La Fiscalía de la Ciudad de México informó que se han integrado más inmuebles que guardan algún tipo de relación con exfuncionarios que presuntamente cometieron actos de corrupción en la alcaldía Benito Juárez, sobre el caso llamado “Cártel Inmobiliario”.
El vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López, indicó que la investigación avanza progresivamente, gracias a que diversos elementos de gran valor han sido aportados a las indagatorias.
Elementos de la Policía de Investigación lograron asegurar equipo de cómputo producto de las diligencias de cateo recientemente realizadas a un total de 42 inmuebles, posiblemente relacionados a dos ex servidores públicos en la misma demarcación, Luis Vizcaíno y Nicias René Aridjis, que actualmente son investigados.
Respecto a los recién integrados inmuebles, la Fiscalía especifica que pueden tratarse ya sea en su construcción, propiedad, comercialización u otro tipo de usufructo como el arrendamiento.
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Lara López señaló que el avance con el que cuenta la indagatoria también ha sido posible gracias a las denuncias y a la información que han proporcionado la gran cantidad de vecinas y vecinos que han sido afectados por las prácticas en las que probablemente incurrió este grupo de empresarios y ex servidores públicos.
Asimismo, dieron a conocer que en la medida en que avanzan las indagatorias, ha surgido diversa información que puede dar pie a nuevas líneas de investigación. Tan es así, que han descubierto más relaciones, probablemente orientadas al enriquecimiento ilícito y al uso indebido del servicio público, entre empresarios dedicados al sector de bienes raíces y ex funcionarios de la alcaldía Benito Juárez.
Se ha detectado que entre estos actores establecieron distintos tipos de sociedades que probablemente constituyan un conflicto de intereses, lo cual los pudo haber llevado a quebrantar las facultades legales de la administración pública local, actos que pueden dar pie al inicio de nuevas Carpetas de Investigación.
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De igual forma, descubrieron que el común denominador en los inmuebles investigados es la posible irregularidad con la que se autorizaron sus permisos.
Así lo hizo de conocimiento en su oportunidad la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT ) de la Ciudad de México, quien dirigió recomendaciones en 2014 y subsecuentes años a los titulares de las antes llamadas delegaciones respecto a inmuebles ya construidos.
En su informe, la PAOT asienta que estos inmuebles incumplieron con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano al haber construido más niveles de los permitidos, así como incumplir con los requisitos necesarios para registrar su Manifestación de Construcción.
Entre los resolutivos se recomendó al entonces jefe delegacional iniciar los procedimientos administrativos y sancionar con la demolición de los niveles excedentes de los inmuebles investigados, así como iniciar las acciones administrativas y/o penales en contra del director responsable de obra y/o servidores públicos involucrados, sin que esto hubiese ocurrido hasta el momento.
Por ejemplo, en la calle de José María Ibarragán, San José Insurgentes, el programa de Desarrollo Urbano Delegacional permite un máximo de tres niveles, pero hay construcciones que cuentan con cuatro niveles.
Lo mismo ocurre en la calle de San Francisco, Actipan; se permite un máximo de cuatro niveles, pero hay edificios de seis niveles de construcción.
Otro caso es el de la calle Capuchinas, en San José Insurgentes. Se le permite un máximo de tres niveles, pero hay edificaciones que cuentan con seis niveles de construcción.
Por último, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sostuvo que la postura de esta institución es integrar a la investigación cualquier dato que aporte a robustecer las indagatorias, ya sea información que provenga de la ciudadanía, empresarios o representantes sociales.
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