Mujeres que sufrieron tortura sexual denunciaron que la Fiscalía del Edomex ha evitado que la indagación del caso, ocurrido en 2006, se unifique en la FGR.
Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco promovieron el pasado 8 de julio un juicio de amparo contra la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por obstaculizar la investigación penal y evitar que esta se unifique en la Fiscalía General de la República (FGR).
El procedimiento jurisdiccional fue admitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca, quien celebró la audiencia constitucional correspondiente el pasado 3 de septiembre de 2020.
Esto se da a casi dos años de la notificación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en dicho caso.
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Las mujeres señalaron que la FGR tiene competencia sobre la totalidad de los hechos al tratarse de un operativo policial conjunto federal-estatal en el que agentes de ambos fueros colaboraron en la comisión de tortura contra ellas.
“Como se reconoce en la sentencia de la CIDH, las mujeres sufrieron delitos a manos de agentes federales y estatales que actuaron de forma coordinada en un operativo acordado, planeado y supervisado conjuntamente por funcionarios federales y estatales; en dicho operativo, la violencia sexual sufrida por las once mujeres no fue aislada, sino que se enmarca dentro de un patrón que se dio a lo largo de todo el operativo”, señala un comunicado conjunto del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Centro Prodh.
De acuerdo con el texto, desde septiembre de 2019, la FGR notificó a la FGJEM su ejercicio de la facultad de atracción para unificar el expediente en el fuero federal. Sin embargo, la dependencia mexiquense no contestó el requerimiento durante casi ocho meses.
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“Tras el envío de una serie de recordatorios, en mayo de 2020 la Fiscalía local contestó formalmente que no reconoce la competencia federal sobre el caso, aduciendo que los delitos cometidos en Atenco no serían conexos. En otras palabras, la teoría de la Fiscalía local sería, esencialmente, que las distintas fuerzas policiales cometieron delitos de forma separada, versión que no corresponde al ampliamente documentado operativo conjunto en Atenco”, indica el escrito.
El Cejil y el el Centro Prodh recordaron que la sentencia de la CIDH expuso de manera detallada cómo la investigación penal abierta en el Estado de México cuenta con una serie de deficiencias y no ha brindado acceso a la justicia y que ahora, el intento de obstaculizar la unificación de la investigación en la FGR confirma que la PGJEM no actúa de manera diligente para procurar la justicia por las graves violaciones cometidas en Atenco.
“Esperamos que el Estado tome todas las medidas necesarias en este sentido para avanzar hacia su obligación de investigar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables de los hechos, tal como indica la sentencia de la CIDH, la cual indica que ‘en un plazo razonable y por medio de funcionarios capacitados en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género, continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a los responsables’ de este caso”, manifestaron.