La Fiscalía General de la República (FGR) descartó la voz contenida en un audio clave en la investigación por huachicol fiscal sin haber analizado a todos sus participantes, acusó la defensa de Fernando Farías Laguna, contraalmirante señalado, junto con su hermano Manuel, por su presunta participación en la red de huachicol fiscal que operaba en las aduanas marítimas.
“La Fiscalía llega a la conclusión de que la voz que aparece en ese audio no corresponde a Fernando Guerrero, tras compararla con registros oficiales; sin embargo, no se investigó la voz del almirante ni la de los otros asistentes”, afirmó el abogado Epigmenio Mendieta en entrevista para Aristegui en Vivo.
Asimismo, confirmó que este jueves fue detenido Fernando Farías Laguna, en Buenos Aires, Argentina, como resultado de una operación coordinada entre autoridades mexicanas con Interpol, a partir de una ficha roja emitida por presuntos delitos de delincuencia organizada vinculados al tráfico ilegal de hidrocarburos.
De acuerdo con la defensa, el audio en cuestión documenta una reunión en la que se expusieron presuntos mecanismos de operación de una red de huachicol fiscal y en la que habrían participado mandos navales; sin embargo, sostuvo que el análisis técnico realizado por la FGR fue limitado tanto en su alcance como en la calidad del material examinado.
El audio no fue analizado desde su fuente original, lo que hicieron fue preservarlo y bajarlo de una red social, cuando en cualquier investigación técnica se debe acudir al archivo primario, que es el que tiene mayor calidad y precisión.
En ese sentido, subrayó que trabajar con versiones difundidas en internet implica riesgos técnicos que pueden afectar la identificación de voces.
Además, el abogado señaló que el estudio pericial fue incompleto, ya que solo se enfocó en una de las voces presentes en la grabación, sin extender el análisis al resto de los participantes.
“La finalidad de la solicitud que hicimos era que se analizaran todas las voces que participan en esa reunión; es decir, también tendría que hacerse la confronta de la voz del almirante y de las otras personas que intervienen, pero eso no sucedió”, sostuvo.
#ElAudioDeLaMarina
El “Audio de la Marina”, difundido por Aristegui Noticias el 17 de febrero, contiene el testimonio del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien denunció una red de huachicol fiscal tras reunirse en junio de 2024 con el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, y en el que menciona a Fernando Farías Laguna en el contexto de presuntos sobornos en aduanas.
En la grabación, Guerrero relata que buscó a Farías para confrontar a mandos navales señalados por pagos de hasta 500 mil pesos semanales en operaciones aduaneras, reuniones que antecedieron a su asesinato en noviembre de 2024 tras presentar denuncias formales ante autoridades de la Marina.
Para la defensa, esta omisión impide establecer con claridad quiénes estuvieron presentes en el encuentro y cuál fue su papel dentro de los hechos investigados.
Si no identificas a todos los que participan en ese audio, no puedes reconstruir lo que ocurrió ni determinar responsabilidades.
El audio es considerado una pieza relevante dentro del caso, al contener una conversación en la que se describen presuntos actos de corrupción relacionados con el ingreso irregular de combustibles al país, por ello, Mendieta consideró que la forma en que fue tratado por la autoridad reduce su valor probatorio.
“Me parece que a ese audio simplemente le dan la vuelta y lo minimizan de un plumazo, se descarta una voz y lo demás ya no se investiga”, dijo Mendieta.
El abogado también cuestionó el origen de la investigación, al señalar que la carpeta no se inició a partir de una denuncia formal derivada de los hechos expuestos en esa reunión, sino de material difundido en redes sociales.
“El punto de origen no es una denuncia de la Secretaría de Marina ni una actuación formal, sino un video que circula en redes sociales, que incluso habría sido elaborado con herramientas digitales, y a partir de ahí se construye toda la historia”, afirmó.
Según explicó, ese material contenía nombres, fechas e información que posteriormente fue retomada por la autoridad para estructurar la investigación, sin que, a su juicio, se hubiera verificado su autenticidad.
Además, la defensa destacó la existencia de una carta atribuida a Fernando Guerrero Alcántara, marino asesinado tras denunciar presuntos actos de corrupción relacionados con el mismo caso, documento que forma parte del expediente.
Esa carta da nombres, fechas, explica cómo se hacían los contactos, cómo se realizaban los pagos y cómo operaba la red, pero la Fiscalía construye una versión distinta a lo que ahí se dice.
