Los fiscales estadounidenses pidieron el lunes a un juez que abandone el caso penal que acusa al presidente electo Donald Trump de tratar de anular su derrota electoral de 2020, citando su inminente regreso a la Casa Blanca.
Los fiscales que trabajan con el fiscal especial Jack Smith citaron una política de larga data del Departamento de Justicia de Estados Unidos según la cual los presidentes en ejercicio no deben enfrentar procesos penales.
La medida representa un cambio notable respecto al fiscal especial que obtuvo acusaciones contra Trump en dos casos distintos en los que se le acusaba de delitos que amenazaban la integridad de las elecciones estadounidenses y la seguridad nacional.
Muestra cómo la victoria electoral de Trump sobre la vicepresidenta demócrata Kamala Harris no fue solo un triunfo político, sino también legal.
Trump se declaró inocente en agosto de 2023 de cuatro cargos federales que lo acusaban de conspirar para obstruir la certificación de votos tras su derrota en 2020 ante el demócrata Joe Biden.
Se esperaba que Trump, que como presidente volverá a supervisar el Departamento de Justicia, ordenara el fin del caso federal de las elecciones de 2020 y un intento de Smith de revivir un segundo caso que lo acusa de retener ilegalmente documentos clasificados después de dejar el cargo en 2021.
La política del Departamento de Justicia, que se remonta a la década de 1970, sostiene que un proceso penal contra un presidente en ejercicio violaría la Constitución de Estados Unidos al socavar la capacidad de funcionamiento del jefe del Ejecutivo del país.
La jueza federal Tanya Chutkan aún tendrá que aprobar la petición de los fiscales.
Los abogados de Trump habían dicho previamente que tratarían de desestimar los cargos basándose en un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de julio que establece que los expresidentes tienen amplia inmunidad judicial sobre las acciones oficiales tomadas mientras estaban en la Casa Blanca.
Smith intentó salvar el caso tras la sentencia de la Corte Suprema, retirando algunas acusaciones pero argumentando que el resto no estaban cubiertas por la inmunidad presidencial y podían seguir adelante con el juicio.
Chutkan tenía que decidir si la decisión sobre la inmunidad obligaba a desestimar otras partes del caso. No se ha fijado fecha para el juicio.
El caso se inició a raíz de una investigación dirigida por Smith sobre los intentos de Trump de aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2020, que culminó con el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio por parte de una turba de sus partidarios tras un encendido discurso del republicano cerca de la Casa Blanca.
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