El Ministerio de Asuntos Exteriores ha llamado a consultas este miércoles a la embajadora de España en Manuagua, María del Mar Fernández-Palacios, en protesta por la nota emitida ayer por el Gobierno nicaragüense “en la que se vertían graves e infundadas acusaciones contra España y sus instituciones, así como gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales”. La llamada a consultas del embajador es una de las fórmulas más duras de protesta diplomática, antesala de la ruptura de relaciones.
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La nota de la cancillería nicaragüense que ha provocado la reacción del ministro José Manuel Albares acusaba a España de “inadmisible intromisión en los asuntos internos” de Nicaragua y mezclaba en un totum revolutum la respuesta de las autoridades españolas al desafío independentista con la guerra sucia contra ETA. El Gobierno de Daniel Ortega denunciaba “la cínica y continua intromisión, injerencia e intervención” en sus asuntos internos, “impropia de gobiernos democráticos y de regímenes que incumplen continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia”.
A continuación, recordaba a España “sus graves temas pendientes, que vienen desde la década de los 80, cuando su entonces presidente socialista [en cursiva en el texto], don Felipe González, creó los llamados Grupos Antiterroritas de Liberación (GAL), que mancharon para siempre a España con responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad, nunca investigados ni juzgados”. Apostillaba la nota que España no ha esclarecido “cada uno de esos crímenes de odio y lesa humanidad que, según Naciones Unidas, no prescriben: es decir, están pendientes de investigación y condena en esa, llamada por ellos mismos, democracia perfecta”.
Condena por violación de derechos humanos
Nicaragua se ha convertido en un paria internacional ante la violación sistemática de los derechos humanos practicada por el Gobierno que dirigen Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. El régimen de Managua ha liquidado cualquier atisbo de democracia en las elecciones legislativas convocadas para el próximo 7 de noviembre: tras la detención de 32 líderes opositores, el pasado viernes se anuló la única candidatura de oposición que concurría a los comicios, la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL).
En el comunicado en el que llama a consultas a la embajadora, el Ministerio de Exteriores español recuerda que “las decisiones adoptadas por el Gobierno de Nicaragua para impedir la participación de la oposición en las elecciones generales […], junto con la aprobación de un marco legal represivo, eliminan las debidas garantías del proceso electoral en ciernes y privan de credibilidad a sus resultados”. Tras rechazar “de manera tajante” la nota de la cancillería nicaragüense, Exteriores exige a Nicaragua a que “cumpla con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política”.
Ya el pasado lunes Exteriores había lamentado la decisión de cancelar la personalidad jurídica de la candidatura opositora y había instado a Ortega a que “libere sin demora a los actores políticos detenidos, devuelva la personalidad jurídica a los partidos políticos y organizaciones civiles de la oposición y permita su libre participación en las elecciones”.
Las críticas de España a las medidas represivas del tándem Ortega-Murillo son compartidas por Estados Unidos y la UE. El Gobierno nicaragüense llamó el lunes a consulta a sus embajadores en Argentina, México, Colombia y Costa Rica, cuyos Ejecutivos habían criticado las redadas contra líderes opositores y habían llamado previamente a consultas a sus respectivos embajadores en Managua.
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