NUEVA YORK — Donald Trump levantó las manos frustrado el martes cuando un juez programó su juicio penal para el 25 de marzo, poniendo al expresidente y actual candidato en un tribunal de Manhattan en plena temporada de primarias presidenciales del próximo año.
Trump, que compareció por videoconferencia en una audiencia previa al juicio en el caso del dinero secreto, frunció el ceño a la cámara cuando el juez de Nueva York, Juan Manuel Merchan, le aconsejó que cancelara todas las demás obligaciones durante el juicio, que podría durar varias semanas.
El exmandatario, que vestía un traje azul contra un fondo de banderas estadounidenses en su propiedad de Florida, luego se dirigió a un abogado que estaba a su lado (su breve conversación no se pudo escuchar en el video) antes de sentarse con los brazos cruzados por el resto de la audiencia.
Trump se había declarado no culpable el mes pasado de 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales en la empresa de su familia, la Organización Trump.
El expresidente ha hecho que el caso de Nueva York y la larga lista de otras investigaciones que enfrenta sean fundamentales para su campaña para recuperar la Casa Blanca, presentándose a sí mismo como víctima de un esfuerzo coordinado para empañar sus posibilidades. Trump a menudo habla de los casos en sus mítines y en otros discursos, y ha atacado repetidamente a fiscales y jueces por su nombre.
En la audiencia del martes, Merchan revisó una orden que prohibía a Trump divulgar públicamente ciertas pruebas entregadas por los fiscales.
Trump no tuvo que presentarse en persona en el juzgado para evitar los gigantescos desafíos logísticos y de seguridad que acompañaron su comparecencia el mes pasado. En cambio, el republicano fue conectado por videoconferencia, con su rostro retransmitido en los monitores de televisión de la sala del tribunal.
Trump puede hablar públicamente sobre el caso penal, según la orden de Merchan, pero corre el riesgo de ser declarado en desacato si utiliza las pruebas entregadas por los fiscales en el proceso de descubrimiento previo al juicio para apuntar a los testigos u otras personas involucradas en el caso.
Trump enfrenta 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales relacionados con los pagos que su empresa hizo a su exabogado, Michael Cohen. Los fiscales dicen que esos pagos tenían la intención de reembolsar y compensar a Cohen por orquestar pagos de dinero secreto durante la campaña de 2016 para enterrar las acusaciones de encuentros sexuales extramatrimoniales. Trump niega haber tenido aventuras extramatrimoniales y dice que la acusación tiene motivaciones políticas.
La orden de protección de Merchan prohíbe que Trump y sus abogados divulguen pruebas a terceros o las publiquen en las redes sociales, y exige que cierto material confidencial compartido por los fiscales sea guardado solo por los abogados de Trump, no por el propio Trump.
Los fiscales solicitaron la orden poco después del arresto de Trump, citando lo que dicen es su historial de hacer “declaraciones acosadoras, vergonzosas y amenazantes” sobre personas con las que está enredado en disputas legales.
Juan Merchán migró a EEUU cuando era niño, trabajó como repartidor de domicilios y se ha desempeñado como juez interino de la Corte Suprema de Nueva York desde 2009.
Merchan, al señalar el estatus “especial” de Trump como expresidente y actual candidato, ha dejado en claro que la orden de protección no debe interpretarse como una orden de mordaza y que Trump tiene derecho a defenderse públicamente.
Los abogados de Trump buscan que su caso penal sea trasladado a una corte federal. Continuará en la corte estatal mientras se desarrolla.
Rafael Pujols con los detalles.
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