WASHINGTON DC – La Corte Suprema de Justicia falló este lunes en contra de ciertos inmigrantes que buscan ser liberados tras largos periodos de detención mientras luchan contra sus órdenes de deportación.
En dos casos que se decidieron este lunes, los magistrados determinaron que los inmigrantes que temen volver a sus países de origen no cuentan con derechos ante la ley federal para una audiencia de fianza en la que puedan acceder a su liberación, sin importar cuánto tiempo llevan detenidos.
El máximo tribunal también determinó por una decisión de 6-3 que los inmigrantes no pueden presentar casos conjuntos ante las cortes, un fallo que la magistrada Sonia Sotomayor dijo “dejará a muchos no ciudadanos vulnerables sin la capacidad de proteger sus derechos”.
La Corte Suprema ha tomado en años recientes una postura cada vez más limitada sobre el acceso de los inmigrantes al sistema judicial, medidas que fueron establecidas en las décadas de 1990 y 2000.
“Por un tiempo pareció que la Corte iba a retroceder un poco. En casos extremos, interpretaba la ley para permitir el proceso judicial lo más que se pudiese”, dijo Nicole Hallet, directora del centro para los derechos de inmigrantes de la Facultad de Leyes de la Universidad de Chicago.
“Claramente la Corte ya no está dispuesta a hacer eso”, agregó Hallet.
Los inmigrantes que demandaron exigiendo audiencias de fianza enfrentan detenciones de meses o incluso años antes de que se resuelvan sus casos.
Cientos de miles de casos se encuentran demorados en las oficinas federales.
La Corte Suprema falló en casos que involucran a personas de México y El Salvador que convencieron a oficiales de Seguridad Nacional que sus temores de volver a sus países de origen tienen una base creíble, algo que les otorga el derecho a proceso de revisión de sus casos.
Sus abogados argumentaron que los inmigrantes deberían tener la posibilidad de tener una audiencia frente a un juez de inmigración para determinar si pueden ser liberados. Los principales factores en estos casos son si los inmigrantes presentan un riesgo para la comunidad o si existe la posibilidad de que huyan al liberarlos.
Sotomayor escribió el fallo del máximo tribunal en un caso que involucra a Antonio Arteaga-Martínez, un inmigrante que había sido previamente deportado a México. El hombre fue detenido hace cuatro años y había ganado el derecho de ser liberado mientras su caso avanzaba en las cortes federales. La audiencia de Arteaga-Martínez sobre si podrá quedarse en Estados Unidos está pautada para 2023.
Pero Sotomayor escribió que la provisión de las leyes migratorias que aplica para personas como Arteaga-Martínez no requiere que el gobierno lleve adelante audiencias de fianza.
La Corte Suprema, a pesar de su decisión, dejó abierto el tema sobre la capacidad de los inmigrantes de argumentar que la Constitución no permite la detención por tiempo indeterminado sin el derecho a una audiencia.
El magistrado Samuel Alito escribió en el otro fallo de la corte que los jueces de inmigración pueden determinar los casos específicos que se presenten ante ellos, pero no tomar decisiones para un grupo de personas en una misma situación.
Sotomayor escribió la opinión de la minoría de los jueces, argumentando que es importante para personas que no tienen derecho a un abogado poder juntarse en demandas colectivas ya que además “en muchos casos no están familiarizados con el sistema legal o no hablan inglés de forma fluida”.
Los casos en los que falló la Corte Suprema son Johnson vs. Arteaga-Martínez, y Garland vs. Alemán González.
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