El subsecretario Alejandro Encinas publicó en el Diario Oficial de la Federación las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en agosto pasado pidió al Estado liberar a Brenda Quevedo Cruz, implicada en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, al considerar que se trata de una detención arbitraria.
El acuerdo ya se conocía desde octubre pasado pero en ese momento el grupo pidió al Estado que difundiera su opinión “a través de todos los medios disponibles y de la forma más amplia posible”.
Hasta la fecha, Brenda Quevedo no ha sido liberada; desde el 28 de noviembre de 2007, está privada de su libertad.
La opinión del grupo de trabajo es que “teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería la liberación inmediata de la Sra. Quevedo Cruz y otorgarle el derecho exigible a una indemnización y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional”.
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Este mes, el juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede el Reclusorio Norte, le negó el cambio de medida cautelar para continuar su proceso en libertad, con lo que Brenda cumplirá 14 años en prisión sin que se le haya dictado sentencia.
Al dictar el fallo, el juez Alfredo Silva Juárez, consideró que no le puede cambiar la medida cautelar debido a que existe un alto riesgo de fuga, por lo que debe continuar en prisión durante el proceso que se le sigue.
El Grupo de Trabajo consideró en su opinión de octubre que la demora en el enjuiciamiento “ha hecho que las actuaciones contra ella sean fundamentalmente injustas. Los delitos de los que se le acusa ocurrieron el 11 de julio de 2005, hace más de 15 años. Es probable que la integridad de las pruebas y el recuerdo de los hechos por parte de los testigos se hayan deteriorado significativamente durante este período”.
“Asimismo, es probable que los testigos y otras personas que participan en el proceso se hayan formado una opinión de que la Sra. Quevedo Cruz es culpable, dado que ha estado encarcelada durante muchos años”, anotó.
“El Grupo de Trabajo reconoce que todos los Estados tienen la obligación de investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de haber cometido delitos, incluidas las denuncias graves relacionadas con la delincuencia organizada. Sin embargo, la opinión del Grupo de Trabajo en este caso no se refiere a los cargos que son objeto de las actuaciones contra la Sra. Quevedo Cruz, sino más bien a las condiciones en que se llevaron a cabo dichas actuaciones”, señaló.
“Los Estados deben respetar las garantías procesales en beneficio de todo acusado, independientemente del delito del que se trate, contenidas en los artículos 9 y 14 del Pacto, cuyas violaciones se han identificado en el presente caso”, afirmó.
Agregó que Quevedo Cruz ha sido privada de su libertad en cinco centros de detención diferentes en México durante los últimos 11 años, y no se ha realizado una clasificación objetiva de su situación. En consecuencia,” ha sido recluida en prisiones que tienen un grado de seguridad superior al necesario, como la prisión de las Islas Marías, que es un centro penitenciario para condenados. Además, a la Sra. Quevedo Cruz se le negó el derecho a ser ubicada en el centro de detención más cercano a su domicilio”.
El Grupo indicó que Brenda habría sido sometida a dos incidentes separados de tortura y malos tratos durante su detención.
“Según la fuente, el 27 de noviembre de 2009, durante su detención en el Centro de Prevención y Readaptación Social “Santiaguito“ en Almoloya de Juárez, a la Sra. Quevedo Cruz le vendaron los ojos, la esposaron, amenazaron, golpearon y le colocaron una bolsa en la cabeza para causarle asfixia. La fuente afirma que el propósito de este tratamiento fue forzar una confesión. El 13 de octubre de 2010, luego de su traslado a la prisión de Islas Marías, la Sra. Quevedo Cruz fue presuntamente vendada en los ojos, con una manta alrededor de sus brazos y atada con cinta adhesiva. Fue agredida sexualmente, sometida a descargas eléctricas y agua en la cara, y se profirieron amenazas contra sus familiares. Se presentaron dos denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en relación con estos hechos”, precisó.
En contraste, la activista Miranda de Wallace sostiene que Brenda es culpable del secuestro y asesinato de su hijo.
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