Filipinas investigará miles de muertes ocurridas en operaciones contra el tráfico de drogas ejecutadas por la policía, según ha anunciado el ministro de Justicia filipino. La decisión deriva del resultado de una investigación realizada sobre una muestra de las operaciones, y que concluye que se dieron hechos delictivos en decenas de estas intervenciones. El ministro de Justicia, Menardo Guevarra, ha indicado que se ampliará la investigación a más de 6.000 casos. Rodrigo Duterte inició en junio de 2016, nada más llegar al poder, una campaña brutal contra las drogas para limpiar las calles de traficantes y consumidores que ha sido criticada con fuerza por los observadores internacionales.
La investigación del Departamento de Justicia filipino que se ha dado a conocer este miércoles cuestiona la versión oficial en la muerte de 52 traficantes abatidos por la Policía durante la guerra contra las drogas de Duterte. Según los datos del Gobierno, al menos 6.181 personas relacionadas con la droga fueron ejecutadas durante operaciones policiales entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de julio de 2021, pero los grupos defensores de derechos humanos creen que la cifra real oscila entre los 27.000 y los 30.000 muertos.
El informe de 20 páginas del Departamento de Justicia, el primero que se publica desde que se anunció la investigación en febrero de 2020, indica que los análisis médicos de muchos de los 52 casos investigados no coinciden con la versión oficial de que los sospechosos sacaron sus pistolas antes de ser abatidos por la Policía. Algunos presentaban múltiples heridas de bala y en muchos casos no se realizaron autopsias, pruebas balísticas o test de parafina, para demostrar que la persona ejecutada había empuñado un arma de fuego antes de su muerte, informaron este miércoles medios locales.
En estos 52 casos investigados estuvieron implicados 152 policías que, de momento, han recibido sanciones administrativas como suspensiones temporales, degradaciones y despidos, mientras que la Oficina Nacional de Investigación está recopilando información para posibles investigaciones penales.
El anuncio del Departamento de Justicia se produce un mes después de que la Corte Penal Internacional (CPI) diera luz verde a una investigación por crímenes de lesa humanidad en esta campaña impulsada por el presidente filipino.
El portavoz presidencial, Harry Roque, ha indicado durante un coloquio en Manila que la investigación “entierra” las acusaciones contra Duterte porque “demuestra que el Estado filipino ha investigado y procesado a individuos por estas matanzas fuera de la legalidad”. “No creo que diga nada sobre la culpabilidad del presidente, porque en los 52 casos no ha habido una instancia que determine que el presidente ordenó la matanza o que el presidente no hizo nada para castigar a quienes cometieron actos criminales”, argumentó Roque. El presidente filipino anunció el mes pasado que había ordenado al Departamento de Justicia y a la Policía que revisasen la actuación de los agentes durante la campaña antidroga que puso en marcha en 2016, ya que considera que es el propio país, y no organismos extranjeros, quien debe juzgar lo ocurrido.
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