Félix Bolaños ha sido una de las piezas más importantes del Gobierno de Pedro Sánchez: el negociador. Una especie de embajador diplomático sin salir del territorio nacional que pasó de la sombra a las portadas de los diarios con la exhumación y traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos en 2018, operación que dirigió personalmente tras una ardua negociación con la familia. El hasta ahora secretario general de la Presidencia, abogado de formación —fue número uno de su promoción—, nació el año en que murió el dictador y asumirá la cartera que ocupaba la vicepresidenta Carmen Calvo, quien ha dejado lista para el próximo Consejo de Ministros la nueva Ley de Memoria Democrática.
Fue a Bolaños, junto a María Jesús Montero, a quien Sánchez encomendó la negociación con Podemos que dio lugar al “pacto del abrazo” y permitió formar el primer Gobierno de coalición desde la II República. Se repartieron por áreas para hablar con Pablo Echenique e Ione Belarra, al inicio por separado y luego los cuatro juntos. Bolaños regaló al primero dos agendas de La Moncloa con la bandera española después de que este le dijera que le gustaban y la complicidad que surgió entre ambos sorprendió a otros dirigentes de Podemos que no conocían sus reuniones. El secretario general de la Presidencia reemplazaba entonces también a Calvo, que había negociado sin éxito en verano con Echenique y que en el siguiente y definitivo intento para la investidura de Sánchez se dedicó a tratar de obtener el apoyo del PNV.
También fue Bolaños el elegido para la difícil negociación con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Las conversaciones finalmente se frustraron, pero fuentes del equipo del principal partido de la oposición comentaban entonces que el secretario de la Presidencia era un buen negociador y culparon a la presión de Podemos de la voladura del pacto para renovar al órgano de gobierno de los jueces. Sí llegaron a un acuerdo para renovar el consejo de administración de RTVE.
Su mayor logro hasta la fecha ha sido el que le ha dado también la popularidad: la exhumación de Franco. Los planes del Gobierno para trasladar los restos del dictador fuera del monumento se habían puesto en marcha en 2018, pero la operación no pudo llevarse a cabo hasta octubre de 2019 porque la familia batalló en los tribunales hasta el último momento para tratar de impedirlo. Bolaños y Utrera Molina, el abogado de los Franco, se citaron primero fuera de La Moncloa, en un hotel que el Gobierno utiliza a veces para reuniones discretas y tres veces más con Francis Franco, nieto del dictador, en la sede del Ejecutivo. Durante esos encuentros, la familia pidió honores militares para el dictador y que el féretro se cubriera con la bandera preconstitucional. Bolaños se opuso, pero el día de la exhumación, el nieto de Franco se presentó con una bandera preconstitucional en la mano. El secretario de Presidencia ordenó a la Guardia Civil que se la requisara antes de acompañar a los restos del dictador en helicóptero desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo.
Sánchez premia ahora al negociador en la sombra con los focos de un ministerio que tiene por delante la exhumación de las criptas del Valle de los Caídos y el desarrollo de la nueva Ley de Memoria Democrática, que prevé llevar la enseñanza de la represión franquista a las escuelas y la extinción de fundaciones como la que lleva el nombre de Francisco Franco. Tras pasar el martes por el Consejo de Ministros, la ley iniciará su trámite parlamentario, donde tendrá en frente al PP y a Vox. Otra complicada negociación para Bolaños.
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