El Congreso de Florida aprobó, este jueves, un polémico proyecto de ley que los defensores de los derechos civiles consideran muy perjudicial para quienes quieren ejercer el voto por correo. La ley solo está pendiente de la firma del gobernador republicano del Estado Ron DeSantis, que se apresuró a declarar que “por supuesto” que la firmaría. Primero fue Georgia, ahora es el turno de Florida. Texas y Arizona preparan algo similar para los próximos meses. Todos son Estados donde el republicano Donald Trump ganó en las pasadas elecciones presidenciales o dieron el vuelco de republicano a demócrata por la mínima, lo que al final acabaría otorgando la victoria a Joe Biden en noviembre pasado.
La ley, impulsada por los republicanos, que controlan el Congreso de Florida, recibió 23 votos a favor y 17 en contra. Como otras medidas similares que los republicanos están impulsando en docenas de Estados a lo largo y ancho del país, la ley de Florida pone obstáculos al voto por correo, restringe el número de urnas disponibles para depositar el voto durante las jornadas de votación anticipada y prohíbe cualquier tipo de acción que pueda teóricamente influenciar a aquellos que hacen cola para ejercer su voto, lo que en la práctica se traduce en impedir que se ofrezca comida o agua a quienes esperan largas horas, en muchos casos bajo el fuerte sol de Florida, para depositar su papeleta. Una disposición similar a la que provocó gran polémica en Georgia, cuya nueva ley de Integridad Electoral dictamina que a partir de ahora ofrecer pizza o agua a quienes esperan a votar es directamente delito. La norma fue aprobada el pasado 25 de marzo por la Cámara estatal, de mayoría republicana.
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La ley obliga a verificar la firma el día de la votación -lo que implica que los electores deben tener registrada previamente una rúbrica en el archivo de las autoridades electorales, algo que sucede en limitadas ocasiones- y la imposición de que quien quiera votar por correo tenga que solicitar la papeleta cada ciclo electoral, y no cada dos como es actualmente, son otros puntos que han generado polémica.
El discurso del gobernador DeSantis es, cuando menos, confuso. Partidario de los cambios en el sistema electoral, DeSantis calificó las elecciones presidenciales de noviembre como “las más transparentes y eficientes del país”. Republicanos y demócratas del Capitolio de Florida alabaron los comicios como un modelo para la nación. En ese Estado, el expresidente Donald Trump ganó a Joe Biden por más de tres puntos de ventaja.
El objetivo de estas leyes es siempre el mismo, según los demócratas y las organizaciones de defensa del voto: intimidar, confundir y hacer más difícil votar a las minorías, a las personas mayores y a aquellas que tienen discapacidades. Aunque en este punto hay republicanos que no tienen tan claro si la ley finalmente acabará volviéndose en su contra, ya que millones de residentes en Florida votan por correo, incluidos muchos del Partido Republicano. De hecho, en las pasadas presidenciales 4,8 millones residentes de Florida votaron por correo, lo que constituyó una cifra récord.
Para Nikki Fried, comisionada de Agricultura de Florida y de signo demócrata, la nueva ley representa “la supresión de votantes, simple y llanamente”, declaró a la agencia Efe. “Muchos más demócratas que republicanos votaron en los pasados comicios por correo, razón por la que los republicanos en el poder quieren restringir el voto por correo y las urnas para depositarlos”, concluyó Fried.
Los demócratas recuerdan que se trata del segundo proyecto de ley de votación polémico defendido por los legisladores republicanos en los últimos dos años, tras una ley que reguló en 2019 el derecho al voto de los expresidiarios. Para el Partido Demócrata, la nueva ley es “una táctica de supresión de votantes”, destinada a aplastar el apoyo récord de votos por correo que su partido recibió en 2020, especialmente en las áreas metropolitanas más grandes del Estado. En 2020, 2,1 millones de demócratas votaron por correo, en comparación con 1,5 millones de republicanos y otro millón de votantes que no estaban afiliados a ningún partido.
Organizaciones como la histórica Unión de defensa de los derechos y libertades civiles de Estados Unidos (ACLU, sus siglas en inglés) o la NAACP (la gran asociación de defensa de las personas negras), consideran que el paquete de medidas se traduce en una operación de “supresión de voto” con fines partidistas y dicen que llevarán el asunto a los tribunales.
La batalla de fondo es de ámbito nacional y los demócratas han respondido con la oferta de una ley conjunta que establezca una ley de voto común a todo el país y que, al contrario que la ofensiva republicana, busque ampliar y blindar unos mínimos de acceso al sufragio en todo el país.
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