounidense en todo el mundo. Los documentos expusieron “corrupción, escándalos diplomáticos y asuntos de espionaje a escala internacional”, decía la carta.
En agosto, un grupo de periodistas y abogados demandó a la CIA y a su exdirector Mike Pompeo por acusaciones de que la agencia de inteligencia los espió cuando visitaron a Assange durante su estadía en la embajada de Ecuador en Londres.
Assange pasó siete años en la embajada antes de ser arrastrado y encarcelado en 2019 por violar las condiciones de la fianza. Ha permanecido en prisión en Londres mientras se decide su caso de extradición.
Si es extraditado a Estados Unidos, enfrenta una sentencia de hasta 175 años en una prisión estadounidense de máxima seguridad.
Su equipo legal apeló al Tribunal Superior de Londres para bloquear su extradición en una batalla legal que se ha prolongado durante más de una década.
“Publicar no es un delito”, dijeron los medios de comunicación en su carta del lunes.
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