Guillermo Valdés señaló que la falta de precisiones en el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador “podría generar problemas legales” y sugirió hacerle ajustes para definir cuándo una información debe ser reservada y cuándo del dominio público.
Al decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador que ordena abrir los documentos relacionados con violaciones a derechos humanos, persecuciones relacionadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción, le falta precisar cuándo esa información deja de ser reservada y pasa a ser histórica y, por ende, de conocimiento público, aseguró el ex director del Cisen, Guillermo Valdés.
En entrevista para #AristeguiEnVivo, el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, respondió que esto se definirá en los siguientes 30 días a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), cuando el Archivo General de la Nación (AGN) determine los lineamientos y establezca cuáles documentos deben ser reservados por cuestiones de seguridad nacional y cuáles serán históricos y de conocimiento público.
En la conversación con la periodista Carmen Aristegui, Valdés Castellanos destacó que en las leyes de Seguridad Nacional y de Transparencia y Acceso a la Información se determina que cierta información debe estar reservada por tratarse de temas de seguridad nacional.
Añadió que las dependencias generan información para proteger al Estado y a las instituciones “y si se revela, daremos al crimen instrumentos para atacar al Estado. Por eso se reserva por determinada cantidad de años”.
Y reiteró su preocupación de que el decreto “no dice cuándo una información se vuelve histórica para enviarla al Archivo General de la Nación”, aunque aclaró que esto “no puede violentar lo que dice la Ley de Seguridad Nacional y la de Transparencia y Acceso a la Información”.
Recordó que también en esos archivos hay información confidencial con los datos de las personas, por ejemplo, la bancaria.
“Hay información que se puede poner en el Archivo General pero que sólo la persona involucrada puede consultar directamente. No puedo consultar el expediente de Elba Esther Gordillo. Eso dice ley: todos los datos personales de quienes están con vida son confidenciales y sólo se pueden hacer públicos tachando esa información personal”.
Incluso, advirtió que esto puede ser objeto de debate y de discusión de abogados, por lo que insistió que el documento requiere precisiones. “El decreto no especifica eso y podría generar problemas legales (por el tratamiento de) los expedientes de personas vivas o bajo investigaciones de la Fiscalía Generla de la República. Hay que hacer ajustes legales al decreto y definir cuándo se trata de información histórica”.
En respuesta, el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, destacó que el Artículo Segundo del acuerdo presidencial establece que será el propio AGN el que emitirá los lineamientos, en los siguientes 30 días a partir de su publicación en el DOF.
“(Ahí se definirá) Cómo le pedirá información a todas las dependencias (…) cuáles serán los criterios de apertura”, y apuntó que no se harán públicos los datos que afecten a terceros o que incluyan creencias, preferencias sexuales o procesos judiciales en marcha.
El funcionario apuntó que esto se realizará en colaboración de expertos y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), para “hacer bien las cosas y evitar que en 17 años enfrentemos la misma complicación”.
Robledo Aburto apuntó que actualmente se encuentra en el AGN toda la información que tenía en su poder la DFS, pero la que se generó de 1985 a la fecha está en poder de las dependencias, por lo que partir del actual decreto presidencial, esas instancias deberán entregar los datos en versiones públicas y con reserva de los que son sensibles o personales.
Al respecto, Guillermo Valdés recordó que desde el sexenio de Vicente Fox Quesada, entre 2001 y 2002, todos los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) se entregaron al Archivo General de la Nación (AGN).
Sin embargo, Zoé Robledo apuntó que aunque se entregaron cajas con toda información, “nunca se transfirieron los archivos del Cisen al Archivo General de la Nación. Se cambiaron de oficina, pero siguieron bajo control del Cisen”.
Destacó que “esta distorsión no debió ocurrir. El problema es que en 2001 se hace la transferencia, pero el artículo 7 del acuerdo decía que se debían recibir, custodiar, organizar y conservar los archivos, lo que no se hizo”.
Valdés Castellanos añadió un problema. Aunque señaló que los documento que están en el AGN, “es información está totalmente abierta y es consultable, lo que se requiere para que un ciudadano pueda acceder a ella es más personal ya que la información está dispersa“, precisó.
Guillermo Valdés ejemplificó con el caso del fallecido líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fidel Velázquez, de quien dijo “deben haber 25 o 30 mil documentos pero que no están juntos u ordenados en una caja. Para evitar el acceso, se dispersaban en distintas áreas y en cajas”.
Apuntó que en su gestión al frente del Cisen, de enero 2007 a septiembre de 2011, ordenó la digitalización de la información, pero enfrentó problemas de personal.
“Son miles de documentos no organizados, dispersos. Esa tarea podía llevar meses y sólo había dos o tres personas del Cisen que no se daban abasto (…) El archivo es enorme, en la Galera 1 del Archivo General de la Nación hay cientos de miles de documentos”.
Aquí la entrevista completa: