La justicia argentina ha fijado una nueva fecha para tomar declaración a Rodolfo Martín Villa. El exministro, acusado de varios delitos de homicidio agravado, deberá acudir el 3 de septiembre a “una representación consular o embajada” de Argentina en España para comparecer por vía telemática ante la juez María Romilda Servini, titular del Juzgado Federal número 1 de Buenos Aires. Los supuestos delitos de Martín Villa habrían sido cometidos durante su etapa al frente del Ministerio del Interior, entre 1976 y 1979.La causa judicial en Buenos Aires se abrió hace diez años, basándose en el principio de justicia universal que ya había utilizado el entonces juez español Baltasar Garzón para forzar la detención en Londres durante año y medio del exdictador chileno Augusto Pinochet. En 2014, la juez argentina María Romilda Servini emitió una orden de detención internacional contra el exministro Rodolfo Martín Villa que fue rechazada por el Gobierno de España, presidido entonces por Mariano Rajoy. Al año siguiente, la juez se declaró dispuesta a viajar a España para interrogar a Martín Villa. Esa iniciativa tampoco se concretó.En 2016, la jueza envió una comisión rogatoria para que el exministro del Interior prestara declaración ante un tribunal español, pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy exigió conocer de antemano las preguntas y dilató el asunto hasta que el tribunal bonaerense retiró la orden internacional de detención y ofreció la posibilidad de que Martín Villa viajara a Argentina para declarar, sin correr riesgo de ser detenido.Pero la Audiencia Nacional española decidió en 2018 que Martín Villa no debía declarar ante la justicia argentina, porque sus presuntos delitos ya habían prescrito o quedaban cubiertos por la Ley de Amnistía de 1977. La causa se detuvo hasta 2019, cuando la juez Servini, con fecha 28 de marzo, reclamó de nuevo la toma de declaración indagatoria. Se fijó como fecha para el trámite procesal el 20 de marzo de 2020. Para entonces, tanto España como Argentina estaban sometidas a cuarentena por la pandemia de covid-19. Tentativamente se trasladó la fecha al 26 de mayo, también inviable. La nueva cita se fija ahora para el 3 de septiembre, con una declaración a través de internet.Rodolfo Martín Villa fue incluido en la causa argentina junto con otros seis altos cargos del franquismo y 13 personas más (policías y jueces) que han ido falleciendo. Al que fue secretario general de la Organización Sindical Española y gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Barcelona durante el franquismo, y ministro de Relaciones Sindicales y del Interior durante la transición, el tribunal federal de Buenos Aires le atribuye 12 delitos de homicidio agravado. Todos ellos, menos uno (la muerte por disparos de la policía de cinco trabajadores en Vitoria, el 3 de marzo de 1976) ocurrieron durante su etapa al frente del Interior, por actuaciones policiales o de grupos ultraderechistas que gozaban de impunidad.Dispuesto a declararMartín Villa, de 85 años, nunca se ha negado a declarar. De hecho, ya había comprado el billete de avión para comparecer ante la juez Servini en diciembre pasado. En diversas ocasiones ha declarado que se siente tranquilo y dispuesto a explicar las circunstancias en que desarrolló su tarea como ministro del Interior en unos años extremadamente turbulentos.Juez veterana. La juez María Romilda Servini, de 83 años, fue premiada en 2015 por la fundación española Abogados de Atocha y se ha ocupado de algunos de los casos más delicados en la historia reciente de la justicia argentina. Defendió como abogada a la expresidenta Isabel Perón, acusada de diversos delitos por la dictadura militar que la derrocó; instruyó el sumario de la familia de secuestradores y asesinos Puccio (sobre los que se filmó la película; hizo parte de los trámites del sumario sobre el asesinato del general Carlos Prats por un sicario de Pinochet; y se ocupó de la actuación policial durante los disturbios del 20 de diciembre de 2001, cuando colapsó la economía argentina. Algunas actuaciones de Servini también han recibido críticas: entre las más sonadas, cuando en 1992 consiguió una orden judicial que impedía al célebre humorista Tato Bores hablar de ella.
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Fernández presenta una ambiciosa reforma para superar “la crisis de credibilidad” de la justicia argentina
