La Fiscal capitalina, Bertha Alcalde, acusó que en el caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, se manipuló una resolución que salió a su favor, con la que se cerró en definitiva una denuncia presentada en su contra por el senador Javier Corral, para tratar de abonar a su narrativa de que “es víctima de persecución política”.
En la denuncia de Corral acusó a Maru Campos, como llaman los políticos locales a la Gobernadora de Chihuahua, del delito de privación ilegal de la libertad, en grado de tentativa, derivado de que el intento de detención de Corral en la Ciudad de México, se realizó sin que la Fiscalía de Chihuahua tramitará un oficio de colaboración con la Fiscalía capitalina.
En su momento, el entonces encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara López, acudió con la fuerza pública a un restaurante en la alcaldía Cuauhtémoc para corroborar que se cumplieran con todos los procedimientos exigidos por la ley cuando una policía de un estado actúa en una entidad federativa diferente.
Tras la citada revisión, se encontró que la Fiscalía de Chihuahua no había tramitado el oficio de colaboración correspondiente, por lo que estaba actuando de forma extraterritorial.
Sin embargo, la Fiscal capitalina, Bertha Alcalde, consideró que dicha omisión no servía para acreditar el tipo penal de privación ilegal de la libertad, por lo que el Ministerio Público encargado del caso decidió cerrar el caso y exonerar de cualquier delito a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, conocida por su grupo político como Maru Campos.
Inconforme con la determinación de la Fiscalía capitalina, el senador Javier Corral impugnó la determinación ante un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, autoridad jurisdiccional que emplazó a la Fiscalía capitalina para que presente los alegatos a favor del no ejercicio de la acción penal.
Los abogados de Javier Corral acudirán a la audiencia para presentar sus alegatos contra la exoneración de Maru Campos y la Fiscalía capitalina está obligada a comparecer para que el juez de la causa determine si revoca su determinación o la confirma.