La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que presentará denuncias contra jueces y magistrados que permitieron la libertad de ocho militares vinculados con el caso Ayotzinapa.
En un comunicado, la fiscalía reparte culpas y responsabilidades al Poder Judicial, medios de comunicación, abogados y extorsionadores mediáticos.
En ninguna parte el ministerio público toma responsabilidad por la falta de avance en la indagatoria por la desaparición de los normalistas.
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FGR rechaza la decisión tomada por la Jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo y de los Magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio.
FGR sostiene que “en una secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y para la protección de las víctimas, le fueron concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen, y desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de las Fuerzas Armadas quienes fueron acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa”.
El comunicado señala que los soldados “cometieron el delito de desaparición forzada de personas” y que ahora están cerca de obtener su libertad gracias a una estrategia de amparos.
La FGR anunció denuncias penales contra los jueces, argumentando “hechos cometidos en contra de la administración de justicia”.
El comunicado afirma que decisiones de este tipo se repiten “en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política”, además de que se utilizan por “algunos medios de manera parcial y engañosa”.
FGR señala que esta decisión es responsabilidad exclusiva del poder judicial, aunque hay medios que apuntan contra el ministerio público.
También señala a “despachos de abogados, a relaciones personales o familiares, a autoridades judiciales de la más alta jerarquía y a extorsionadores mediáticos que han sido exhibidos públicamente, y que se dedican a distorsionar la justicia, a traficar influencias y a descalificar las tareas del Estado y de sus instituciones; todo ello por razones aviesas y de voracidad patrimonial”.
Aquí el comunicado íntegro:
La Fiscalía General de la República (FGR), rechaza de manera tajante la determinación de la Jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo y de los Magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio que, en una secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y para la protección de las víctimas, le fueron concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen, y desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de las Fuerzas Armadas quienes fueron acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa.
Por lo anterior, aplicando procedimientos de amparo y de ampliación de amparo con el propósito de generar una evidente situación de injusticia, que está afectando a 43 desaparecidos, a sus familias, a su seguridad y a la nación misma, dada la brutalidad de los abusos cometidos y del peligro de una libertad procesal para quienes cometieron el delito de desaparición forzada de personas sobre las cuales ahora se determina una libertad procesal de alta peligrosidad.
Ante dicha cerrazón, absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado Mexicano dada la gravedad de los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa, esta representación social federal presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas e iniciará las acciones que señala el artículo 225, fracciones VI, VII y VIII del Código Penal Federal, que castigan como delito los hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen.
Esta conducta procesal notoriamente injusta, que se repite constantemente en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política, se utiliza por algunos medios de manera parcial y engañosa, como se acaba de evidenciar también en la primera plana de un diario de circulación nacional, que señala que una orden de aprehensión QUE HABÍA SIDO EMITIDA POR UN JUEZ FEDERAL, AHORA ES RECHAZADA POR OTRO JUEZ FEDERAL, TODO LO CUAL ES RESPONSABILIDAD ÚNICA DE LOS MISMOS; pero, en cambio, dicho diario se la atribuye al Ministerio Público Federal, lo cual evidencia la parcialidad y la falta de objetividad de dicho medio.
Esta distorsión mediática se ha venido repitiendo de manera constante y progresiva durante los últimos años, lo que ha demostrado la persecución y la descalificación injustas de los medios que así han actuado, destacando de manera dolosa un corto número de casos de trascendencia en los cuales la representación social ha actuado de manera inmediata , logrando vinculaciones a proceso que habían estado abandonadas por años, y que ahora se tienen que litigar frente a determinaciones judiciales que han sido notoriamente parciales e injustas.
Para acreditar debidamente esta permanente distorsión mediática y esta manipulación de cifras, es necesario señalar que solamente durante 2023 el Ministerio Público de la Federación obtuvo nueve mil 150 sentencias favorables para las víctimas; lo cual demuestra que una parte muy importante de los jueces federales sí actúan con imparcialidad y con apego a derecho, mientras los medios ya aludidos buscan que esta representación social se confronte con todo el poder judicial, lo cual no puede aceptarse en modo alguno.
Es necesario señalar también, que en los “mecanismos alternativos de solución de controversias” que es una función única y exclusiva de la FGR, se lograron determinar durante 2023, otros dos mil 427 acuerdos con efectos de sentencia firme, en favor de las víctimas que acudieron a dicho método de procuración de justicia inmediata y eficiente.
De todos esos resultados, la FGR difundió diariamente a nivel nacional, durante el 2023, más de 700 comunicados, y a nivel local cerca de cuatro mil comunicados más. Toda esta obligación de información se ha cumplido rigurosamente, sin que la FGR haya pagado ni un solo centavo en los últimos cinco años para comprar publicidad mediática que la favorezca o que genere una imagen que debe de ganarse con información permanente, veraz y objetiva, tanto de la Institución como de los medios.
En este entorno, casos como el que analizamos al principio de este informe vinculan con toda claridad a despachos de abogados, a relaciones personales o familiares, a autoridades judiciales de la más alta jerarquía y a extorsionadores mediáticos que han sido exhibidos públicamente, y que se dedican a distorsionar la justicia, a traficar influencias y a descalificar las tareas del Estado y de sus instituciones; todo ello por razones aviesas y de voracidad patrimonial.
Frente a esta situación que es pública y notoria, la Fiscalía General de la República continuará informando con puntualidad y respeto, mientras que cada uno de los tres mil 439 Agentes del Ministerio Público de la Federación realizan las tareas que tienen la obligación y la autoridad de cumplir, y en las que siempre se les apoyará y se les exigirá sin excepción, la honestidad y la eficiencia en sus conductas.
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