La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que sigue vigente la orden de aprehensión contra el exgobernador de Nayarit, Ney González; y que investiga a Roberto Sandoval, señalados por su presunta participación en la venta irregular de terrenos turísticos del patrimonio estatal.
De acuerdo con la fiscal especializada de Control Competencial, Cristina Reséndiz Durruti, las órdenes fueron solicitadas desde 2023 y forman parte de un expediente iniciado tras la denuncia del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA).
Las autoridades detectaron aparentes operaciones simuladas en la venta y cesión de terrenos costeros de Bahía de Banderas y Compostela, entre 2005 y 2021, periodo que abarca las administraciones de ambos exmandatarios priístas.
Las investigaciones federales apuntan a que durante el gobierno de Ney González (2005–2011) se estableció un esquema de desincorporación irregular de terrenos turísticos pertenecientes al FIBBA.
Según la FGR, los predios fueron vendidos a precios muy por debajo de su valor comercial —algunos a 50 pesos por metro cuadrado— a través de contratos simulados y fideicomisos paralelos que permitieron desviar recursos públicos en beneficio de particulares y empresas vinculadas a funcionarios estatales.
La fiscal Reséndiz explicó que la FGR solicitó orden de aprehensión y ficha roja de Interpol contra González Sánchez desde el año pasado, al acreditarse su presunta participación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y uso indebido del servicio público.
En la conferencia, donde autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Miguel Ángel Navarro, presentaron los resultados del “Mega Operativo Nayarit”, autoridades federales recordaron que el caso continúa abierto.
Por su parte, las locales insistieron en que se han recuperado 9.6 millones de metros cuadrados de terrenos en zonas turísticas como Nuevo Vallarta, Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle, Sayulita y Compostela, valuados en más de 50 mil millones de pesos.
Respecto al exgobernador Roberto Sandoval Castañeda (2011–2017), la autoridad federal recordó que es investigado por dar continuidad a las mismas prácticas irregulares de terrenos, aunque aún no existe orden de captura federal por este caso.
El exgobernador permanece preso en el penal federal de El Rincón, en Tepic, desde 2021, procesado por lavado de dinero y sentenciado a siete años de prisión por falsificación de documentos para apropiarse de un terreno en San Blas.
Si la sentencia se ratifica, podría recuperar su libertad en 2028; sin embargo, aún enfrenta dos causas del fuero común y una del fuero federal — operaciones con recursos de procedencia ilícita—, y la investigación por su presunta implicación en las operaciones con terrenos turísticos.
Aseguramientos y alcance del operativo
Como parte de la investigación, la FGR aseguró 359 cuentas bancarias vinculadas a exfuncionarios, empresarios y familiares de los exmandatarios, con recursos por más de 7 mil millones de pesos, según informó el fiscal estatal Petronilo Díaz Ponce.
Para la FGR, este expediente representa uno de los mayores casos de corrupción inmobiliaria del país, al documentar la venta sistemática de tierras públicas en la Riviera Nayarita mediante simulación de contratos y desvío de recursos del fideicomiso estatal.
Aunque la FGR ratificó la vigencia de las investigaciones, no anunció nuevas acciones judiciales.
Las autoridades estatales sostienen que las resoluciones obtenidas —27 resoluciones contractuales, 9 convenios de transacción judicial y 17 acuerdos reparatorios— constituyen “cosa juzgada”, es decir, decisiones firmes que no admiten apelación ni amparo.
De acuerdo con el fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, la recuperación de 9.7 millones de metros cuadrados es un hecho consumado gracias a la aplicación de la nulidad absoluta y la figura de delito continuado, lo que impediría la prescripción de los casos.
Sin embargo, personas afectadas cuestionan esa postura, al advertir que aún existen recursos legales en trámite y familias que alegan haber adquirido o vendido terrenos de buena fe, sin conocimiento de las irregularidades atribuidas a exfuncionarios o desarrolladores.
Además, reclaman que el gobierno estatal no ha aclarado si estos casos fueron incluidos en las resoluciones reportadas ni qué mecanismos existen para reparar el daño económico a quienes no participaron en los presuntos ilícitos.