De acuerdo con Mendieta, la interpretación que hace la FGR del contenido de ese documento es contradictoria, ya que lo utiliza como base para imputar responsabilidades que, según afirmó, no se desprenden del texto.
“La Fiscalía utiliza esa carta como si fuera un testigo de cargo que señala directamente a los hermanos Farías, cuando en realidad el propio documento dice que lo engañaron y que le hicieron creer que ellos estaban involucrados”, sostuvo.
Añadió que, dentro de la carta, Guerrero refiere que fue víctima de una suplantación de identidad, lo que habría distorsionado su percepción sobre quiénes participaban en la red.
Él mismo reconoce que fue engañado y que le hicieron creer que los hermanos Farías tenían conocimiento y participación, lo cual después se da cuenta que no era así.
Otro de los puntos señalados por la defensa es la falta de acceso completo a la carpeta de investigación y aseguró que el expediente consta de 28 tomos y 75 anexos, pero solo ha tenido acceso a 22.
El abogado indicó que las respuestas de la autoridad han sido reiteradamente negativas o diferidas, bajo argumentos administrativos o de seguridad nacional.
Se argumenta que la información está siendo consultada por otras defensas, que se está integrando o que es de seguridad nacional, siempre hay una razón para no entregarla.
Entre los elementos que, según la defensa, no han sido proporcionados se encuentran registros de acceso a instalaciones, listas de ingreso y salida, nombramientos de personal y funciones operativas específicas.
“Solicitamos los videos de las aduanas, las listas de entrada y salida, los nombramientos que supuestamente firmaron y las funciones operativas de cada uno, y no nos han entregado nada”, dijo y expuso que estos datos podrían determinar si los acusados tenían la capacidad real de intervenir en los hechos que se les imputan.
Con esa información podrías establecer si tenían mando, si podían tomar decisiones o si realmente podían hacer lo que se les atribuye, pero sin esos datos no hay forma de verificarlo.
Tras la detención de Fernando Farías, el abogado confirmó que ya tuvo comunicación con su representado y que este será presentado ante un juez federal argentino.
“Fue detenido el 23 de abril aproximadamente a las 14:00 horas en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, por la Policía Federal de Argentina y la Interpol de ese país, con fines de extradición”, detalló.
Indicó que en la audiencia inicial se verificará su identidad, se le informarán los cargos y se determinará su postura frente a la solicitud de extradición.
Se le va a preguntar si se allana a la solicitud o si se opone, lo que abriría la posibilidad de una estrategia legal para enfrentar ese proceso.
El abogado también confirmó que Farías ingresó a Argentina con documentación falsa, lo que atribuyó a un contexto de temor por su seguridad.
“Él refiere que, ante el miedo de ser privado de la vida o de ser asesinado, tomó esa decisión, que jurídicamente es incorrecta y que tendrá que enfrentar en ese país”, señaló.
Respecto al fondo del caso, la defensa sostuvo que el papel de Farías ha sido interpretado de manera incorrecta, ya que, según afirmó, su intervención se limitó a facilitar el contacto para que se expusiera información relevante.
Lo que hizo fue servir como canal para que se pudiera poner en conocimiento del alto mando una situación que ya había ocurrido, no formaba parte de la operación.
En cuanto a Manuel Roberto Farías, el abogado rechazó que se le pueda atribuir un papel de mando dentro de la presunta red, porque en el periodo que se está investigando, “la función que tenía Manuel Roberto era de secretario particular de un subsecretario de la Marina, es decir, no tenía mando, no tenía toma de decisiones y lo único que hacía era hacer cumplir las decisiones de su jefe”, afirmó.
Añadió que atribuirle la capacidad de operar una red de gran escala implicaría suponer que actuó al margen de toda la estructura institucional sin que nadie lo advirtiera.
“De ahí a que él, por iniciativa propia, pudiera tomar decisiones, engañar a sus superiores o firmar documentos para los cuales no tenía facultades, pues por supuesto que no lo podría hacer”, sostuvo.
Finalmente, la defensa insistió en que la investigación presenta inconsistencias y omisiones que deben ser revisadas, particularmente en lo que respecta al análisis del audio y al acceso a la información.
“No se han agotado las líneas de investigación ni se han analizado todos los elementos disponibles; si no se revisa todo el contexto y todas las pruebas, no se puede llegar a la verdad de los hechos”, concluyó.