La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró 60 inmuebles relacionados con funcionarios y ex funcionarios de la alcaldía Benito Juárez que se beneficiaron de una red de corrupción inmobiliaria que consistía en otorgar permisos de construcción irregulares a cambio de presuntos sobornos en efectivo o para la compra simulada de inmuebles.
El vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López, explicó que de esos inmuebles asegurados, al menos nueve están relacionados de forma con las extorsiones que denunció un empresario constructor tras acogerse a un criterio de oportunidad, mismos que fueron entregados a funcionarios y ex funcionarios de la alcaldía Benito Juárez.
De estos inmuebles, entre ellos predios, casas y departamentos, han sido nueve los directamente relacionados a la información proporcionada por un empresario de la industria de la construcción, quien se sujetó al mecanismo del criterio de oportunidad
Lara López detalló que estos nueve inmuebles se encuentran ubicados en las calles Riff, colonia Santa Cruz Atoyac; José María Rico, y en los complejos City Towers, mismos que ya fueron cateados por parte de las autoridades para buscar más indicios de presuntos actos delictivos.
En este marco, agregó que los nueve inmuebles relacionados con este caso “fueron adquiridos por personas físicas y morales, de quienes el incremento de su patrimonio se encuentra posiblemente injustificado”.
El vocero de la Fiscalía capitalina explicó que entre las 60 propiedades aseguradas, había casas y departamentos que se encontraban en arrendamiento o comodato y eran ocupadas por terceras personas, las cuales no fueron desalojadas y se va a esperar a que se venzan sus contratos y sus derechos para que pasen a resguardo total de las autoridades.
Añadió que la gran mayoría de estos inmuebles estaban sujetos a la propiedad de quienes se desempeñaron como directores generales en la alcaldía Benito Juárez, tanto en Obras y Desarrollo Urbano como en la Dirección Jurídica y de Gobierno.
Además, se veían beneficiadas redes familiares de las personas detenidas o sujetas a investigación por este caso, así como empresas fachada relacionadas directamente con los ex servidores públicos de Benito Juárez
Explicó que tras realizar estudios periciales de contabilidad sobre todas estas propiedades y los ingresos de los involucrados se detectó la posible comisión de diversos delitos financieros.
Agregó que a una persona relacionada con este entramado se le descubrió un incremento patrimonial de hasta 300 millones de pesos, por lo que se podría configurar un posible caso de uso de recursos financieros de procedencia ilícita.
Por lo anterior, la Fiscalía capitalina dio vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y a la Fiscalía General de la República para que investiguen en el ámbito de sus competencias a los servidores públicos involucrados.
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